El pueblo exige su energía eléctrica y marcha contra LUMA

Marcha contra LUMA

Milagros Díaz vive sola en el casco urbano de Río Piedras. En las últimas dos semanas, se le ha ido la luz en 10 ocasiones. El vaivén de la energía eléctrica dañó su microondas, televisor y secadora. Encima, su última factura de LUMA Energy fue de $133. 

“No uso la secadora. La lavadora, la uso cada dos semanas. La estufa, tampoco la uso porque uso una hornillita de gas propano. El calentador, cuando me voy a bañar, lo pongo tres minutos, por reloj, lo apago y me baño. Yo estoy economizando.”, indicó la mujer, quien afirma hacer los ajustes, pero con la privatización de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), nada parece funcionar. 

Su hermana, Carmen Zoraida Díaz, tiene una casa en Orocovis, de donde son oriundas. Solo hay una nevera conectada y paga $35, más del doble de los $15 que gastaba cuando la distribución y transmisión del servicio eléctrico estaba bajo la AEE. 

A Lucy Rivera, por su parte, se le dañó la nevera por los bajones. Hizo múltiples reclamaciones, durante tres meses, a LUMA Energy. Nunca recibió respuesta. Costeó el arreglo de su bolsillo, pero tres semanas después, se le volvió a dañar por otro apagón.

Estas tres ciudadanas se unieron a más de un millar de personas que marcharon este miércoles, del Capitolio a La Fortaleza, para exigir la cancelación del contrato de LUMA Energy y la transición a fuentes de energía renovable. 

“Lucha sí, LUMA no”, coreaban incesantemente los presentes, que tomaron las calles de la isleta de San Juan para reclamar también que no se aumente el costo de la electricidad, pues se trata de un servicio esencial y, como tal, debe ser asequible y de calidad.

Desde que LUMA Energy tomó jurisdicción de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico, en junio de 2021, la factura de los clientes se ha visto impactada con siete aumentos. El más reciente, se aprobó a finales del pasado mes. 

“El contrato de LUMA está, claramente, atravesado por la corrupción y beneficia a los buitres de este país.[…] Estamos hartas de la precariedad. Cuando nos decimos ‘Nosotras contra la deuda’, es que afirmamos que vamos a irnos a todas en contra de la deuda y en contra de todo lo que no nos permita tener una vida digna”, expresó Sofía Vázquez Laureano, portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción, presente en la marcha. 

Teresa Sepúlveda Lancastro, del Caucus de Mujeres del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), sumó los siguientes reclamos, además de la  cancelación del contrato de LUMA Energy: que se reinstalen a trabajadores de la AEE desplazados tras la privatización, que no se privatice la generación de energía y que se acoja el proyecto Queremos Sol, que propone una transformación equitativa a la energía renovable.

Servicio deteriorado con la privatización

María Rosa, una de las manifestantes presentes, expresó que, pese a tener placas solares que le suplen energía eléctrica, su última factura superó los $400. Cuando la AEE estaba a cargo del servicio, pagaba $38.  

“Al pueblo dejan a oscuras con aumentos en la factura”, consignaba el gentío, mientras se acercaba al Capitolio, previo a la procesión hacia la denominada calle Resistencia, frente a la Mansión Ejecutiva. Esta frase engloba perfectamente lo que vive la ciudadanía a causa del consorcio LUMA Energy.

Durante el primer trimestre de privatización del servicio de energía eléctrica en el país, el Índice de duración promedio de interrupción del cliente (Customer Average Interruption Duration Index o CAIDI, en inglés) fue de 323 minutos, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo. Mientras que, para la misma fecha del año anterior, cuando la AEE seguía a cargo de la administración y distribución de la luz, el índice CAIDI –que no incluye los apagones por relevo de carga– fue de 155 minutos.

Lichy Venegas, otra de las mujeres presentes, contó que, la semana pasada, estuvo 14 horas sin servicio en un día y, al día siguiente, estuvo ocho horas más. 

Además, indicó que, en su casa, la luz se va, al menos, cada dos días. Señaló que los intervalos para que regrese el servicio son cada vez más extensos. A causa de la inestabilidad, estuvo dos meses cocinando en una pequeña estufa de gas, como en tiempos de huracán, porque su estufa se dañó.

“El pueblo tiene que saber que la privatización significa aumentos en costos de vida. No solo eso, sino que la calidad del servicio es pésima”, aseveró Mariana Nogales Molinelli, representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Gobernador niega reclamo con un veto expreso

La demostración, convocada por un frente amplio de organizaciones feministas, sindicales, ambientales, políticas y sociales, se proponían exigir también la aprobación del proyecto de la Cámara (PC) 1383, una medida que nació por iniciativa de organizaciones no gubernamentales. La legislación hubiera recortado el 75% de la deuda de la AEE, evitaba aumentos en la tarifa del servicio eléctrico, promovía la transición a energía renovable y protegía las pensiones de los jubilados. 

Sin embargo, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia hizo uso de su poder ejecutivo para vetar el proyecto. Asimismo, dijo ayer, martes, que el gobierno tiene una responsabilidad contractual con LUMA Energy y “en Puerto Rico, los contratos se respetan”, como mandato constitucional.

“Es una cobardía, por parte del gobernador, no saber que tenemos que enfrentar a la Junta con todas las herramientas posibles. Es innegable, porque está en el plan fiscal aprobado hace un mes, que la Junta [de Control Fiscal] insiste en aumento de la luz para el pago de la deuda. Si el gobernador dice que va a evitar aumentos en la factura, es una hipocresía que vete este proyecto. Que nos presente cuál es su plan para evitar aumentos en los próximos 30 años. No hemos visto nada para lo que viene ahora, con el Plan de Ajuste de la Deuda”, expresó Eva Prados Rodríguez, del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, una de las organizaciones que propuso el PC 1383. 

Por su parte, la senadora del MVC, Ana Irma Rivera Lassén, sostuvo que “el gobernador tuvo la oportunidad de hacer algo por el pueblo de Puerto Rico al firmar el [PC] 1383, pero lo vetó. Ahí, había soluciones a corto y a largo plazo. Sin embargo, prefirió seguir las órdenes de la Junta y seguir dándole la espalda al pueblo”. 

Legislatura evalúa ir por encima del veto

La representante Nogales Molinelli, quien figura como coautora del PC 1383, afirmó: “vamos por encima del veto” de Pierluisi Urrutia. 

También, el legislador José Rivera Madera, del Partido Popular Democrático (PPD) y autor de la medida, expresó que, a partir del veto, establecerá conversaciones con otras delegaciones camerales para, de estar los votos, ir por encima de la decisión del ejecutivo.

“Yo pienso que LUMA es un mal servicio para Puerto Rico; es nefasto para Puerto Rico. No solamente pone en peligro los empleos de nuestros trabajadores que tanto se han fajado, por tantos años, en los momento donde el pueblo más los necesitaba, sino que va a llevar a la pobreza a miles de familias en Puerto Rico, mientras el Negociado de Energía siga riéndole las gracias y aprobando todos los aumentos que pide LUMA”, añadió Rivera Madera. 

De otra parte, la representante del PPD Sol Higgins Cuadrado, también autora del proyecto, fue más tímida en esta aseveración. Dijo que la delegación de su partido se reunirá para ver qué acción tomarán respecto al veto. 

Para el senador independiente, José Vargas Vidot, quien admitió no estar sorprendido con la decisión del gobernador, dijo que también se deben evaluar otras alternativas para hacer frente a LUMA Energy, como llevar casos al foro judicial. 

La marcha culminó a media tarde, con mensajes de portavoces de las distintas organizaciones presentes. 

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Escrito por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Yauco, Puerto Rico. Egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras con un bachillerato en Información y Periodismo. Le interesan temas de género, historia, política, cultura, raza y educación.