Carpeteo y criminalización de la protesta, legado de Wanda Vázquez Garced

Gobernadora Wanda Vázquez Garced

*Nota editorial: El medio de comunicación de periodismo feminista y solidario Todas condena el monitoreo y recopilación de datos de cerca de 3,000 personas que realizó el Departamento de Justicia en el contexto de las manifestaciones estudiantiles y ciudadanas en 2017, y su intento de reprimir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Todas se solidariza con el compañero periodista y cofundador de este medio, Rafael Díaz Torres, una de las personas de las cuales se obtuvo información personal, y suscribe la exigencia de rendición de cuentas a la gobernadora Wanda Vázquez Garced contenida en esta columna publicada originalmente por el Centro de Periodismo Investigativo


Fui una de las 3,000 personas de las cuales el Departamento de Justicia de Puerto Rico obtuvo información sobre la cuenta y código como usuario de la red social Facebook. Este monitoreo cibernético, que ocurrió en el contexto de la huelga estudiantil de la Universidad de Puerto Rico en 2017, así como las movilizaciones del 1ero de mayo de ese año, entre otras protestas, deja ver cuán lejos está dispuesto a llegar el Gobierno en aras de disuadir las manifestaciones y reprimir el derecho a la expresión.

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Al momento de realizarse la solicitud a Facebook de esta información privada de ciudadanos, la secretaria de Justicia era Wanda Vázquez Garced, la actual gobernadora de Puerto Rico. Su gestión, en este sentido, deja un legado nefasto por haber no solo permitido, sino justificado y mantenido por casi tres años un proceso de criminalización de la protesta mediante el monitoreo selectivo en redes sociales cibernéticas del “comportamiento” de algunos activistas políticos. En octubre del pasado año, la extitular de Justicia defendió públicamente la gestión de interferir con cuentas de medios de prensa estudiantiles al alegar que no se trata de un procedimiento arbitrario, sino de un proceso para esclarecer delitos.

El hecho de haber recopilado, sin su consentimiento, información de alrededor de 3,000 cuentas de personas que participaron de algún tipo de actividad cibernética relacionada a eventos de la huelga de la UPR en el 2017 nos recuerda las nefastas prácticas de carpeteo político que los gobiernos de Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló realizaron en los años 70 con el apoyo de estructuras como el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). Durante ese período de monitoreo al independentismo, se generaron carpetas tanto de activistas como de personas que no necesariamente participaban de la política organizada, pero que tal vez tenían algún vínculo con líderes o portavoces de organizaciones pro independencia.

En el caso del carpeteo reciente avalado por la actual gobernadora, con solo compartir un vídeo de una manifestación en Facebook transmitido por el desaparecido medio digital Diálogo, seleccionar la opción de Like o Share o escribir un comentario, ya te convertías en una “persona de interés” en la investigación gubernamental sobre una protesta o movilización relacionada a la UPR.

En el proceso, se obtuvo información hasta de personas que nunca participaron de la huelga universitaria, pero quizás decidieron compartir un vídeo, independientemente de si apoyaban o no la protesta que se mostraba en la transmisión a través de Facebook. Esta práctica realizada bajo la supervisión de Vázquez Garced no dista de algunas estrategias de carpeteo de las décadas de 1970 y 1980. La gran diferencia radica en la integración ahora de las plataformas de comunicación cibernética como instrumentos de monitoreo a la ciudadanía.

En mi caso, la actividad “sospechosa” que hice durante la huelga 2017, según el Departamento de Justicia, estuvo vinculada a mi interacción con la cuenta de Facebook de Diálogo mientras transmitía en vivo la protesta estudiantil de una reunión en las oficinas del presidente de la UPR el 27 de abril. Once estudiantes que entraron a una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR fueron acusados con cargos de restricción de libertad, impedir el derecho de reunión e intimidar a la autoridad. De ese grupo, cinco todavía enfrentan la posible celebración de un juicio. En la manifestación, hubo decenas de estudiantes, pero los acusados fueron aquellos jóvenes que tenían algún rol de portavocía y comunicaciones durante el proceso huelgario. Recuerdo haber visto la transmisión en vivo de dicha manifestación, aunque ni siquiera llegué a compartir el vídeo en mi página personal de Facebook.

Había publicado en Diálogo una columna de opinión sobre el desarrollo de herramientas didácticas durante la huelga. Igualmente, entre los meses de abril y mayo 2017, asistí en varias ocasiones a los portones de la UPR en Humacao, institución en la cual trabajaba a tiempo parcial como profesor de Geografía.

Me pregunto si el monitoreo policial trascendió el carpeteo cibernético y se extendió a otras formas de persecución más tradicionales que se llevan a cabo en espacios públicos. No sería extraño, después de todo, pues se ha documentado que la Policía de Puerto Rico graba a manifestantes continuamente, y sin controles.

En un documento con fecha del 24 de abril de 2017 que se ha revelado como parte de la defensa de los estudiantes, la jefa de los fiscales del Departamento de Justicia, Olga Castellón Miranda, envió un memorando a los fiscales de distrito con directrices sobre cómo trabajar durante las protestas entre el 25 de abril y 6 de mayo de ese año. Además de las actividades vinculadas a huelga de la UPR durante esos días, para el 1ero de mayo de 2017, se había convocado una protesta masiva del Día Internacional de los Trabajadores en la Milla de Oro, en Hato Rey.

En el memorando, Castellón Miranda les advierte a los fiscales de distrito que las protestas entre finales de abril y principios de mayo podían tornarse violentas y terminar en actividades delictivas por parte de los manifestantes.

“Durante los pasados días se han reseñado en los medios de comunicación un aumento en los actos donde se recurre al uso injustificado e irrazonable de violencia en protestas o manifestaciones, ya sea en contra de personas privadas o funcionarios públicos, edificios de uso público y de enseñanza. Ante la posibilidad de que la situación continúe, como se ha hecho en ocasiones previas y a fin de evitar sucesos que puedan involucrar violencia y transgresión de las normas de orden público, las cuales esperamos no ocurran ya que no responden a la sana convivencia, es necesario establecer un plan de contingencia”, expresó la Jefa de Fiscales.

La comunicación también tuvo el objetivo de anunciar un Plan de Trabajo para “que se atiendan las querellas que surjan de manera uniforme y conforme a lo dispuesto para el proceso de consulta ante un Fiscal”. Las querellas a las que hizo referencia la Jefa de Fiscales eran las que, según ella, surgirían en contra de manifestantes que transgredieran el “orden público”, según se desprende del memorando. Castellón Miranda, además, instó a los fiscales a repasar “el Código Penal y las leyes especiales de naturaleza penal que apliquen para identificar los elementos de los posibles delitos que puedan ser objeto de querellas y consultas”. Para determinar la posible comisión de delito, los fiscales se dejarían llevar por el criterio de “razonabilidad”.

Las directrices dadas por Castellón Miranda reflejan que el Gobierno, de antemano, entendía que las protestas generarían actividades ilegales. En ese sentido, Justicia preparó un Plan de Trabajo basado en la noción de que la movilización política de esos días debía evaluarse desde un acercamiento punitivo y en que se criminalizara el derecho constitucional a la expresión y protesta. El Estado tenía ya la predisposición de que, por encima de proteger el derecho a la expresión, era más importante que los fiscales monitorearan la alegada inevitabilidad de acciones ilegales en los eventos asociados a la UPR y al 1ero de mayo. Se partía de la premisa de que la protesta en sí era el crimen que debía vigilarse y reprimirse.

Cabe destacar que el memorando enviado por Castellón Miranda a los fiscales de distrito era una identificada como “Comunicación Privilegiada y Confidencial”. Si las directrices sobre cómo manejar movilizaciones ciudadanas masivas durante las protestas son afines con las leyes, ¿por qué establecer que el documento es información privilegiada y confidencial? ¿Qué se pretende esconder? ¿Por qué se hizo un memorando sobre un plan de acción para un período de menos de dos semanas?

En el documento se establece que en aquellos casos en que se autorice la presentación de una denuncia por un delito de naturaleza grave, el Fiscal deberá levantar el expediente en el que se incluya evidencia electrónica para procesar los casos. Esa directriz específica arroja claridad sobre el rol que tuvo el monitoreo y carpeteo cibernético del Departamento de Justicia bajo Vázquez Garced en los intentos del Gobierno de criminalizar la protesta. Fueron 3,000 personas de las cuales se obtuvo información y otras tantas que ya eran monitoreadas tanto en su activismo en la calle, como en su actividad cibernética. Yo fui una de esas personas.

Antes de que la Gobernadora abandone su puesto a finales de diciembre, somos muchos quienes le pedimos rendición de cuentas por su rol en el capítulo más reciente de carpeteo en la historia política de Puerto Rico, y garantías de que no se repetirá.

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Rafael Díaz Torres
Escrito por Rafael Díaz Torres
Es periodista del Centro de Periodismo Investigativo y profesor universitario, graduado del doctorado en Historias del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.