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Desde que comenzaron a implementarse en Puerto Rico las políticas migratorias del presidente Donald Trump, en enero pasado, las autoridades federales han arrestado a cerca de 928 personas en el país. Se desconoce cuántas son mujeres, hombres o personas de otras identidades de género porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se ha negado a divulgar estos datos, a pesar de ser información pública. Los arrestos que se han llevado a cabo, en su mayoría contra personas sin récord criminal, se han hecho violando múltiples derechos humanos y en complicidad con el gobierno de Puerto Rico.
En respuesta al recrudecimiento de estas redadas federales, cuatro organizaciones de derechos humanos y justicia social del país—Kilómetro 0, Amnistía Internacional de Puerto Rico, Comuna Caribe y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico— presentaron este martes la campaña Migrar no es un crimen, que busca visibilizar y frenar la violencia institucional contra las comunidades inmigrantes en Puerto Rico, así como promover una cultura de solidaridad, dignidad y resistencia. El lanzamiento se realizó frente al edificio que alberga las oficinas de ICE y la Corte de Inmigración en Guaynabo, con el propósito de señalar el lugar donde, denuncian, se cometen “violaciones sistemáticas a los derechos civiles y humanos” de las personas migrantes todos los días. Durante la conferencia de prensa, entre cinco y seis agentes de la Policía llegaron al lugar.
“En este lugar, queremos denunciar lo que está ocurriendo en nuestro país y queremos también que la gente sepa dónde es este sitio para que vengan aquí y se manifiesten en contra de las políticas que se llevan a cabo desde este edifico infame que es la Corte de Inmigración y las oficinas de las principales agencias migratorias que están llevando a cabo estas redadas ilegales e inhumanas”, expresó Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0, quien denunció que las políticas migratorias actuales, impulsadas desde Washington, con aval del gobierno de Puerto Rico, son actos de extrema violencia institucional.
“En un país marcado por el colonialismo, no podemos ser cómplices del abuso contra pueblos hermanos que comparten historia, geografía, cultura. Migrar es un derecho, no es un crimen. No aceptamos el encarcelamiento masivo, el abuso y las violaciones de derechos a personas inmigrantes a lo largo de todo Estados Unidos y de nuestro archipiélago. Resistir esta criminalización es un deber ético y político”, agregó Mari Narváez.
Migrar es un derecho
Las organizaciones a cargo de la campaña exigen que Puerto Rico se convierta en un territorio santuario y que las autoridades locales no cooperen con agencias migratorias federales; que se garanticen protecciones legales y humanitarias para las personas migrantes, incluyendo el acceso igualitario a salud, educación, vivienda y defensa legal sin importar su estatus migratorio; que los limitados recursos públicos estatales y municipales estén al servicio de las comunidades, y no de las agencias federales; y que se ponga fin a la criminalización y encarcelamiento de quienes migran.
La iniciativa tendrá presencia en redes sociales, vallas publicitarias, radio, carteles en la calle, espacios educativos, voceteo comunitario, y en la página sacalacarapr.com, donde las personas podrán encontrar recursos de apoyo, herramientas legales y formas de activarse en solidaridad con sus comunidades.
“Hay un principio internacional de derechos humanos fundamental y es que cuando hay violaciones crasas de derechos humanos, cuando se está violentado la dignidad de las personas, cuando hay una deshumanización clara, ningún oficial del gobierno tiene la obligación de cumplir con ninguna orden que viole esos derechos. Así que exigimos a los gobiernos locales, municipales, a la policía estatal, municipal, a los legisladores, que se pongan del lado correcto de la historia. Este proceso está haciendo desaparecer la dignidad humana de los hermanos y hermanas migrantes, pero también la nuestra porque aquí no se están hablando de derechos diferentes”, afirmó Annette Martínez Orabona, directora de la ACLU de Puerto Rico.
La abogada recordó que migrar es un derecho humano reconocido por el derecho internacional, y que la propia legislación federal reconoce que las personas migrantes deben tener la oportunidad de ser escuchadas, de solicitar asilo u otras medidas de protección, lo que no está ocurriendo.
“Nosotras nos sentimos en la obligación de salir a la calle y pedirle a nuestro pueblo que siempre ha sido tan generoso y tan solidario que ponga sus manos, sus recursos, para proteger a nuestros hermanos y hermanas migrantes porque aquí no los van a proteger”, sostuvo la directora de ACLU Puerto Rico.
Martínez Orabona exigió al gobierno local que apruebe el Proyecto de la Cámara de Representantes 331, el cual protege a todas las personas de perfiles raciales, garantiza privacidad en datos migratorios y declara zonas sensibles libres de intervenciones injustificadas. También invitó a los municipios a sumarse a las llamadas ciudades santuarios, como lo han hecho Aguadilla y Hormigueros.
Las violaciones a los derechos de las personas migrantes incluyen aspectos fundamentales como la salud y la integridad familiar. “Hay múltiples violaciones, desde la persecución por perfil racial hasta la incomunicación, falta de acceso a representación legal, separación de familias y condiciones de salud no atendidas”, denunció Martínez Orabona.
La directora de la ACLU destacó, además, el grave problema de muertes bajo custodia de ICE, que ya superan las 11 en Estados Unidos, así como la desatención alimentaria en los centros de detención. “Sabemos de un informe reciente que documenta casos de mujeres embarazadas que han sido sometidas a procesos intolerantes y deshumanizantes, durmiendo en el piso, expuestas a temperaturas extremas y sin acceso a servicios médicos adecuados. El caso de las mujeres es particularmente preocupante”, alertó.
Un llamado a la solidaridad
Migrar no es un crimen busca visibilizar y denunciar el autoritarismo en la política federal contra las personas migrantes y la colaboración violenta del gobierno estatal. También persigue reivindicar la historia migratoria de Puerto Rico, promoviendo un deber ético de resistencia y solidaridad con quienes buscan refugio. Además de exigir cambios estructurales en las políticas migratorias a nivel estatal y federal, el movimiento ofrece guías y recursos para la defensa comunitaria, impulsando la acción política y legislativa desde una perspectiva de solidaridad.
“Desde el inicio de las detenciones, el pueblo de Puerto Rico ha buscado maneras para solidarizarse con sus hermanos y sus hermanas, con sus compañeros y compañeras, familiares y comunidades (migrantes). Por eso, lanzamos esta campaña e invitamos a que se unan en este esfuerzo a través de diversas acciones. Es importantísimo recordar que Puerto Rico tiene una historia migratoria y eso nos obliga a ser solidarios y solidarias. En vez de alentar a la persecución, al racismo, tenemos que abrazar el compromiso con los derechos humanos”, compartió Liza Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Puerto Rico.
Hilda Guerrero, portavoz de Comuna Caribe, destacó que esta campaña es un llamado a la solidaridad de los pueblos, en contraste al engaño, al abuso y a las múltiples violaciones que lleva a cabo ICE. Sostuvo que esta iniciativa no solo denuncia, sino que también construye e invita a la organización comunitaria.
“Estamos sembrando redes de apoyo para defender la vida”, subrayó Guerrero. “La solidaridad es el camino y se hace camino cuando la solidaridad derrite el hielo de ICE”, concluyó.
