Mientras se acerca el pico de la temporada de huracanes, que comenzó el 1 de junio, organizaciones y albergues que ofrecen ayuda a víctimas de violencia de género sostienen el reclamo para que sus funciones sean catalogadas por el Estado como servicios esenciales.
“Reconocer la importancia de todas las organizaciones sin fines de lucro en momentos de emergencia es fundamental porque, según hemos visto en nuestras experiencias, quienes primero pueden llegar a las comunidades y a las personas vulnerabilizadas son precisamente las organizaciones que día a día están brindando servicios y que conocen realmente las necesidades y también las soluciones porque trabajan de la mano con las personas”, sostuvo Lenna Maryelis Ramírez-Cintrón, directora ejecutiva interina del primer albergue para mujeres víctimas de violencia doméstica que se estableció en Puerto Rico en el 1979: Casa Protegida Julia de Burgos.
“Así que ese primer contacto, esa primera respuesta a la emergencia se da gracias a las organizaciones que día a día tienen también que vérselas difíciles para poder tener los recursos necesarios para dar ese apoyo”, añadió.
Sin embargo, el Estado no reconoce a estas organizaciones como primeros respondedores, lo que hace que no tengan fondos recurrentes, apoyo en el proceso de preparación, ni en la identificación de protocolos adecuados.
Existen prioridades que se establecen cuando hay emergencias nacionales en respuesta a los servicios esenciales. Por ejemplo, en el caso de los hospitales, categorizados debidamente como servicios esenciales, durante tiempos de crisis, el gobierno trabaja para que se mantengan con agua y luz por las implicaciones ante la falta de esos recursos.
“Después de [el huracán] María, vimos cómo la tardanza de parte del gobierno en responder a la emergencia nos costó mucho. El hecho de que las organizaciones no sean consideradas como primeros respondedores afecta en términos de la accesibilidad a los fondos no restrictos y otros tipos de ayuda gubernamentales que se le ofrecen a los primeros respondedores. Una de estas ayudas es el acceso a la gasolina para la para la movilidad, que lo vimos durante la pandemia”, ejemplificó Vilma González Castro, la directora ejecutiva de Coordinadora Paz para las Mujeres (CPM), coalición puertorriqueña contra la violencia doméstica y la agresión sexual.
Por otro lado, la presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género de Puerto Rico (RED), Coraly León Morales, recordó que, durante la pandemia de COVID-19, quienes primero respondieron y brindaron recursos económicos y de apoyo, fueron las organizaciones sin fines de lucro y los albergues. Pese a que no fueron priorizadas para el acceso a la vacunación ni a las pruebas contra el virus, estas entidades apoyaron con la donación de artículos como mascarillas, alcohol y otros desinfectantes para poder cubrir las necesidades de distintas comunidades.
“Necesitamos una política pública que reconozca a los albergues como servicios esenciales y que le otorgue los recursos necesarios para que quienes asuman este trabajo año tras año no tengan esa incertidumbre cada junio de no saber qué va a ocurrir con el servicio, porque los chavos pueden que no lleguen, pero las sobrevivientes y la niñez están albergadas y hay que seguir trabajando”, enfatizó.
Al momento, no existe ningún proyecto de ley que considere categorizar a estas organizaciones como primeros respondedores.
“Los albergues, al igual que los hospitales, al igual que el manejo de emergencias, al igual que la policía, al igual que cualquier estructura de servicios esenciales, se quedan activos independientemente de lo que esté ocurriendo en el país. Así que, si hay una emergencia nacional, si hay terremotos, si hay huracanes, si estamos en una pandemia, los albergues no paran de trabajar porque la violencia de género no para”, mencionó León Morales.
De hecho, este tipo de violencia aumenta. Según una investigación reciente, publicada en The Lancet Planetary Health, existe un amplio consenso de que, durante y luego de fenómenos meteorológicos extremos, aumentan los casos de violencias dirigidas hacia mujeres, niñas y las comunidades LBGTQIAP+.
“La violencia de género es un fenómeno que hace que las mujeres sean más discriminadas y sufran más vulnerabilidades en muchos aspectos de su vida. El acceso a servicios de salud, a vivienda, el acceso a los derechos más básicos y fundamentales de cualquier ser humano se complica y se obstaculiza. En momentos en los que el país enfrenta emergencias, como son las emergencias climáticas, estos problemas se amplifican”, puntualizó Ramírez-Cintrón.
La lideresa de la organización feminista explicó que el incremento de este tipo de violencia se debe a que, entre otros aspectos que inciden, los niveles de estrés en las personas son mayores. También, las víctimas pasan más tiempo en el hogar con la persona agresora.
Asimismo, en el estudio realizado por la revista científica, los investigadores hallaron que la violencia se agrava por los factores asociados a la emergencia como la conmoción económica y la inestabilidad social. Es decir, los eventos climáticos en sí mismos no causan la violencia de género, sino que crean entornos que exacerban las agresiones.
Protocolos de emergencia
Al tener en cuenta este panorama, es vital que las organizaciones que atienden a mujeres establezcan protocolos que permitan la continuación de los servicios en el caso de que ocurran eventos de emergencia.
“Nosotras tenemos un protocolo de manejo de emergencias que todos los años se revisa y se actualiza y se brinda orientación a todo el personal”, dijo Ramírez-Cintrón.
Durante esta temporada, Casa Protegida Julia de Burgos comienza asegurándose de que sus espacios físicos se encuentren en condiciones óptimas, y procura que sus puertas y ventanas sean resistentes a cualquier fenómeno. Luego, realizan un estudio de necesidades de suministros como generadores, diésel, baterías, luces, alimentos no perecederos, entre otros artículos.
“Nuestros albergues ya están listos, están preparados para cualquier emergencia”, aseguró.
Parte del proceso de preparación de esta entidad, incluye una ronda de llamadas a sus participantes para saber cómo se están organizando para posibles eventos atmosféricos. De igual forma, en esas conversaciones se atiende el estatus emocional y físico de la sobreviviente.
En el presente, la organización está gestionando la instalación de placas solares en sus edificios.
En cuanto a las líneas de orientación 24/7 de Casa Julia, estas continúan funcionando durante las emergencias.
“Tomamos medidas para asegurarnos de que esos celulares sigan funcionando. Sabemos que las comunicaciones, como fue en el caso del huracán María, sufrieron muchos daños. Así que estamos tratando de hacer acuerdos colaborativos con compañías telefónicas para ver de qué manera podemos asegurar que, por lo menos, no tengamos ningún problema con esas líneas de emergencia. Parte de nuestro trabajo es poder, rápido que ocurra cualquier emergencia, dar una respuesta rápida. Nos toca tener las colaboraciones necesarias para, en el caso de que necesitemos algún apoyo, poder responder de la manera más rápida posible”, aseveró Ramírez-Cintrón.
Existen organizaciones, como CPM, que se encargan precisamente de auxiliar a centros de servicio y albergues en el proceso de entablar colaboraciones de recursos con entidades gubernamentales y no gubernamentales.
“Nuestro foco de atención y la prioridad siempre se la hemos dado a darle apoyo a las organizaciones que son parte de la coalición, principalmente a los albergues para sobrevivientes de violencia de género, para que puedan continuar operando y apoyar todos esos esfuerzos que se desarrollan desde las organizaciones de respuesta a la emergencia”, comentó González Castro.
Para proveer este apoyo, CPM también se encuentra en el proceso de preparación con la revisión de protocolos y suministros.
González Castro resaltó la importancia de que las organizaciones tengan protocolos de emergencias que incluya la identificación y atención a las propias sobrevivientes.
Luego del paso del huracán María, CPM observó la necesidad de desarrollar una guía para que los organismos que ofrecen servicios a sobrevivientes de violencia de género tuvieran protocolos claros. Por tal razón, se desarrolló el Manual de Protocolo para la Identificación y Atención de Víctimas/Sobrevivientes de Violencia de Género en Situaciones de Desastres.
¿Cómo la ciudadanía puede ayudar con los esfuerzos de las organizaciones?
Casa Protegida Julia de Burgos prefiere donativos monetarios. De esta forma, la organización puede invertirlo en los suministros que sean más necesarios al momento de hacer la evaluación de necesidades.
No obstante, en la actualidad, están aceptando artículos como estufas de gas, baterías y linternas.
Las localidades de los albergues de Casa Julia son confidenciales para proveer protección a las víctimas. Por lo tanto, para gestionar donaciones de artículos, se puede comunicar al 787-723-3500. Para hacer donativos monetarios, puede acceder a este enlace.
En cuanto a CPM, puede formar parte de su programa de voluntariado “Junte para la Paz” aquí.
