Foto del archivo de Ana María Abruña Reyes
Como parte de sus esfuerzos para frenar las políticas migratorias discriminatorias e ilegales y detener el aumento de redadas federales en Puerto Rico, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico lanzó esta semana una campaña de recolección de firmas y endosos digitales para apoyar el Proyecto de la Cámara 331.
La organización impulsa esta medida legislativa, que prohíbe a la policía estatal y municipal colaborar con agencias federales de inmigración en redadas y arrestos sin orden judicial válida. El proyecto también garantiza protecciones en los llamados “lugares sensibles”, como escuelas, hospitales, iglesias y tribunales, para que las personas accedan a servicios esenciales sin temor a que las detengan por su estatus migratorio.
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“Este proyecto propone reforzar la protección de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, con un énfasis particular en aquellos espacios que históricamente han sido reconocidos como lugares sensibles”, subrayó en comunicado de prensa la licenciada Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política y Legislación de la ACLU de Puerto Rico.
La campaña de recolección de firmas y endosos digitales permite a cada persona enviar automáticamente un correo electrónico a los 51 representantes. La ACLU la activó al inicio de la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa y la mantendrá vigente hasta que la medida llegue a las comisiones de Gobierno y de lo Jurídico.
El esfuerzo forma parte de la campaña Migrar no es un crimen, que la ACLU de Puerto Rico organiza junto a Kilómetro 0, Amnistía Internacional de Puerto Rico y Comuna Caribe. Esta iniciativa responde “al alarmante incremento de violaciones a los derechos humanos como consecuencia de las redadas federales en el archipiélago desde enero de este año”. En ese periodo, se han registrado al menos 1,004 detenciones, de las cuales el 88% corresponde a personas sin récord criminal.
