La Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible en Puerto Rico (ALPR) denunció las expresiones de la nueva secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, en torno a procesar e investigar abortos en el país.
En una entrevista radial, Gómez Torres aseguró que investigaría las querellas en contra de clínicas de aborto —aunque no especificó ninguna— y que aplicaría estrictamente el Código Penal del país que criminaliza el aborto fuera del contexto médico.
No obstante, ALPR detalló que estas expresiones carecen de fundamento legal y distorsionan la realidad del país, donde el aborto es legal.
“El estado de derecho en Puerto Rico sobre el aborto NO ha cambiado. El aborto sigue siendo legal, seguro y accesible, y se practica conforme a derecho en clínicas médicas debidamente reguladas por el Departamento de Salud”, reiteró Rosa Seguí, una de las portavoces de ALPR, en un comunicado de prensa.
“Los artículos del Código Penal de Puerto Rico relacionados al aborto datan de la década del 1930 y únicamente penalizan el aborto forzado o realizado fuera del contexto médico. No es delito el aborto practicado por personal médico autorizado dentro de la relación médico-paciente para proteger la salud o la vida de la paciente. Pretender lo contrario es una tergiversación peligrosa, antijurídica e impropia de una alta funcionaria como lo es la secretaria de Justicia”, explicó Seguí, quien recordó que “el estado de derecho no cambia por el hecho de haber un cambio de administración”.
Aunque en Estados Unidos la revocación del caso Roe v. Wade en 2022 dejó la legalidad del aborto en manos de cada estado, en Puerto Rico este derecho sigue siendo legal, amparado por una decisión del Tribunal Supremo local en el caso Pueblo v. Duarte Mendoza (1980).
En ese caso, el tribunal reconoció que el Código Penal de Puerto Rico permite la interrupción del embarazo cuando la salud de la persona gestante está en riesgo, incluyendo su salud mental, sin importar en qué trimestre se encuentre.
“El criterio médico es el único que debe prevalecer para evaluar qué constituye un riesgo para la salud de una persona gestante, no la opinión ni ideología de la Secretaría de Justicia ni de la Asamblea Legislativa”, señaló, por su parte, Patricia Otón, también portavoz de ALPR.
Asimismo, la abogada Yanira Reyes Gil recordó que las clínicas de aborto del país están reguladas y son constantemente inspeccionadas por el Departamento de Salud.
“Sin embargo, la secretaria ha expresado su intención de procesar cualquier querella, dejando entrever una agenda de persecución sin base legal. Intentar criminalizar el aborto en este contexto no solo es una absoluta distorsión y desconocimiento del ordenamiento jurídico vigente, sino que expone a las personas con opción de gestar a mayor estigmatización, violencia institucional, riesgos de salud graves y el retraimiento del sistema médico; esta última teniendo impacto social y colectivo directo”, denunció la abogada y portavoz de ALPR.
Además, Reyes Gil señaló que la Constitución de Puerto Rico protege los derechos a la intimidad, autonomía corporal, dignidad e igualdad, impidiendo que el Estado intervenga en decisiones personales relacionadas con tratamientos médicos, incluyendo el aborto.
“Por tanto, resulta jurídicamente insostenible y socialmente irresponsable que una funcionaria pública promueva la persecución de decisiones tomadas dentro del ámbito legal y médico”, expresó Reyes Gil, haciendo referencia a la secretaria de Justicia.
ALPR criticó las expresiones de la secretaria como una “campaña de desinformación” que obstaculiza el derecho al aborto e impide entender que no existe una crisis legal ni médica en torno al aborto en el país. Al contrario, detalló que la verdadera prioridad gubernamental debe ser la falta de acceso a servicios médicos, ausencia de educación sexual integral, escasez de vivienda digna, problemas energéticos, la cancelación del contrato de LUMA, el desempleo y las violaciones a los derechos humanos de comunidades empobrecidas y migrantes.
“Es ahí donde el gobierno debería tener sus prioridades, no persiguiendo nuestras decisiones, nuestros cuerpos, ni a profesionales de la salud”, concluyó el comunicado.
