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Los servicios que sostienen la vida de miles de mujeres, niñas y personas trans feminizadas en Puerto Rico se encuentran en riesgo debido a la reducción de fondos a las organizaciones comunitarias que los ofrecen. Así lo advierte el Estudio sobre el perfil e impacto de las organizaciones comunitarias que ofrecen servicios a mujeres y niñas cisgénero, transgénero y personas trans feminizadas en Puerto Rico, realizado por Estudios Técnicos, Inc. para la Fundación de Mujeres de Puerto Rico.
El informe revela que seis de cada diez organizaciones que trabajan con estas poblaciones (61%) han sufrido disminución en fondos, aumento en costos de operación y limitaciones para ampliar sus equipos. Las consecuencias son alarmantes: un 38.9% de las 59 organizaciones encuestadas ha tenido que reducir servicios y un 11.1% detuvo temporalmente sus operaciones.
“Estas organizaciones no solo prestan servicios, sino que transforman vidas y comunidades”, afirmó en comunicado de prensa Verónica Colón, directora ejecutiva de la Fundación de Mujeres, al subrayar la urgencia de reconocer y respaldar la labor de estas entidades. “Encargamos este estudio porque identificamos una gran laguna de información sistematizada sobre el perfil y el alcance de las organizaciones comunitarias que trabajan con mujeres, niñas y mujeres trans en Puerto Rico. Queríamos generar evidencia concreta, desde una mirada feminista, sobre su rol fundamental, no solo para respaldar nuestra estrategia filantrópica, sino para fortalecer la incidencia pública a favor de estas entidades”, agregó Colón.
El alcance de una red de apoyo feminista
El estudio demuestra que, aun con recursos limitados, estas organizaciones atienden a más de 15,000 personas cada año. La mayoría se centra en combatir la violencia de género (77.8%), en la educación sobre derechos de mujeres, niñas y personas trans feminizadas (55.6%), en proveer vivienda (27.8%), en iniciativas de desarrollo económico (22.2%), en apoyo durante emergencias (22.2%) y en distribución de alimentos (5.6%).
“Por cada dólar invertido en algunas de estas iniciativas, se generan entre tres y cuatro dólares en beneficios sociales y económicos. Es una validación poderosa del alcance transformador que tienen, pese a operar con estructuras pequeñas, voluntariado y fondos limitados”, sostuvo Colón.
Quienes acuden a estas entidades son sobrevivientes de violencia doméstica, mujeres y personas trans que enfrentan exclusión social y rechazo familiar. Sus relatos, recogidos en el estudio, evidencian cómo el acceso a servicios de salud, apoyo psicológico, intercesoría legal o formación técnica en oficios no tradicionales ha sido determinante para romper ciclos de violencia y alcanzar independencia económica, como destacó la licenciada Anitza Cox Marrero, directora de Análisis y Política Social de Estudios Técnicos, Inc., que tuvo a cargo el estudio.
Urge un plan de sostenibilidad
Ante este panorama, el estudio recomienda garantizar subvenciones recurrentes y de largo plazo, fortalecer capacidades administrativas y promover alianzas con el sector privado y entre pares. “A estas organizaciones tan valiosas, urge que también se les provea el acompañamiento, los recursos y el reconocimiento que merecen”, puntualizó la directora ejecutiva de la Fundación de Mujeres.
El informe no solo visibiliza la precariedad financiera en la que operan estas organizaciones, sino también la deuda del Estado con poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Mientras el gobierno mantiene limitada la inversión en políticas públicas de equidad de género, son estas organizaciones comunitarias las que llenan el vacío con trabajo de base, acompañamiento y servicios esenciales.
Sin embargo, sin financiamiento estable, su continuidad está en riesgo. Y con ello, el derecho de miles de mujeres, niñas y personas trans a vivir libres de violencia y con oportunidades para desarrollarse plenamente.
