Ambar, seudónimo para proteger su identidad, es trabajadora sexual. La semana pasada, se enteró de una red de pornovenganza en Twitter. Una amiga le envió un mensaje que decía: “A las personas que tengan OnlyFans, tengan cuidado con la cuenta @Estoesprnoti, que está publicando el contenido de las trabajadoras sexuales”.
La pornovenganza o revenge porn, en inglés, es una forma de violencia sexual. Se trata de la difusión sin consentimiento, a través de medios electrónicos, redes sociales o servicios de mensajería instantánea, de fotografías o vídeos que, la mayoría de las veces, se captaron o compartieron en la confianza de una relación íntima.
“El creador de @Estoesprnoti lo que hacía era recibir aportaciones de personas que estaban suscritas a OnlyFans y publicaba el contenido que le compartían. Cuando subían las fotos, también ponían el nombre de les trabajadores sexuales y sus perfiles”, contó la mujer de 22 años.
La complicidad que actúa contra las mujeres
Además de publicar material de las trabajadoras sexuales, la cuenta de @Estoesprnoti estaba publicando fotos y vídeos de mujeres que les fueron suministradas por sus exparejas.
Según la descripción de la página de internet de OnlyFans, esta plataforma es un servicio de suscripción de contenido con sede en Londres.
Los creadores de material, que puede ser de cualquier índole, ganan dinero de los usuarios que se suscriben a su contenido. No obstante, en el contexto de la pandemia por COVID-19, algunas trabajadoras sexuales han acudido a este medio digital para poder seguir generando ingresos.
Luego que @Estoesprnoti fuera reportada consistentemente por usuarios de la red social Twitter, la persona creadora de la cuenta publicó un tuit que decía: “Estaré haciendo un grupo en Kik: LaNoti_PR. Voy a cerrar el TW”. A raíz de esto, se crearon múltiples cuentas en la red social con el mismo propósito.
Todas constató que, de las 14 cuentas en Twitter de pornovenganza denunciadas por la activista y creadora de la plataforma educativa Con(Sentimiento), Aliana Margarita Bigio Alcoba, solo cuatro ya no existen. Las otras 10 continúan publicando contenido sexual sin consentimiento de las implicadas.
“Yo no fui directamente víctima de ese atropello, pero yo, como trabajadora sexual solidarizada con las compas afectadas, también hay un riesgo que me pasa por encima de que ‘esto me puede pasar a mí’. Yo asumo otras maneras y otros cuidados a raíz de esto que está pasando, porque no quiero que me pase a mí. Así, que esta situación nos apela a todas, porque pudo pasarme a mí o porque puede pasarme a mí”, expresó Ambar.
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Limitada defensa para las víctimas de pornovenganza en Puerto Rico
A pesar de que el Senado intentó en abril de 2018 tipificar como delitos graves la venganza pornográfica y la extorsión pornográfica, Puerto Rico carece de una legislación penal que atienda con especificidad la pornovenganza.
El Proyecto del Senado 813 de la autoría de la senadora Zoé Laboy Alvarado se aprobó en el Senado de Puerto Rico con unanimidad. No obstante, la medida se quedó en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.
“El proyecto murió, lamentablemente. Muchas víctimas están sin remedio. Las alternativas son casi ninguna. Tan pronto comience la próxima sesión en enero, la nueva legislatura tiene que prestarle atención a este o a cualquier proyecto parecido. Esto tiene que ser un delito grave“, explicó Laboy Alvarado en entrevista con Microjuris.com.
La medida describe la pornovenganza como “la publicación o divulgación de una imagen con contenido sexualmente explícito de otra persona sin su consentimiento. Esto incluye imágenes contenidas sin consentimiento -por ejemplo, grabaciones ocultas- así como las imágenes obtenidas o compartidas en una relación privada o confidencial y que posteriormente son distribuidas para otro uso que va más allá de esa relación privada entre las partes”.
La pieza legislativa proponía crear los artículos 171A y 171B en el Código Penal de Puerto Rico para tipificar como delitos graves la venganza pornográfica y la extorsión pornográfica.
Además, la propuesta recomendaba una reclusión por un término fijo de tres años a quien violara el artículo. Si la persona convicta era una persona jurídica (organización o institución), sería sancionada con una multa no menor de $10,000, ni mayor $25,000.
En Estados Unidos, ya existen 40 jurisdicciones que tienen leyes específicas para atender la venganza pornográfica. Inclusive, el Congreso de Estados Unidos tuvo bajo su consideración el Ending Nonconsensual Online User Graphic Harassment Act, expone el texto de MicroJuris.com, titulado ¿Qué remedios están disponibles para las víctimas de violencia pornográfica?
Alternativas para las víctimas de pornovenganza
El artículo de MicroJuris.com expone que algunas de las alternativas para atender los reclamos de las víctimas de pornovenganza es realizar una querella bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, mejor conocida como la Ley 54.
También, se podría radicar un pleito por una violación al derecho de la intimidad o una acción en daños y perjuicios.El texto señala que las víctimas, además, podrían considerar un pleito por violaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor o Copyrights Act, ya que las víctimas podrían ser las dueñas de la imagen, el vídeo o el audio que se ha publicado.
Una red de denuncias en solidaridad con las afectadas
En una publicación en Instagram, la organización feminista Taller Salud expresó que “las personas que han distribuido el contenido íntimo de estas personas, a sabiendas de la falta de consentimiento y su origen, son legalmente responsables por el daño causado a las víctimas. Más allá del problema moral y el problema de violencia de género que debería de preocuparnos a todas las personas, la conspiración de este contenido te hace cómplice de un delito estatal y federal”.
Por su parte, la activista Bigio Alcoba se expresó, en un vídeo en su cuenta de Instagram, con referencia a comentarios que estaba recibiendo de sus seguidores justificando la publicación de contenido sexual sin autorización.
“A quienes tenemos que ponerle responsabilidad, culpabilidad y dedicarles energía en educar es las personas que no respetan la privacidad, no entienden el consentimiento y las que piensan que está bien compartir contenido que no les pertenece. Las que piensan que tienen agencias en el cuerpo de las mujeres y otras personas. Ahí, es donde tenemos que prestar atención y trabajar”.
El periodista estadounidense David Begnaud informó a través de sus redes que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) le confirmó que investigará y contactará a Twitter para tomar acción. Indicó que las personas con información sobre el asunto, o que hayan sido afectadas en el proceso, deben comunicarse al 787-754-6000.
