(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)

“Él apareció y me dijo que habláramos aparte. Ahí, me dijo que él ha estado visitando una psicóloga porque ha tenido pensamientos de suicidio y hasta pensamientos de homicidio en contra mía. Yo me quedé fría, pero no le mostré temor. Le pregunté: ‘¿todavía tienes esos pensamientos?’. Y él me respondió que sí”. 

Silvia, seudónimo para proteger su identidad, viajó con una visa desde la República Dominicana hacia Puerto Rico este año, luego de que su exesposo la amenazara de muerte en múltiples ocasiones. La mujer realizó una denuncia en la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual de la Procuraduría Fiscal de su país, pero no prosperó porque su agresor nunca se presentó a la cita. 

(Foto por Nahira Montcourt / Centro de Periodismo Investigativo)

Del Centro de Periodismo Investigativo

La falta de una política pública sobre asuntos de inmigración en Puerto Rico ha provocado que las madres dominicanas y sus hijos enfrenten necesidades que se multiplican con la emergencia del coronavirus. Esto se refleja en menos oportunidades de empleo, atraso en sus procesos migratorios y familias que no logran acceder a servicios esenciales, como educación para sus hijos. 

Y es que los retos del fenómeno migratorio no se resuelven con vacunas, aunque se vivan tiempos de pandemia. 

(Fotografía del performance “Hilando mariposas”, por Inmágela Abreu)

(Santo Domingo, República Dominicana).- La calle Puerto Rico, de Alma Rosa, en Santo Domingo Este, es un hervidero de mujeres llorosas, enojadas, asustadas y hartas que decidieron denunciar la violencia de parejas o exparejas y las violaciones sexuales de conocidos o extraños. Ellas forman fila ante una fiscalía que representa una de las mayores conquistas de las luchas sociales para enfrentar la violencia machista en la República Dominicana.

Pero las fiscalías, junto a la Policía y el sistema de justicia, fallan con frecuencia en detener a los agresores y en proteger a las víctimas antes de que ocurra el feminicidio. Las víctimas o alguien cercano a ellas ya habían denunciado a sus agresores ante las autoridades en, al menos, el 10% de los feminicidios íntimos que ocurren en el país, de acuerdo con un levantamiento de casos realizado para esta investigación. Pese a las advertencias, no lograron evitar los crímenes.

(Foto por Víctor Ramírez)

*Claudia Fabián es coautora de este reportaje, que es parte del especial Margen de Horror. 

(República Dominicana).- Santo Domingo todavía festejaba el año nuevo de 2019 cuando parientes de Jessica Michel Medina, de 16 años, encontraron su cadáver en su casa. La adolescente convivía con Franklin Pineda, un hombre 34 años mayor que ella, en La Cancela, una zona empobrecida Santo Domingo Este. Los medios de comunicación identificaron a Pineda, presunto feminicida y violador, como su “pareja”, quien huyó al saber que era buscado.

El feminicidio de Jessica no es un caso aislado. El 15% de las víctimas sobre los 202 feminicidios ocurridos en República Dominicana entre 2018 y 2019 fueron niñas y adolescentes, de acuerdo con una base de datos elaborada por Espacio Insular en alianza editorial con CONNECTAS y con el apoyo del International Center For Journalists (ICFJ).