(Foto de archivo)

Desde que comenzaron las restricciones para evitar la propagación del coronavirus en Puerto Rico hace un año, la entrada de turistas al archipiélago no ha cesado. De hecho, vale la pena recordar que la última actividad multitudinaria que conmemoramos antes del toque de queda fue el #8M de 2020, a la par que turistas se paseaban entre nosotras por el Viejo San Juan, incluyendo una mujer italiana, víctima fatal del COVID-19.

Hasta el año 2015, Rachel Dolezal se autoidentificaba racialmente como una mujer negra; incluso, llegó a presidir una rama de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP, por sus siglas en inglés). 

(Título: “Loíza”, año 2015, artista Colectivo Moriviví )

Cuando en el otoño de 2019 mi contrato de trabajo como profesora en la Universidad de Puerto Rico (UPR) fue reducido de tiempo completo a tiempo parcial, se esfumaron los beneficios marginales. Sin seguro médico y con un salario paupérrimo, tuve que prescindir, entre otras cosas, de las terapias psicológicas que mantenían mi salud emocional estable. 

(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)

Ante la percepción generalizada de que en Puerto Rico no hay racismo, activistas destacan que una de las formas más evidentes de discrimen es la exclusión de las personas afrodescendientes de los procesos de toma decisiones para el uso de terrenos en sus comunidades tras eventos naturales y otras emergencias, como la pandemia de la COVID-19.

En el conversatorio Racismo ambiental: el impacto que tiene en nuestras comunidades, organizado por la Fundación Segarra Boerman e Hijos, la abogada Ruth Santiago definió el concepto como “la concentración de actividades contaminantes que impactan, de forma desproporcionada, a comunidades mayormente afrodescendientes”.