La principal recomendación del informe aprobado el pasado miércoles es legislar para que sea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) la agencia que reciba, maneje e investigue las querellas de violencia de género que involucren a miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico para que luego sean consultadas con un fiscal ajeno a la región en la cual trabaja el querellado.