Un juez que reconoce la peligrosidad de un agresor, pero que, en vez, regaña en sala a la víctima. Un fiscal que decide “perdonarle” a un maltratante una violación a una orden de protección y se conforma con decir que radicaría cargos “de ocurrir otras violaciones en el futuro”. Una peticionaria de una orden de protección que testifica haber sido víctima de agresión sexual sin que el juez o la jueza que presidía la vista refiriera a la Policía para que investigara y evaluara si procedía la presentación de cargos por delitos. Una perjudicada que informa al tribunal su nueva dirección y esta se hace constar en el expediente del caso sin que surja que se tomara alguna precaución para mantener la confidencialidad de la información.
Estos fueron algunos de los hallazgos que el Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidio de la Administración de Tribunales incluyó en su informe preliminar, divulgado ayer, jueves. Todas las instancias descritas fueron experimentadas por mujeres que luego fueron asesinadas por sus parejas o exparejas.
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