(Archivo de Ana María Abruña Reyes: El 21 de diciembre de 2018, la Colectiva Feminista en Construcción realizó una manifestación frente al Cuartel General de la Policía, en San Juan, Puerto Rico.)

Una “persona muerta” más no era. Era una mujer asesinada por un feminicida y se llamaba Iraida Hornedo Camacho. Era madre trabajadora y luchadora por la erradicación de la violencia de género. 

Ilustración por Elizabeth Barreto

Cuando las personas llegaban a la casa de Nancy Rosario Marín, su vivaracha personalidad las recibía con música y mucha alegría, contó su prima Vanessa Navarro. 

(Ilustración por Elizabeth Barreto para Todas)

Con el nacimiento de su nieta, en el 2020, la vida de Brenda Liz Pérez Bahamonde cambió por completo. Incluso, su nombre. La llamaban “Lela”, como le decía la bebé de un año y medio.

“La niña era la luz de sus ojos”, contó Nicole Colón Pérez, hija menor de Pérez Bahamonde. 

Un juez que reconoce la peligrosidad de un agresor, pero que, en vez, regaña en sala a la víctima. Un fiscal que decide “perdonarle” a un maltratante una violación a una orden de protección y se conforma con decir que radicaría cargos “de ocurrir otras violaciones en el futuro”. Una peticionaria de una orden de protección que testifica haber sido víctima de agresión sexual sin que el juez o la jueza que presidía la vista refiriera a la Policía para que investigara y evaluara si procedía la presentación de cargos por delitos. Una perjudicada que informa al tribunal su nueva dirección y esta se hace constar en el expediente del caso sin que surja que se tomara alguna precaución para mantener la confidencialidad de la información.

Estos fueron algunos de los hallazgos que el Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidio de la Administración de Tribunales incluyó en su informe preliminar, divulgado ayer, jueves. Todas las instancias descritas fueron experimentadas por mujeres que luego fueron asesinadas por sus parejas o exparejas.