(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)

Las movilizaciones en favor del reconocimiento de las mujeres como ciudadanas con derechos plenos sobre sus destinos y cuerpos, así como las luchas de las comunidades LGBTTIQ+ por frenar las agresiones y precariedades a sus integrantes, han sido motivo de burlas y respuestas violentas por quienes insisten en que la sociedad opere dentro de los discursos de odio que perpetúan en el poder a aquellas organizaciones que continúan excluyendo a grupos históricamente marginados. 

En ocasiones, el activismo y logros en favor de la equidad de género, así como las gestiones políticas que adelantan reconocimientos jurídicos a las diversidades sexuales, provoca el surgimiento de grupos políticos que, amparados en un discurso de defensa de la heteronormatividad y la familia tradicional, se organizan y aspiran a apelar a la masa votante. Ejemplos internacionales recientes son el caso de Vox, en España, y el liderato político del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. 

Las mujeres en Puerto Rico nunca han llegado a conformar ni el 30% de las cámaras legislativas. Es un déficit en la representación continuo y consistente como si el 30 fuera un número imposible de alcanzar y superar, aun cuando las mujeres conforman el 53% de la población en la isla y la mayoría del electorado, y ya han pasado 90 años de la primera aprobación del sufragio femenino en la isla.

En las elecciones generales de 2016, votaron 871,529 mujeres, en comparación con 725,313 hombres.