(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)
Originalmente publicado en Revista étnica
En estos tiempos de cuarentena por la pandemia de COVID-19, seguimos observando cómo quedan fuera de las conversaciones, reclamos y acciones nuestras realidades, identidades y las opresiones que experimentamos las mujeres negras. La historia de otras pandemias, la trata trasatlántica, el colonialismo, los desastres naturales y los creados por nuestros gobiernos nos activan los traumas, preocupaciones, y miedos de este y otros momentos que viven instalados en nuestra memoria celular.
Por generaciones, las personas negras han estado en más riesgo de padecer condiciones de salud crónicas que mantienen el sistema pulmonar e inmune en vulnerabilidad con condiciones como el asma, la diabetes, hipertensión, entre otras. Ya hemos recibido estadísticas que confirman que las comunidades negras se verán más afectadas ante esta pandemia global.
Un reporte de Propublica, una organización de periodismo investigativo, reveló que la población negra ha contraído o muerto de Coronavirus en unos niveles alarmantes. En el caso de Milwaukee, el hecho de ser negrx significa que tu expectativa de vida es 14 años menor, (en promedio) que una persona blanca.
Y nos preguntamos: ¿cuál será la expectativa de vida para nosotras las mujeres negras que hemos nacido y sido criadas en una colonia, y constantemente oprimidas, racializadas, marginadas e invisibilizadas?
En el informe que publicó Propublica la semana pasada, se reveló que en el condado de Milwaukee de los 945 casos que habían, casi la mitad son de personas negras. Milwaukee es uno de los pocos lugares en los Estados Unidos que está recopilando estadísticas de raza de las personas que se han contagiado con el COVID-19. También, presentaron que el 81% de las 27 muertes han sido de personas negras, en un condado donde esta población representa el 26% de su población.
En Michigan, donde la población del estado es 14% negra, los afroamericanos representan el 35% de los casos de contagio y 40% de las personas que han muerto. Esto es alarmante. Lo mismo está ocurriendo en Louisiana, Chicago y la ciudad de Nueva York, donde los latinos, son el segundo grupo con altos números en casos y muertes por el Coronavirus.
¿Y en Puerto Rico, qué nos dicen los datos en general? ¿Qué nos dicen sobre las personas negras y, en específico, de las mujeres negras?
En la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, para el 2018, el 17% de la población (544,587 personas) en Puerto Rico se identificó como negra (raza única o en combinación con otra); y entre las mujeres, solo el 12% (201,678) se identificó como tal. La mediana de edad de las mujeres negras es 45.2 años.
Según datos de esta encuesta en el archipiélago hay 85,348 personas inmigrantes; de estas, 42,728 no tienen ciudadanía estadounidense y, en este grupo, el 57% son mujeres. El Censo de 2010 reportó que lxs dominicanxs representan la población más numerosa de extranjeros en la isla, con un total de 68,036.
Es importante destacar estas estadísticas adicionales de la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico sobre las condiciones y características de nuestra población negra:
- El 46.5% de las mujeres negras en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza federal; la mediana de ingreso devengado por concepto de trabajo (earnings) para ellas fue $16,486.
- La mediana de ingreso por todos los conceptos en los hogares fue de $19,476.
- Las mujeres de, al menos, 16 años el 6.4% están desempleadas y el 60.3% están fuera de la fuerza laboral.
- El 28% de las mujeres de 15 años en adelante son separadas, divorciadas o viudas.
- El 44.8% de los hogares recibieron ayudas de cupones de alimentos o el programa SNAP.
- El 20.1% de las mujeres negras, jefas de hogar sin una pareja presente, viven bajo el nivel de pobreza. Entre todas las familias que viven bajo el nivel de pobreza, el grupo de mujeres negras representa el 49.8%.
- El 44.7% de la población negra vive bajo el nivel de pobreza federal; entre las personas bajo el nivel de pobreza, el 21.3% son menores de edad.
- De las mujeres que tuvieron hijos en el último año, el 66.7% no estaban casadas.
- El 33.7% de la población negra vive en hogares alquilados.
- Hay 11,334 hogares donde lxs nietxs viven en la casa de lxs abuelxs.
- El 48.2% de lxs abuelxs negrxs dicen que son responsables de lxs nietxs que viven con ellos. De este grupo, el 55.7% tiene 60 años o más.
Somos una población vulnerable y en riesgo
Estos datos reflejan las desigualdades que enfrentan las comunidades negras en el país, y es que vemos cómo somos una población empobrecida, con ingresos que no son suficientes para cubrir necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación, etc. Las estadísticas son alarmantes en cuanto a nuestra participación laboral y demuestra cómo la raza y el género han determinado la ubicación de las mujeres negras en ocupaciones devaluadas.
Se asume que la causa de la pobreza de las mujeres negras es nuestra falta de responsabilidad, pero no toman en consideración las formas en que los empleadores discriminan en contra de las mujeres negras en el mercado laboral. Estos datos también revelan que somos una población de mujeres jefas de nuestras familias, que estamos solas y donde los ingresos y el sustento recaen solo en nosotras.
Nuestrxs hijos nacen y se desarrollan en hogares empobrecidos, lo que los condena a mantenerse en ciclos generacionales de pobreza que son muy difíciles de romper, pues requieren cambios sistémicos. También, vemos cómo derechos tan fundamentales como el derecho al techo y a la vivienda digna se nos limitan. Y estos datos nos demuestran que somos, además, una población mayor de edad que también está a cargo de la crianza de sus nietxs.
La historia reciente nos recuerda las miles de vidas que cobró la inacción del gobierno después de los huracanes Irma y María. Ya vimos cómo nos mintieron, cómo escondieron información, almacenes y, sobre todo, cómo ahora nos siguen imponiendo medidas opresivas, cuando la gente ha estado respondiendo a las medidas para controlar el contagio de Coronavirus.
Mientras tanto, el gobierno no está siendo transparente con los datos, no está realizando las pruebas como debe, sigue con la corrupción a cuesta de la vida y de la dignidad de toda nuestra gente.
Esta pandemia, y las condiciones en las que vivimos lxs que habitamos este archipiélago, es como andar como malabaristas caminando sobre una cuerda floja. La verdad es que la cuerda se siente más como un hilo. Y nos preguntamos; ¿qué valor tienen nuestras vidas?
Nosotras estamos claras del valor que merecemos, de la dignidad que añoramos y sobretodo de los derechos que necesitamos que nos sean garantizados.
Al día de hoy, hemos visto en los medios y en las redes sociales que en Puerto Rico se le está negando a las personas la realización de las pruebas, y no se están haciendo con la frecuencia y en las cantidades que deberían. También, ya hemos sido testigos de cómo el gobierno juega una vez más con nuestras vidas y busca lucrarse de manera inescrupulosa con la aprobación de $3.5 millones en 100,000 pruebas rápidas de COVID-19 a $36 cada unidad, cuando los laboratorios clínicos las están pagando a $20 al detal. Esta compra la realizó el Departamento de Salud a una compañía de construcción no especializada en salud, de personas que son donantes del Partido Nuevo Progresista.
Además, los datos que ha presentado el task force médico y la gobernadora no son certeros, pues se están enfocando en datos regionales, no por municipio y comunidades, que permitan realizar un rastreo de casos efectivo. La Mesa Social y otras organizaciones como el Colegio de Trabajadores Sociales y el María Fund exigen pruebas masivas, gratuitas y accesibles para la gente. Las pruebas salvan vidas y nos permiten hacer un mapa real del virus, ajustar la respuesta y tener información certera de los números de contagios y la tasa de letalidad por el coronavirus en el país.
https://www.facebook.com/notes/mesa-social/carta-de-mesa-social-a-la-gobernadora-de-puerto-rico/103406494654091/
Uno de los problemas sociales que más nos preocupa es la violencia de género
La Policía de Puerto Rico tiene registrados 382 incidentes de violencia doméstica en el 2020 (hasta el 4 de abril). El año anterior, se registraron 407 incidentes. Esta cantidad de incidentes es alarmante.
Según el proyecto Seguimiento de Casos, desde que comenzó el toque de queda, los casos han aumentado. Durante el mes de marzo de este año, ocurrieron seis feminicidios. Las organizaciones de justicia social que se dedican a apoyar a las mujeres llevan reclamando por mucho tiempo que se declare un Estado de Emergencia en el país.
Nos enfrentamos, no tan solo a la pandemia del coronavirus, sino también a la pandemia de las violencias contra las mujeres. Actualmente, hay varias investigaciones activas de mujeres desaparecidas. De los casos recientes, hay tres de ellas que son niñas o mujeres evidentemente negras: Natalie Juliette Hernández Román, de 12 años, de Loíza; Alma Elsie Ayala Ayala, de 69 años, de Santurce; Gladys Rolón Huertas, de 15 años, de San Lorenzo, y Carmen Gloria Santiago Barrozo, también de Santurce.
Reclamamos que, en medio de esta pandemia, no se abandonen las investigaciones de estos y todos los casos de mujeres desaparecidas. También, nos unimos a los reclamos para el esclarecimiento del caso de Neulisa Alexa Luciano, mujer negra y trans que fue asesinada el 24 de febrero en Toa Baja.
Sobre el toque de queda y el abuso policiaco
Tal y como ha expresado la Mesa Social, Kilómetro 0 y otras organizaciones de abogacía, los toques de queda suelen crear las condiciones para que se criminalice a grupos sociales muy vulnerables, que muchas veces son los que se exponen a un arresto porque, por diversas razones de pobreza o necesidad, no tienen la opción de quedarse en casa por tiempo prolongado (por ejemplo: personas trabajadoras que viven en pobreza y que sobreviven de laborar día a día, personas sin hogar, personas con la salud mental comprometida, cuidadoras de personas mayores o de personas enfermas, mujeres víctimas de violencia de género).
En el caso de la restricción adicional que impuso la gobernadora al toque de queda para que los vehículos transiten en ciertos días de la semana, estos impiden que personas de esos mismos grupos hagan las gestiones necesarias para su supervivencia, y en el caso de personas cuidadoras, las obliga a elegir entre ser arrestadas o abandonar a alguien que depende de ellas para vivir y ser cuidada. La medida de las tablillas en nada aporta al control del COVID-19 y es una restricción innecesaria para la ciudadanía, que ya ha demostrado que, en su mayoría, respeta la orden de aislamiento social y cierre de negocios.
Por esta razón, y para garantizar que se protejan los derechos de las personas, hay reclamos de las organizaciones de justicia social para que se asignen recursos dirigidos a monitorear la implantación de las órdenes ejecutivas emitidas hasta este momento y clarificar los contenidos de las mismas.
Además, exigen que no se impongan más medidas restrictivas y evitar que se tomen decisiones que pongan a los ciudadanos en un estado de histeria. También, que la Policía de Puerto Rico haga público y garantice el protocolo que se está utilizando para valer las órdenes ejecutivas, que se eliminen los arrestos arbitrarios y las intervenciones discriminatorias que pongan en riesgo la salud de las personas arrestadas.
No olvidemos el caso de Aníbal Martínez Centeno, hombre negro y empleado por más de 15 años del taller de mécanica de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Durante los esfuerzos de recuperación, luego del Huracán María fue arrestado en la madrugada del 14 de octubre de 2017 en una gasolinera de Carolina luego de salir de su turno de trabajo. Los policías que lo arrestaron, quienes no quisieron ver su identificación del trabajo, lo aguantaron mientras el sargento José Rivera Cardona lo inmovilizaba con un taser (paralizador electrónico). A consecuencia de esto, resultó con heridas en las rodillas. Su caso fue desestimado por ser uno infundado.
Además del caso de Martínez Centeno, para nosotras es importante discutir el arresto que se hizo viral recientemente en las redes sociales de Luz Esmeralda Santiago Rivera, una mujer negra quien fue sacada de su carro de manera violenta por el agente Carlos Coll Escudero en Carolina y luego fue arrestada, tras este aplicarle una carga eléctrica con el taser. Parte de la intervención fue grabada en vídeo.
En varias ocasiones, la mujer le solicitó que la dejara ponerse los guantes porque es asmática y el guardia no accedió. El reporte de la Policía, así como todos los medios que han reseñado la nota, han repetido que la mujer se tornó “hostil” y que, por esa razón, la intervención fue una violenta. Nadie se ha preguntado qué pasó antes y cómo se dio la intervención por parte de los policías. Estamos de acuerdo con las organizaciones que han planteado que violar el toque de queda no supone un delito violento, por lo que debe intervenirse con estas personas con el conocimiento de que no son delincuentes. Por su parte, Kilómetro 0 expuso en sus redes que este mismo agente se vio involucrado en un caso de abuso policiaco el 20 de septiembre de 2019, al atropellar al joven Jonathan Marte Meléndez, tirándole la patrulla encima y dejándolo quemarse debajo de esta por casi media hora sin proveer auxilio.
Nuestras comunidades de inmigrantes
Otra de las situaciones que nos preocupan es la hipervigilancia de la policía en comunidades de personas negras e inmigrantes.
Para nosotras, que también somos parte y representamos a la comunidad dominicana, reclamamos que se salvaguarde la dignidad de esta comunidad que es constantemente violentada, invisibilizada e ignorada, que se evite a toda costa la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) o entidades migratorias en los sectores, barrios y comunidades donde hay mayor concentración de dominicanxs. Que se le garantice a las empleadas domésticas, que son, en muchas ocasiones, por la naturaleza del trabajo, las que sostienen familias enteras, mantengan sus empleos luego de la cuarentena. Es importante destacar que ellas no solo sostienen las de ellas, dentro y fuera de Puerto Rico, sino las familias adineradas a las que les crían lxs hijxs y les limpian los hogares.
Muchas de las mujeres dominicanas son propensas a ser víctimas de violencia doméstica y no pueden denunciar a sus agresores debido a su estatus migratorio. Recordemos el caso de Ana Roque, quemada por su pareja en julio del año pasado. Las quemaduras le causaron la muerte, dejando huérfanos a seis niñxs; dos en la isla y cuatro en República Dominicana.
Reconocemos el daño y los efectos del racismo y la xenofobia. Es parte de nuestra historia y por esto es urgente que le demos protección y apoyo a la comunidad china de Puerto Rico ante el alza en agresiones o discrimen por las narrativas que se han generado sobre el origen del coronavirus.
Mujeres embarazadas en tiempos de coronavirus
Como mujeres negras en edad reproductiva y madres que hemos experimentado violencias que incluyen la obstétrica, reconocemos la vulnerabilidad que están experimentando las mujeres embarazadas y las limitaciones al no poder estar acompañadas en el momento del parto por sus parejas, familiares y tampoco por las doulas.
Entendemos la importancia de limitar la posibilidad de contagio, pero es importante que veamos a las doulas como profesionales educadas y preparadas para acompañar a las mujeres en el parto.
El programa Una Doula para Cada Familia, ha estado educando a las mujeres embarazadas para que tengan un parto seguro y saludable en tiempo de coronavirus. Ha reforzado sus campañas educativas recordando a las mujeres embarazadas o personas gestantes que la Ley 156 del 27 de diciembre de 2016 le da el derecho a la embarazada a estar acompañada por la persona de su predilección. Esto le permitirá sentirse más segura, tendrá el apoyo físico y emocional que necesita y podrá reducir el dolor y manejo de estrés. También, expone que las embarazadas o persona gestante debe evitar intervenciones rutinarias que no estén médicamente justificadas.
El parto natural debe ser la primera alternativa, evitando prácticas invasivas y el suministro de medicamentos que no estén justificados por el estado de salud de la mujer embarazada, persona gestante y el bebé por nacer. Además, se refuerzan la importancia de la lactancia y sus beneficios para el desarrollo del sistema inmunológico del bebé, así como una recuperación más rápida del trabajo de parto, como otros beneficios.
Las doulas, educadoras y parteras son parte esencial del equipo de cuidado materno al momento del parto y postparto, y no han sido reconocidas como tal en las órdenes ejecutivas. Este grupo de profesionales, así como las personas gestantes, entienden la estrategia de minimizar el flujo de personas en las facilidades hospitalarias.
No obstante, el obligar a una persona gestante a escoger entre un familiar o su servicio de doula o apoyo familiar durante su parto y, hasta que consideren que es posible que tengan que parir solas, es una medida injusta e insensible.
El momento del parto es el estado de mayor vulnerabilidad y cuando más apoyo necesita para sentirse segura. Las recomendaciones del Center of Disease Control and Prevention, 2020 (CDC) claramente establecen que las facilidades de atención médica sigan las guías de control de infecciones sobre la gestión del acceso de visitantes, incluyendo el sistema de apoyo de una persona gestante en parto. Además, mencionan que, en caso de una restricción completa de visitas, las facilidades consideren hacer excepciones cuando la presencia de un acompañante es esencial para el bienestar emocional del paciente y su cuidado. Las doulas deben ser consideradas como profesionales esenciales en esta pandemia, y a ellas, como a todos los demás profesionales activos en servicios de salud y sociales, se les debe garantizar equipo sanitario de protección para evitar más contagios.
Lee aquí: Limitada defensa contra la violencia obstétrica
Nuestrxs hermanxs de Vieques y Culebra
No podemos dejar a un lado la situación de nuestrxs hermanxs de las islas municipios de Vieques y Culebra. Somos nosotros, ahora, todos los que estamos confinados por el distanciamiento social, pero tengamos en cuenta que a ellxs los tienen confinados, marginados y aislados al depender de un transporte marítimo mal administrado, al que se le hicieron cambios de puerto y de proveedores sin la participación de los residentes. A esto se le añade, la falta de servicios de salud y un hospital que los residentes llevan exigiendo por años. Esta situación, en enero de este año, cobró la vida de Jaideliz Moreno Ventura, una joven negra de 13 años que murió trágicamente luego de luchar por horas ante ataques de convulsiones sin los medicamentos y el equipo médico necesario para mantenerla viva. Por otro lado, ya se registró el primer caso de COVID-19 en Vieques y está siendo atendido en Fajardo.
Lee aquí: “¡Hospital para Vieques ya! ¡Justicia para Jaideliz!”
Además, tomemos en cuenta el efecto adverso que tendrá esta pandemia en los ingresos y la economía familiar y el pobre acceso a plataformas de comunicación: internet y telefonía que tiene un impacto mayor en la educación y en la conexión de las personas de Vieques y Culebra con el resto del archipiélago. Nuestrxs hermanxs luchan por eliminar la marginación, la falta de acceso a educación y oportunidades, el aburguesamiento; y no es casualidad que quienes lideran esas luchas, son en su mayoría, mujeres negras.
Nuestra niñez, educación y acceso
Es importante destacar que 59% de lxs niñxs y jóvenes negrxs en Puerto Rico vive en pobreza, según indican datos de la Encuesta de Comunidad del Censo de 2017.
En estos tiempos de pandemia también nos preocupa la vulnerabilidad a la que sigue expuesta nuestra niñez, en especial lxs niñxs y jóvenes negrxs. Así como, el tema de educación y la falta de acceso a internet.
Un censo realizado por la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) y el sindicato magisterial UNETE, en el que participaron más de 2,500 maestrxs y unas 2,000 madres, padres y encargados, reveló que el 64% de los estudiantes del sistema educativo público no tienen una computadora en sus hogares.
Además, de los encuestados, cerca de un 25% de sus hijxs pertenecen al programa de Educación Especial y la FMPR está abogando por que se les brinden la terapias a distancia para niños y niñas con diversidad funcional.
Con los resultados de esta encuesta, la Federación ha exigido computadoras con internet para todos los estudiantes del sistema público y que el gobierno ponga a la disposición las plataformas de televisión y radio de WIPR (Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública) para complementar la educación a distancia y hacerla accesible a más estudiantes.
Lee aquí: FMPR y Únete proponen medidas adicionales de salud y seguridad para el país
También, insta a que se establezcan centros de alimentación satélite, donde las madres, padres y encargados de los menores pasen en horarios designados a recoger desayuno y almuerzo para los menores de edad a su cargo. De esta forma garantizamos su alimentación diaria usando los protocolos de salubridad y seguridad.
Además, reclaman que no se suspenda la compensación y paga para todas las terapistas y profesionales de Título I, y que se provea una línea telefónica de apoyo emocional con servicio psicológico para familias que atraviesen crisis ante la situación de salubridad que vive nuestro país. Esta última exigencia de la Federación es urgente. El Departamento de la Familia reportó más de 400 referidos por maltrato a menores y sobre 470 de adultos mayores en menos de un mes. Según la agencia, los referidos de maltrato a menores, del 15 de marzo al 6 de abril, sumaron 413, mientras que los de adultos mayores alcanzan a los 477 casos.
Vivienda y otros reclamos
Vemos la fragilidad y las injusticias que experimenta nuestra comunidad con este tema, los desahucios y los altos costos de vivienda hacen los procesos cada vez más difíciles para nuestra gente. Según datos del Instituto del Desarrollo de la Juventud y el Kids Count Data Book del 2019, en Puerto Rico, el 29% de lxs niñxs viven en hogares con un alto costo de vivienda. En el caso de lxs niñxs negrxs, este número alcanza el 37%. Apoyamos los reclamos de Ayuda Legal Puerto Rico para que los bancos establezcan moratorias de pago de alquiler y que se extienda por un mínimo de tres meses tras el fin de la pandemia, así como moratorias justas al pago de hipotecas y préstamos personales. Esto incluye que OCIF, DACO y el gobierno fiscalicen que la banca está ofreciendo alternativas claras, adecuadas y transparentes. La prohibición de desahucios, ejecuciones y lanzamientos.
Lee aquí: Provocan el diálogo sobre el derecho a la vivienda digna
Ayuda Legal, informó recientemente que, tras los sismos de finales del 2019 y principios de este año, unas 200 personas permanecen en refugios en el sur de Puerto Rico. El gobierno tiene la obligación de velar los derechos humanos de las personas desplazadas por los sismos, independientemente de si el refugio es uno formal o informal. Muchas de estas personas están en estado múltiple de vulnerabilidad por su edad, condición de pobreza, género, raza o diversidad funcional. Es por esto que exigen que el gobierno haga público e implante un programa de educación para prevenir el coronavirus dirigido a personas en refugios, que preparen y mantengan censos de poblaciones en riesgo particular ante el coronavirus. Esto requiere, por ejemplo, censos por grupo de edad y de personas con enfermedades crónicas o inmunocomprometidas. Así como tener exámenes médicos y la prueba del COVID-19 disponibles para la población refugiada e implantar un sistema de detección, aviso y respuesta temprana.
Las personas sin hogar están expuestas al contagio y los servicios cada vez se limitan más para quienes tienen condiciones crónicas de salud física, emocional y adicciones, por lo que será esencial que se habiliten espacios de vivienda transitoria para personas sin hogar.
En estos días, pudimos observar en los noticieros del país cómo estuvieron expuestos los pacientes de metadona de ASSMCA, por no tener una logística establecida que garantice sus servicios y protección. También, nos preocupan las condiciones en las que viven las personas encarceladas y es importante que el gobierno y el sistema de corrección del país tome medidas que se han realizado en otros países para poner en libertad a personas que están cercanas de cumplir sus sentencias y asegurar condiciones de salubridad en las instituciones penales, así como medidas de distanciamiento social para garantizar la salud de lxs confinadxs.
Libertad de expresión, libertad de prensa sin límites y discrimen
Recientemente, el Departamento de Estado, a través de una junta compuesta por colegas periodistas, nos denegó los credenciales de prensa, alegando que para ejercer el periodismo en plataformas digitales no se requiere la certificación de ese ente gubernamental.
Como profesionales de las comunicaciones y periodistas que trabajamos una revista impresa con publicación bianual, una revista digital, plataformas multimediáticas, y como el único medio activo en Puerto Rico dirigido a la comunidad negra, exigimos que se garantice la libertad de prensa, la libertad de expresión y se nos dé un trato respetuoso, así como acceso a la información de manera transparente y certera, como a los otros medios y periodistas del país. En el transcurso, nos hemos enterado de que no hemos sido las únicas periodistas a las que se les denegaron las credenciales, lo que demuestra un interés del gobierno en controlar la opinión pública y nuestra libertad de prensa.
Nuestra misión es visibilizar y ofrecer una representación positiva a las comunidades negras y afrolatinas desde Puerto Rico con un alcance global, especialmente, visibilizar las inequidades que experimentan las mujeres negras. Los datos demuestran cuán vulnerables somos y seguiremos luchando por nuestra dignidad y que nuestras experiencias no sean nunca más silenciadas.
Hacemos un llamado a las agencias públicas, al gobierno y a todos los sectores del país a recoger estadísticas que nos permitan establecer inequidades por raza. A nuestra comunidad, le solicitamos que llene el Censo y reafirme su negritud y afrodescendencia. Tener estadísticas de nuestra comunidad nos permitirá impulsar cambios para vivir a plenitud, en salud y dignidad.
Este informe, opinión, compendio de estadísticas y reclamos se realizó con la cooperación y apoyo en la redacción de Ana Castillo Muñoz, Esther M Andrade, Edmy Ayala, Kiana Soto Andrades, la Dra. Idania Rodríguez Ayuzo, Madeline Viera Piccard, Héctor Ramón Torres Zayas y el Dr. Raúl Romero Joseph.
