EL SALVADOR.- Un tuit, medidas demagógicas y un Facebook Live. Esa es la forma de hacer política del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ante la amenaza de pandemia del COVID 19.

Desde que se inició la cuarentena en El Salvador, el miércoles 11 de marzo, tenemos información desde la Presidencia todos los días. Sin embargo, es poco fiable, no son las personas idóneas quienes la brindan, se basan en el miedo y se restringe preguntas a la prensa.

Desde el comienzo de la cuarentena, grupos defensores de los derechos de las mujeres han reclamado medidas de protección a las víctimas de violencia de género. Muchas viven con sus agresores y, ante una orden de distanciamiento social, quedan aún más vulnerables al tener que compartir el mismo espacio en una situación de tensión por periodos prolongados.

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Por otra parte, la precariedad laboral afecta de manera desigual a las mujeres jefas de hogar cuando dejan de devengar ingresos por no poder cumplir con sus horas de trabajo.

“Hay gente que no tiene las condiciones para quedarse en su casa”, estableció Ariadna Godreau, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, al iniciar esta mañana el taller en línea Derechos de las mujeres y defensas ante ejecuciones de hipotecas, una iniciativa de su organización en colaboración con Coordinadora Paz para la Mujer.

(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)

Más de 30 organizaciones de mujeres y de la sociedad civil se unieron al reclamo que hizo esta mañana Coordinadora Paz para las Mujeres a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que se implanten medidas contundentes al atender la violencia de género durante la crisis del COVID-19.

“La Orden Ejecutiva 2020-023 emitida el domingo 15 de marzo necesita una segunda mirada para incorporarle la perspectiva de género”, señaló Vilma González Castro, directora ejecutiva de Coordinadora Paz para las Mujeres.

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Desde 2018, el movimiento feminista le ha exigido al gobierno la declaración de un estado de emergencia nacional en contra de la violencia de género, pedido que no ha sido escuchado.

Hoy, el país enfrenta una amenaza por la llegada de la pandemia COVID-19, y la respuesta de las autoridades ha sido imponer un distanciamiento social para evitar la propagación del virus sin considerar que la mayoría de las víctimas de violencia de género viven con sus agresores.