Organizaciones no gubernamentales reclaman espacio de consulta dentro de la Procuraduría de las Mujeres

Ana Irma Rivera Lassén_Todas

(Foto de archivo suministrada)

Tres representantes de organizaciones que combaten la violencia de género en la isla  reclamaron este miércoles, en vista pública en el Senado, la conformación del Consejo Consultivo de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), según lo establece la ley. También, denunciaron la escasez de recursos para los albergues de violencia de género y la falta de estadísticas confiables.

Las entidades respondieron a la Resolución 35 del Senado, que ordena investigar las funciones de la OPM.

“Toda estructura que facilite el diálogo, la consulta y el establecimiento de agendas de trabajo dirigidas a atender la necesidad de las mujeres debe ser la prioridad. Hay una ausencia de consulta. Por ende, no hay un ejercicio de radiografía de lo que son las realidades y necesidades de las mujeres. Es una oficina que ofrece un servicio que está distante”, insistió Dessy Bones Colón, del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico.

La Resolución 35 del Senado fue presentada por los senadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl, del Movimiento Voctoria Ciudadana (MVC), y María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ante la Comisión de Asuntos de la Mujer, presidida por la legisladora Migdalia González Arroyo.

Las deponentes reconocieron la necesidad de la inserción de las organizaciones para atemperar la respuesta del gobierno a los escenarios de violencia y desigualdad que viven las mujeres en la isla.

“Es responsabilidad de la procuradora asegurarse de que el Consejo Consultivo esté activo, y asesorar al gobernador para que los puestos estén ocupados como corresponde. El solo hecho de que no conozcamos quiénes son, si se han nombrado, si se están reuniendo, es motivo de gran preocupación, que arroja dudas sobre el buen desempeño de quienes han estado dirigiendo la OPM”, indicó Bones Colón.

Los artículos seis y siete de la Ley 20-2001, que establece las funciones de la OPM, ordena la creación de un Consejo Consultivo para servir de cuerpo de consulta constante con las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres. El gobernador es quien debe nombrar siete personas para conformar este cuerpo.

“Se reconoce la importancia de la participación y las aportaciones de las organizaciones no gubernamentales (Ongs) y de las coaliciones de mujeres comprometidas con la equidad por género en el cumplimiento de esta política pública, por lo que se establece como parte de la misma garantizar la máxima participación y trabajo colaborativo con estas organizaciones”, recoge la ley.

La portavoz de la Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico, Vilmarie Rivera Sierra, detalló que este cuerpo debe celebrar un congreso anual para que el público tenga la oportunidad de expresar sus preocupaciones y necesidades.

Además, este consejo sirve como ente asesor para identificar fondos a través de propuestas y recomendar acciones que contribuyan a evaluar la política pública. Rivera Sierra recomendó que este proceso de selección sea diferente para que la designación no recaiga en un gobernador.

Falta de fiscalización

“Una de las dificultades observadas y denunciadas constantemente por las organizaciones es, precisamente, su alineamiento al aparato gubernamental y la pobre gestión en cuanto a la fiscalización de asuntos medulares relacionados a las mismas agencias gubernamentales”, manifestó Rivera Sierra, una de las representantes de organizaciones ante el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE).

Por otro lado, las deponentes recalcaron el cumplimiento de la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia Doméstica, la Agresión Sexual y el Acecho (CNEV), y el uso de la perspectiva de género en todas las esferas de las politicas públicas.

“Entendemos que una investigación exhaustiva sobre el alcance, la efectividad y necesidades de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es necesaria. Requerimos información comprobable para poder adelantar las amplias gestiones que derivan del espíritu de la Ley 20 de 2001”, señaló la directora de la Coordinadora Paz para las Mujeres, Vilma González Castro, en su ponencia.

González Castro, quien también forma parte del Comité PARE, reconoció que el Consejo Consultivo es sumamente importante para “tener ese oído en tierra y escuchar a las organizaciones que ofrecen un servicio directo a las víctimas”.

Respuesta de la OPM a la investigación 

En la primera vista sobre esta resolución, el 4 de marzo, la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, catalogó la medida como un esfuerzo “malsano» de los legisladores, ya que su oficina estaba trabajando con los pocos recursos que tenía.

“Las víctimas de violencia doméstica merecen mucho más que semejantes tramoyas con propósitos malsanos”, lee la ponencia de la licenciada Boria Vizcarrondo.

A pesar de las alegaciones de Boria Vizcarrondo, las organizaciones presentes en la vista de hoy, miércoles, recalcaron la importancia de la investigación de la OPM porque sus servicios se deben a la ciudadanía y necesitan pasar por un proceso de fiscalización y consulta.

Boria Vizacarrondo estuvo representada en la segunda vista por el licenciado Víctor Casiano Cosme, quien recalcó que los miembros del Consejo Consultivo los nomina el gobernador y que no era inherencia de la OPM.

“La propia Ley 20 nos priva de esa función de nombrar. No podemos reunirnos con un consejo que no existe y cuya constitución no está en nuestras disposiciones”, sostuvo Casiano Cosme.

Las representantes de organizaciones sostuvieron que el último acto de consulta al cual participaron fue para la discusión del nombramiento de la abogada Johanne Vélez en la administración del exgobernador Luis Fortuño.

“Desde entonces, la OPM ha estado dominada por los vaivenes político-partidistas, la falta de participación ciudadana, la poca transparencia en su distribución de fondos, una débil fiscalización y una maltrecha relación con las organizaciones de mujeres que por décadas han trabajado por la equidad de género en la isla”, manifestó Bones Colón en su ponencia.

Por su parte, la legisladora Santiago Negrón compartió que las aportaciones de los representantes de la OMP le parecían incongruentes al discurso de Boria Vizcarrondo en la pasada vista. Además, la senadora independentista recalcó que a la OPM le corresponde la responsabilidad de trabajar para que se cree el Consejo Consultivo.

Según datos compartidos por los representantes de la OPM, la agencia solo cuenta con una plantilla de 17 empleados, algunos con contratos como servicios profesionales. Además, solo 10 organizaciones están recibiendo fondos de la OPM.

Un referente de datos no confiable

Casiano Cosme insistió en que las cifras de casos de violencia de género han descendido desde la creación de la OPM, hace veinte años. Aunque reconoció que el deseo de la Procuraduría es que “la cifra sea cero”.

A sus planteamientos, Bones Colón respondió que la presunción de la reducción en casos de violencia se circunscribe, únicamente, a violencia doméstica, ya que las estadísticas de la OPM están viciadas por los errores de las cifras de la Policía.

El estudio La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014-2018, publicado en 2019 por Proyecto Matria y Kilómetro 0 demostró que, por año, la Policía informó de 11% a 27% menos mujeres asesinadas que los resultados de esa investigación.

Lee aquí: Indolentes la Policía y el Gobierno ante alta tasa de feminicidios

En otras instancias, la OPM ha reconocido la necesidad de estadísticas confiables por parte de las instituciones de seguridad pública.

“La oficina de la procuradora, las mujeres y su representante han hecho un uso indebido de los datos, que puede ir a promover un atentado contra los recursos que se le asignen. (…) No elaboran, no documentan, no hablan de esas otras manifestaciones de violencia de las cuales nosotras somos sujetas. Pues no hace justicia a la radiografía real de por qué se hace el llamado o la exigencia del estado de emergencia ”, denunció Bones Colón.

Discurso de revictimización desde el Senado

Por otra parte, la senadora novoprogresista Nitza Román Trinidad defendió la ponencia de la OPM y empleó un discurso de revictimización a quienes han sufrido la violencia de género. Enfatizó en que hay que atender el problema de que “las mujeres puertorriqueñas no rompan el ciclo de violencia”.

A la intervención de la senadora, Casiano Cosme respondió que los planteamientos eran errados porque las víctimas de violencia de género experimentan unos escenarios que deben ser evaluados desde diferentes perspectivas socioeconómicas.

Además, el representante de la OPM insistió en que parte de las soluciones para atacar la violencia desde sus raíces es la educación con perspectiva de género.

“La percepción de los medios crea una ola de que hay un incremento ficticio porque los números no están. Yo entiendo que hay mucho por hacer, esto es un campo bien difícil y uno como mujer se tiene que identificar mucho más cuando hay niños envueltos en el hogar. Siempre hablamos de la mujer, pero no veo estadísticas de niños que sufren de violencia y eso me preocupa también”, añadió Román Trinidad.

Al culminar la vista, la portavoz de la Red de Albergues analizó el discurso de la senadora como uno desinformado y preocupante ante la realidad de los sistemas de opresión y violencia que viven las mujeres.

“Tengo mucha preocupación porque el escuchar expresiones de algunas senadoras que no tienen el conocimiento y que utilizan términos que no son los correctos puede enviar un mensaje bien negativo a las víctimas. Incluso, haciendo injerencia de que las mujeres puertorriqueñas no quieren salir de los ciclos de violencia cuando desconocen completamente de la complejidad y de la situación que vive una víctima”, explicó Rivera Sierra.

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Adriana Díaz Tirado
Escrito por Adriana Díaz Tirado
Periodista e investigadora. Egresada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP). Cuenta con un bachillerato en Periodismo y una segunda concentración en Ciencia Política. Actualmente, cursa sus estudios graduados en Periodismo en la Escuela de Comunicación de la UPRRP. Sus temas de interés son política, género, salud, educación y cultura.