Rosaura, a sus 52 años, recuerda el patrón de maltrato que vivió por parte de su exesposo en la República Dominicana y que le llevó a migrar hasta Puerto Rico. “En estos días, me puse un pantaloncito cortito y me llegaron los recuerdos a mi cabeza. Esa noche, no dormí porque él cogía y me lo ripiaba, me lo rompía encima”, narra acerca del control que él ejercía sobre su vestimenta. A esta situación, se añadían agresiones físicas y emocionales.
Su relato se recoge en el libro Narrativas de Lucha: Mujeres inmigrantes y violencias de género en Puerto Rico, un esfuerzo investigativo por parte del Centro de la Mujer Dominicana (CMD) y la trabajadora social Elithet Silva Martínez, dirigido a conocer la situación de las mujeres inmigrantes en el país.
De acuerdo con el proyecto en el que se analizaron los expedientes de 1,431 mujeres que visitaron el CMD, entre 2008 y 2021, nueve de cada diez mujeres inmigrantes reportó violencia emocional y más del 75% violencia física.
A esta situación se suma que más de la mitad estaban amenazadas de muerte por su pareja.
Entre 2018 y 2022, al menos 3% de la población de Puerto Rico identificaba su lugar de nacimiento fuera de Puerto Rico, según datos del Censo. En el estudio realizado por CMD y Silva Martínez, nueve de cada diez mujeres provenían de República Dominicana; el resto, de Latinoamérica (10%), Europa (1%) y Medio Oriente (0.1%).
Opciones de servicios para esta población
No obstante, cuando se trata de solicitar servicios para mujeres inmigrantes que son víctimas y sobreviven la violencia dentro de Puerto Rico, las opciones son limitadas. “En Puerto Rico, la verdad es que no existen tantos recursos como quisiéramos”, expresó, en una entrevista, Silva Martínez, quien codirige el programa SIEMPRE VIVAS Metro, una iniciativa de apoyo, acompañamiento y asesoría a víctimas y sobrevivientes de violencia de género en el país, especialmente entre la comunidad universitaria.
Silva Martínez denunció que la situación de estatus migratorio no definido vulnera aún más a esta población. “La mal llamada ‘ilegalidad’ le daba a estas mujeres una situación de mayor vulneración no solamente con sus parejas y exparejas, sino también con empleadores”, detalló entre los hallazgos de su investigación publicada en 2023.
Aunque las mujeres inmigrantes pueden solicitar órdenes de protección y ampararse a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54), Silva Martínez resaltó que muchas mujeres no lo consideran una opción. Algunas optan por visitar el CMD para buscar ayuda, por ser una de las pocas opciones comunitarias y feministas que trabaja específicamente con la población inmigrante.
“El hecho de que haya una organización de mujeres con base feminista [y] con base comunitaria le da un matiz distinto a esa provisión de servicios… El que existan organizaciones como el Centro de la Mujer Dominicana… es un gran regalo que tiene Puerto Rico”, enfatizó.
En el 2022, la Coordinadora Paz para las Mujeres publicó un manual en el que se detallan algunos de los servicios a los que esta población puede acudir en caso de sufrir violencia. Entre estos se encuentran los siguientes:
- Casa de la Bondad, en Humacao, (787) 852-2087
- Casa Protegida Julia de Burgos, San Juan, (787) 723-3500
- Casa Protegida Julia de Burgos, Ponce, (787) 284-4303
- Casa Protegida de Mujeres y Niños, Arecibo, (787) 879-3300
- Casa Protegida de Mujeres y Niños, Mayagüez, (787) 831-2272
- Casa Juana Colón apoyo y orientación a la mujer, Inc, Comerío, (787) 637-3574
- Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, (CAVV), línea de ayuda 24/7, (787) 765-2285
- Centro de la Mujer Dominicana, Río Piedras, (787) 772-9251
- Oficina de la Procuradora de las Mujeres, San Juan, (787) 721-7676
Formas de apoyar o mejorar los servicios para esta población
Romelinda Grullón fundó, hace cerca de 20 años, el CMD y asegura que la situación colonial de Puerto Rico impide flexibilizar los procesos para obtener la ciudadanía. “Cualquier tipo de reforma migratoria, que sería una alternativa para las personas que están aquí indocumentadas, para que se puedan regularizar, tiene que venir directamente de Estados Unidos”, resaltó.
Sin embargo, detalló que los países de origen y Puerto Rico pueden trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida de sus residentes para que no tengan que migrar y, a su vez, mejorar las condiciones en que muchas personas migran. “Emigrar es un derecho, pero sabemos que emigrar en esas condiciones, arriesgando su vida, sin saber si va a llegar a merced de los estafadores, es un peligro”.
Asimismo, Noelia Delgado Rodríguez, trabajadora social del CMD, detalló que la organización comunitaria es fundamental para lograr avances.
“Es bien importante…que las personas inmigrantes podamos organizarnos para exigir al Estado más derechos… Entendemos nuestra posición colonial, pero es algo que nosotras podemos trabajar en el sentido de que anteriormente se logró que los inmigrantes obtengan la licencia de conducir, eso antes no existía, se veía como algo muy lejano, pero con la organización comunitaria, [y] con la política pública se logró”, destacó.
De igual forma, Delgado Rodríguez resaltó que se necesita más educación dirigida a policías, fiscales y jueces que evite revictimizar a esta población.
Por su parte, Silva Martínez, de SIEMPRE VIVAS Metro, reconoció que “la mejor forma de apoyar es sostener lo que existe” y detalló que donar a las organizaciones existentes, así como reconocer su trabajo y promoverlo, son formas en que las personas pueden ayudar.
Grullón y Delgado Rodríguez detallaron que el CMD provee servicios de autosuficiencia económica para que las personas migrantes puedan emprender en repostería básica; y ofrecen talleres educativos para romper el ciclo de violencia, educarse sobre sus derechos y las leyes migratorias y enfrentar el duelo. De igual forma, tienen grupos psicoterapéuticos para trabajar secuelas del trauma, depresión y ansiedad. Destacaron que todos los servicios son gratis.
