Ni una más: las familias de las víctimas de feminicidios reclaman reparación y justicia

Reparación y justicia por Elizabeth Barreto

A Jeanette Rodríguez Ramos la asesinó su expareja 11 días antes de que naciera su primera nieta. La bebé de ocho meses tiene como segundo nombre el de su abuela. Jeanette siempre quiso que se llamara como ella. 

Ithamary Rivera Martínez siempre soñó con tener su propio negocio como manicurista, pero su pareja terminó con su sueño, a sus 23 años, con un disparo mortal el 5 de agosto.

Rosa Julia Félix Gómez, a sus 54 años, quería estudiar enfermería para contribuir a mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19, pero no pudo lograrlo porque fue asesinada el 4 de septiembre.

Los sueños inconclusos se repiten una y otra vez cuando un hombre asesina a una mujer por su machismo.  

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Los feminicidios, además de arrebatar una vida, también trastocan la vida de los familiares de las víctimas. Son hijos, madres, padres, hermanas, primas y sobrinos y demás familiares que sufren pérdidas, angustias y traumas al tratar de buscar justicia para las personas que ya no están.

En lo que va de 2021, el Observatorio de Equidad de Género ha identificado unos 48 feminicidios perpetrados en Puerto Rico. De estos, 11 se clasifican como feminicidios íntimos, perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas, y uno como transfeminicidio. Los meses más violentos fueron abril y julio con siete casos, respectivamente. 

En 2020, hubo 61 feminicidios.

Los feminicidios, asesinatos por razón de género, son una violación a los derechos humanos y consisten en la forma más extrema de violencia contra las mujeres y personas feminizadas. El Estado es responsable de investigar, reparar y asegurar que los procesos del sistema de justicia de Puerto Rico sean diligentes y éticos para no aumentar el daño y la carga que sufren las víctimas indirectas de estos crímenes violentos. 

De acuerdo con el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio): “en numerosos contextos la impunidad en estos casos sigue siendo la norma […] La falta de compresión de la dimensión de género en estos crímenes y de su contexto, la insuficiente atención brindada a las quejas presentadas por las víctimas, las carencias en las investigaciones penales, el énfasis en los testimonios -más que en otros tipos de pruebas-, la errónea calificación jurídica de los delitos y el uso de circunstancias atenuantes para disminuir las penas son algunos de los muchos obstáculos a los cuales las víctimas y sus familiares se enfrentan en sus esfuerzos para acceder a la justicia”.  

Rodríguez Ramos, víctima fatal de la violencia de género en Isabela, era enfermera y propietaria de tres hogares de ancianos al oeste de Puerto Rico. Su expareja la asesinó, el 6 de marzo, en su casa frente a su hijo menor, de 13 años, quien intentó detener a su agresor y también fue apuñalado en su pierna izquierda.  

El menor de edad y sobreviviente le compartió a su abuela que, dentro de todo el proceso difícil por tener que contar lo que vivió múltiples veces a familiares, psicólogos, fiscales y al jurado, lo único que quería era justicia. 

“Hacerle justicia a su mamá, eso era lo único que él quería”, repetía su abuela Ermelinda Ramos Pérez. “El proceso acaba el 2 de diciembre con la declaración de la pena. Ahí, terminamos y cerramos la página. Nos queda vivir con mi nieto, que lo tengo aquí casi todos los días”, agregó.

Dilataciones en los procesos judiciales de feminicidios

A pesar de que el caso de Jeanette se esclareció en siete meses, el proceso para encontrar causa para juicio por asesinato en primer grado contra Heriel Elías Román Padin estuvo lleno de trabas. El hermano de Jeanette, Adam Rodríguez Ramos, y su papá, Eligio Rodríguez Rodríguez, interrumpieron sus agendas diarias para ir preparados a las vistas en el tribunal por el asesinato de Jeanette, y el juez las posponía porque la defensa no estaba preparada. Fueron tres vistas que nunca comenzaron.

“Yo salí con tanto coraje porque si llegaba a seis meses, lo soltaban. […] Y ahí fue que se me ocurrió la caminata y hacer un live en Facebook”, comentó Rodríguez Ramos, quien insistió en que si no fuera por esas acciones de presión en la opinión pública lo más probable el caso de su hermana seguiría sin esclarecer.

La familia de Jeanette convocó a una caminata, el 7 de mayo, por el municipio de Isabela bajo el lema Salimos por ella.

Además, aseguró que el proceso fue muy complejo y estresante porque los abogados del acusado también intentaron negociar bajar la pena a un asesinato en segundo grado. El paso del tiempo también provocó ansiedad en su sobrino, testigo principal del asesinato.

“Le decía: ‘Yo voy contigo hasta el final y siempre voy a estar aquí para cuidarte. No te voy a dejar solo’. Entonces, cuando fuimos un día, él vio cómo lo llevaban esposado de piernas y manos. Ese día, perdió el miedo”, contó el hermano de Jeanette sobre cómo acompañaba a su sobrino a cada vista.

Las víctimas indirectas de los feminicidios tienen derechos 

El manual de Lineamientos para la Comunicación del Personal de Procuración de Justicia en México con Víctimas Indirectas de Feminicidios Durante la Investigación Penal, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), define a las víctimas indirectas de los feminicidios como aquellas personas allegadas a la mujer asesinada que han sufrido algún daño de cualquier tipo como consecuencia del crimen. 

Sin embargo, existen ciertos grupos de la población que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad: los niños, adolescentes y personas adultas mayores con estatus migratorio irregular o con diversidad funcional. 

Entre los 48 feminicidios que ha contabilizado el Observatorio de Equidad de Género hasta el 19 de noviembre de 2021, ha identificado que 18 víctimas eran madres de 23 menores.

Por esta razón, el manual establece que las víctimas indirectas de feminicidio tienen derecho a la verdad, conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones de derechos humanos; a la justicia, acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito; y la reparación integral, recibir reparación de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido. 

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La lucha por la transparencia

Inicialmente, las víctimas indirectas desean transparencia en el proceso y un ejemplo es el movimiento que ha generado la familia de Andrea Ruiz Costas por tener acceso a las grabaciones del caso en que no se encontró causa para una orden de protección.

Ruiz Costas fue reportada desaparecida, el 29 de abril de 2021, y días después fue encontrada asesinada. El acusado de su asesinato, Miguel Ocasio Santiago, fue arrestado, y luego, se suicidó en el Complejo Correccional de Bayamón, informó el Negociado de la Policía.

Con el apoyo de familiares de Ruiz Costas, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Overseas Press Club (OPC) incoaron acciones judiciales separadas al Tribunal Supremo de Puerto Rico para solicitar la divulgación de las grabaciones de las vistas judiciales previas al feminicidio. Ruiz Costas acudió al Tribunal de Caguas, en tres ocasiones, en busca de protección del Estado ante un patrón de acoso por parte de Ocasio Santiago.

En mayo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó “no ha lugar” a las peticiones de estas asociaciones periodísticas de divulgar las grabaciones de los procesos judiciales en busca de su derecho a conocer la verdad y procurar que se haga justicia. 

La Asppro y el OPC anunciaron, el 21 de junio, la creación de la Alianza Pro Transparencia que llevaría la solicitud al Tribunal Supremo de Estados Unidos. La petición de acceso a la información se encuentra tramitándose en el Supremo Federal. La familia ha convocado varias actividades para exigir rendición de cuentas al sistema de justicia, pero aún no les han honrado su derecho de saber lo que ocurrió. 

“La jueza Maite Oronoz nos recibió el día de la manifestación frente al Tribunal Supremo. Hablamos unas cosas y salí bien esperanzada que ahora iba a haber comunicación abierta y que nos iban a dar respuestas. No volvimos a escuchar nada más. Todo fue darnos la cara ese día, una cara compungida de tristeza. ‘Los entendemos’, y después nada más. Nuestro dolor seguía aumentando por la situación de que a los abogados de la defensa sí fueron a solicitar los audios de las vistas, y sí se los dieron. Pero nosotros, que somos la familia de Andrea, ¿no tenemos derecho a saber?”, denunció Alexandra Ruiz Costas, hermana de Andrea.

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En Puerto Rico, existe la Carta de Derecho de las Víctimas y Testigos del Delito, de 1988. Esta legislación establece que toda víctima debe recibir un trato digno y compasivo por parte de todos los funcionarios que representen las agencias que integran el sistema de justicia criminal durante las etapas de investigación, procesamiento y sentencia.

Además, esta ley crea la Oficina de Compensación a Víctimas y Testigos del Delito con el propósito de proveer apoyo a esta población, que sufre las peores consecuencias de la violencia machista, y evitar que su entrada en el sistema de justicia se convierta en un trauma adicional.

El presupuesto de la oficina para la división de compensación del año fiscal 2021-2022 es de $464,000.

“Tenemos técnicos de servicio a víctimas distribuidos a través de las 13 fiscalías. Estos técnicos trabajan mano a mano con el fiscal y son los que atienden tanto a la víctima como a los familiares de esas víctimas. En primer lugar, cuando tenemos estos feminicidios, inmediatamente, nosotros, desde que el fiscal se activa para ir a la escena, se activa el técnico de servicio a víctimas”, detalló la licenciada Sheila Miranda Rivera desde su oficina, en la sede del Departamento de Justicia, en Puerto Nuevo.

Durante el año fiscal 2020-2021, que culminó en octubre, la Oficina de Compensación a Víctimas y Testigos del Delito cerró con un presupuesto federal de $418,000 y un presupuesto estatal de $458,000. De este total, $369,096.47 fueron utilizados para compensaciones pagadas por asesinatos en el año fiscal 2020-2021.

Además, durante este periodo se proveyó 10,571 servicios de técnicos a víctimas de violencia doméstica, 978 de delitos sexuales en menores, 805 de asesinatos y 192 de agresión sexual.

La licenciada Miranda Rivera explicó que les fue imposible identificar, específicamente, los datos sobre feminicidios dentro de la división de servicios ofrecidos a casos de asesinatos porque esta información no se recopila con esa especificidad. 

“No obstante, a partir de la aprobación de la Ley Núm. 40 de 2021 (legislación para tipificar el feminicidio y transfeminicidio como delito), estamos solicitando este dato a nuestros técnicos de asistencia a víctimas. Respecto a los pagos de compensación en casos de asesinato, hemos revisado los expedientes para identificar las reclamaciones recibidas específicamente respecto a mujeres asesinadas en incidentes relacionados con violencia doméstica”, sostuvo Miranda Rivera.

Respecto a la división de compensación de la oficina, los datos suministrados señalan que, en los años fiscales 2019-2020, 2020-2021 y lo que va de 2021-2022, solo 20 casos de feminicidios, relacionados con la violencia doméstica, han recibido compensación económica. 

De las 65 compensaciones por asesinato, en el año fiscal 2021-2022, que comenzó en octubre, solo una está relacionada con la violencia doméstica. En el 2020-2021, de 113 compensaciones, nueve por asesinato estuvieron relacionadas con la violencia doméstica. De estos casos, cuatro mujeres eran madres de 11 menores.

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Con referencia a la Oficina de Compensación a Víctimas y Testigos del Delito, la directora ejecutiva de Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez, dijo que, cuando hay un caso sometido a través de fiscalía, el fiscal tiene que referir esa familia a los servicios de la Oficina de Víctimas y Testigos, pero no siempre pasa. 

“No siempre se refiere, a veces, por pereza o por algún tipo de prejuicio del fiscal o la fiscal a cargo, pero la realidad es que esa oficina está preparada con técnicos para dar ese acompañamiento. Además, puede referir a servicios psicológicos”, señaló.

Los juicios criminales son extremadamente traumáticos para las familias por la revictimización que suele utilizar la defensa para buscar elementos para bajar la pena del acusado. En algunos casos, los abogados recurren a atacar la vida en libertad de las víctimas, su salud mental o relaciones previas. Todo esto aumenta el daño a la dignidad de la víctima, quien no puede defenderse en sala porque fue asesinada, y sus familiares, que están en proceso de duelo.

Ruiz Costas recordó que la psicóloga que les fue asignada preparó a sus padres para que escucharan “lo peor de Andrea” en esa sala. Además, la familia recibió ayuda para cubrir parte de los gastos por los servicios fúnebres.  

Poca urgencia del Estado de Emergencia 

Para atender muchos de los problemas de dilación de los casos y prevenir los feminicidios, expertas en violencia de género también cuestionaron los trabajos del gobierno tras la declaración de un Estado de Emergencia.   

El 23 de noviembre de 2018, un grupo de mujeres, liderado por la organización Colectiva Feminista en Construcción, se plantó en La Fortaleza para que se declarara un Estado de Emergencia para atender la crisis de violencia de género que vivía el país. Ese año, 24 mujeres fueron asesinadas por sus parejas y exparejas, y familiares sufrían las injusticias del sistema.

Luego de dos años, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia firmó, el 25 de enero de 2021, la orden ejecutiva con la que se declaró el Estado de Emergencia. 

Una de las acciones de la declaración del Estado de Emergencia era crear un comité interagencial y con participación del tercer sector para encaminar los trabajos. Los informes del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE) deben ser publicados mensualmente. 

Esta orden ejecutiva tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2022, y es prorrogable por el gobernador a petición del Comité PARE.

Según la oficial de cumplimiento del Comité PARE, Ileana Espada Martínez, la labor ha sido “fiscalizar, dar seguimiento y monitorear que las agencias encaminen las acciones que PARE, como consejo asesor, recomienda”. 

“Había que atender el manejo de los casos a nivel judicial y los procedimientos expeditos. Sabemos que los casos se tardan en los tribunales un año, dos años, tres años y es algo que no podemos hacernos de la vista larga. Tenemos que capacitar y adiestrar al personal, porque es el personal de primera respuesta, porque identificamos la falta de empatía, sensibilidad y compromiso”, declaró Espada Martínez. 

Entre las acciones concretas de este cuerpo, la fiscal mencionó que ha logrado mayor capacitación de las agencias que directamente atienden a víctimas, recopilar estadísticas con recomendaciones del Observatorio de Equidad de Género, realizar vistas públicas a través de las siete regiones de la isla, crear un portal educativo, promocionar la campaña El Momento del PARE y consolidar el Centro de Operaciones de Órdenes de Protección (COPOP), que estará trabajando un registro centralizado y electrónico para monitorear las órdenes de protección. 

A nivel legislativo, uno de los proyectos de ley más significativos este año fue el PS 130, convertido en la Ley 40-2021. Esta legislación enmienda el Código Penal de Puerto Rico para definir el feminicidio y el transfeminicidio como conductas que constituyen el delito de asesinato en primer grado.

“Lo que buscábamos con la aprobación del Proyecto de Senado 130, que se convirtió en la Ley 40, era categorizar de la forma correcta para poder encausar y delinear cuáles iban a ser las estrategias para atenderlo. La recopilación de estadísticas en este proceso es sumamente importante. Nos van a permitir establecer cómo se va a atender el proceso y yo creo que ya se están viendo los resultados. La Policía de Puerto Rico se ha unido a este esfuerzo”, detalló, por su parte, la senadora Migdalia González Arroyo, autora del proyecto. 

Además, se aprobó la Ley 21-2021 que tipifica como delito la venganza pornográfica. Otra nueva ley que impacta directamente a las víctimas es la Ley 33-2021 que incluye protecciones en la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos del Delito a las personas con estatus migratorio irregular. 

“Un tema que siempre ha estado como prioritario en PARE son las estadísticas. Sin estadísticas, no podemos conocer la magnitud de la situación y si estamos respondiendo de manera adecuada. Así que eso también ha sido otro de los puntos que la orden ejecutiva ha establecido para tener un sistema que realmente perdure”, explicó la licenciada Espada Martínez.

A pesar de las acciones del Comité PARE, representantes de organizaciones que brindan servicios y activistas señalaron la pobre urgencia en atender la violencia de género desde la raíz. En especial, criticaron el tranque en el Departamento de Educación con la implementación de un currículo con perspectiva de género, que sería una herramienta indispensable para que los trabajos sean en su mayoría preventivos y no reaccionarios.

“Luego de haberse declarado un Estado de Emergencia, pues no hay resultados. Los feminicidios, que se han hecho públicos, representan las maneras más viles y macabras en las que se han asesinado a mujeres. Son casos horrendos. Y cada vez, las maneras de la violencia que se están ejerciendo sobre las mujeres y cuerpos feminizados es mucho más cruel”, señaló la portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción, Shariana Ferrer Núñez.  

Por su parte, la senadora Ana Irma Rivera Lassén sostuvo que la agenda del Comité PARE ha sido lenta, en especial con la incorporación de la perspectiva de género en la educación.

“Me parece que en temas como la perspectiva de género en la educación están demasiado lentos. Dicen que van a empezar en tal fecha, y no empiezan. Entonces, lo siguen alargando. Me parece que mientras más lo alarguen, menos efectivo es el resultado final. Llevamos demasiado tiempo. Desde antes que se hiciera un comité, existían posibilidades de poner un currículo con perspectiva de género”, explicó la legisladora.

“Yo sé que hay gente haciendo un trabajo extraordinario, pero me parece que a los representantes de las agencias les falta ponerle ganas al proyecto y lograr que avance a un ritmo más acelerado, como realmente lo necesitamos. […] Falta enlaces con otras cosas que son indispensables para que una mujer salga del ciclo de maltrato, que puede terminar en un feminicidio. Falta tanto en el tema de vivienda, de oportunidades económicas, de los espacios seguros…”, compartió, por su parte, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón.

Justicia transformativa para las víctimas indirectas

Las portavoces de la Colectiva Feminista en Construcción Zoán Dávila Roldán y Ferrer Núñez coincidieron en que justicia transformativa consiste en develar que la violencia de género es estructural para poder erradicar esas desigualdades desde las raíces.

Las activistas, a partir de la teoría feminista negra, han querido traer a sus espacios términos como la justicia transformativa, ya que el propósito de su movimiento es que la justicia parta de la transformación del sistema. 

“La justicia transformativa, a partir del trabajo que nosotras hacemos, es poder cambiar las condiciones de vida en las que vivimos las mujeres y las personas que nos vemos afectadas por el sistema y por las violencias del sistema. Entonces, justicia es poder tener mejores condiciones de vida, no vivir la violencia y que podamos generar cambios en la sociedad”, expresó Zoán Dávila.

Asimismo, señalaron que la justicia transformativa cuenta con propósitos muy distintos a los que persigue el punitivismo, que reproduce las lógicas del patriarcado. ​​

“La justicia transformativa sí atiende las raíces del problema; el punitivismo, no. Y parte de los principios de la justicia restaurativa es cómo atendemos el problema sin reproducir las mismas lógicas que provocan el problema”, explicó Dávila Roldán. 

De igual forma, Ferrer Núñez dijo que hay que ser respetuosos en cómo los familiares expresan su duelo y apalabran qué es justicia para ellos cuando han sido víctimas secundarias de la violencia de género que arropa el país, pero también se debe realizar un distanciamiento de ese sentir para plantear lo que debe hacer la sociedad ante esta problemática.   

“Cuando hablamos de justicia hay grados o dimensiones de esa justicia. Que las familias o las personas más cercanas en esa pérdida puedan ser acompañadas, protegidas, puedan procesar esas dolencias. Por eso, al hablar de justicia, hay que tener en cuenta la raíz del problema”, añadió Ferrer Núñez, al señalar que el problema se sostiene por un sistema patriarcal que estructura las diversas formas de ejercer violencia y vulnerabilizar a las mujeres. 

Que no haya impunidad 

La senadora Rivera Lassén también reconoce que parte de la justicia restaurativa es que las personas que cometen la agresión se responsabilicen por sus actos y se trabaje el problema a niveles macros como una sociedad que busca mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. 

“La justicia restaurativa no es la venganza, no es la penalización por penalización, es la búsqueda de que no haya impunidad, pero que la manera en que se procesa sea una manera que a largo plazo también tenga el resultado de prevenir. La justicia restaurativa parte de la premisa de que el proceso mismo de enjuiciamiento tiene que tener un gran componente social, donde la comunidad, la sociedad, sea parte de la búsqueda de las soluciones a largo plazo”, detalló la expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Por su parte, Pagán Jiménez dijo que cuando ocurre un feminicidio, realmente, no hay nada que pueda hacer justicia, porque nada le devolverá la vida a la mujer asesinada y tampoco borrará el trauma de los familiares. Por esta razón, enfatiza en la importancia de trabajar para lograr una estructura social y económica en la que las mujeres y personas feminizadas no sean víctimas de violencia. 

“¿​​Cómo se repara el daño causado a esa familia? Bueno, tendría que haber una respuesta del Estado que considere todos esos elementos y que provea espacio terapéutico desde una visión de trauma y que provea, a la misma vez, un espacio dentro del sistema de justicia, para que esas familias puedan, número uno, entender cabalmente los procesos judiciales o legales por los cuales van a atravesar como familia de una persona asesinada, donde los fiscales o los fiscales a cargo del caso saquen de su tiempo para entender el caso que están manejando y transmitir de forma sensible la información a los familiares, en donde la administración de tribunales tenga en sus salas de los tribunales personas sensibles al trauma para que no las revictimicen”, recomendó Pagán Jiménez. 

De igual forma, la analista del Observatorio de Equidad de Género, Debora Upegui Hernández, comentó que las víctimas indirectas de los feminicidios deberían generar un movimiento, como ha sucedido en México y Argentina, en el que reclaman esa justicia y reparación. 

“Aquí, nunca se ha hablado de que los hijos deberían estar recibiendo educación gratis. O sea, qué es lo que va a sacar una persona de todos sus contextos de trauma y violencia, etcétera, pues educación y acceso a oportunidades diferentes. […] Nuestro trabajo está en esclarecer la verdad, la experiencia de estas mujeres y restituir su dignidad porque no son cuerpos desechables, son vidas humanas que son valiosas y que se perdieron”, apuntó Upegui Hernández. 

La reparación debe mirar cuatro dimensiones de intervención dirigidas al empoderamiento, la rehabilitación, el restablecimiento emocional y psicológico y la compensación económica por los daños, según el Marco de abordaje integral para la prevención, atención y reparación de la violencia contra las mujeres y las niñas, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

“Esa justicia restaurativa sería que estos 26 casos del año pasado que estaban bajo investigación, los casos de este año que tenemos bajo investigación, esos casos de niñas y mujeres desaparecidas, que no sabemos qué ha pasado, pues se trabajen. Esa es la justicia que queremos”, agregó la doctora Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género.

Capacitación con perspectiva de género en el sistema de justicia 

Espada Martínez, portavoz del Comité PARE, reconoció que si las escuelas de derecho no comienzan a analizar los temas con perspectiva de género en sus clases, muchos estereotipos seguirán siendo reproducidos. Además, recalcó que cree que la justicia restaurativa beneficia a todas las partes de un juicio. 

“Ha habido muchos esfuerzos de capacitación por la rama judicial. Lo tengo que reconocer, pero nos falta. Nos falta camino que recorrer. Hubo una revisión reciente a las reglas de procedimiento criminal. Las reglas de evidencia siempre nos dicen que tiene que haber una solución justa, rápida y económica. Y mientras los procesos se dilaten, no vamos a tener ni decisiones justas para nadie, ni rápidas y mucho menos económicas para el Estado”, opinó la oficial de cumplimiento de PARE.

La licenciada también apuntó que la cobertura mediática de los feminicidios reproduce estereotipos y discursos violentos contra las víctimas. Estas dinámicas refuerzan que el proceso judicial criminal se vea expuesto a discusiones públicas en contra de la dignidad de las víctimas y sus familiares.    

Según Rivera Lassén, el proceso es atropellante porque es revictimizante y se enjuicia paralelamente a la víctima del feminicidio y a sus familiares.

“En esos casos, sí que se empieza a cuestionar y ver una especie de mantener viva esta visión patriarcal de que hay un sentido propietario de la vida de las mujeres y, en general, sobre cuál es el deber ser o la manera en que deben actuar las mujeres en la sociedad para evitar que nos maten o que seamos víctimas de algún tipo de violencia de género. Y eso es el patriarcado vivo. El patriarcado funciona todavía en los tribunales, aunque se esté tratando de hacer un ejercicio distinto”, manifestó. 

Por su parte, la licenciada Verónica Rivera Torres, quien ha acompañado a familiares en juicios criminales, recalcó que los procesos judiciales largos aumentan las cargas emocionales a las que ya están expuestas estas personas. 

“He acompañado a familiares de víctimas donde literalmente la única defensa articulada por parte del abogado son nociones bien estereotipadas, bien violentas y sexistas. Me parece que eso no puede ser. […] El problema son las cancelaciones de las vistas; no el derecho constitucional del habeas corpus”, declaró la abogada y activista de derechos humanos sobre esta garantía constitucional que se utiliza para solicitar la excarcelación de una persona cuando se excede del término de seis meses.

Asimismo, la senadora Rivera Lassén recalcó que la perspectiva de género en el sistema contribuye a que no haya impunidad y que exista la garantía de no repetición.

“Que la manera en que se procesa sea una manera que a largo plazo tenga el resultado de prevenir que se siga haciendo lo mismo en ese sentido, pues el asunto del componente educativo es superimportante”, insistió Rivera Lassén.

La ONU también reconoce que el acceso a la justicia constituye un elemento central de esas obligaciones del Estado de reparar el daño. “Deben contar con sistemas de justicia adecuados que aseguren a las mujeres víctimas de la violencia, el acceso a los mecanismos de justicia penal y restaurativa”, establece el protocolo de investigación de feminicidios.

En Puerto Rico, las familias han asumido ese reclamo de justicia.

“Lo mínimo que podemos hacer por Andrea es evitar que esto siga pasando. Una persona más que podamos ayudar, que podamos salvar o algo mínimo en el sistema que podamos arreglar, vale la pena. No nos cuesta nada. […] Porque esto es por ella, en nombre de ella. Ella lo despertó en nosotros y en otros ciudadanos”, sentenció Ruiz Costas.

En medio del dolor, la lucha por la transparencia, la justicia y la rendición de cuentas les mantiene en pie.


Si tú o alguna persona conocida está en situación de violencia, llama a la Línea de ayuda 787-489-0022. Mira más recursos de ayuda aquí.


Edición

Amary Santiago Torres y Cristina del Mar Quiles

Reportaje

Adriana Díaz Tirado y Alejandra Lara Infante con la colaboración de Valeria Torres Nieves

Ilustraciones

Elizabeth Barreto

Visualizaciones e infográficas

Laura Moscoso y Adriana Díaz Tirado

Perfiles

Adriana Díaz Tirado, Alejandra Lara Infante, Amary Santiago Torres, Syra Ortiz Blanes y Valeria Torres Nieves

Redes sociales

Cristina del Mar Quiles, María de los Milagros Colón Cruz y Brandon Cruz

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