Columna de la psicóloga Mercedes Rodríguez López
(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)
 
Las luchas feministas por la justicia y equidad de las pasadas cinco décadas dieron paso a un movimiento de “mujeres ayudando a mujeres” que sigue vivo en el desarrollo de organizaciones, redes de apoyo, programas de servicios, albergues y espacios comunitarios, educativos, laborales y religiosos. Esas luchas, apoyadas por un cuidadoso análisis desde las perspectivas de género y derechos humanos, contribuyeron a que hoy contemos con leyes que prometen efectividad y sensibilidad en la prevención y atención de delitos sexuales, violación, acecho y hostigamiento sexual en el hogar, la calle, el empleo y los centros educativos.


Sin embargo, la historia de la reivindicación de los derechos de las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual se sigue escribiendo con enormes frustraciones. Sobre esa frustración hablamos las mujeres cuando compartimos nuestras experiencias en la vida cotidiana, en el trabajo y en nuestras propias organizaciones. Se confirma en los testimonios que leemos en las redes, en los comentarios hostiles que generan o en el modo de presentar las noticias en los medios de comunicación. A pesar de los avances, de maneras explícitas o solapadas, las mujeres, e incluso las niñas y adultas mayores, todavía somos juzgadas y también responsabilizadas cuando somos víctimas de abusos sexuales. La culpa histórica heredada, sigue ahí, siempre ahí, en los cuerpos de las mujeres.

La crianza y socialización que cargan a las mujeres de una responsabilidad mayor por llevar cuerpos de mujeres son las que cargan también con la culpa cuando esos cuerpos son victimizados. Presumimos que las victimizadas se lo buscaron o no hicieron lo suficiente para protegerse o evitar el ataque. Incluso, lo pensamos cuando somos nosotras mismas las víctimas.

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Ni hablar de la sospecha que prevalece en los espacios informales donde “juzgamos” a las víctimas de agresiones sexuales como fáciles, promiscuas, putas, putitas, busconas, zorras, perras, cueros, flejes, guerrilleras, entre otras variantes. “Le hizo un rancho”, “le quiere sacar chavos”, “se le sobró” y “se lo gozó, pero se arrepintió” son expresiones comunes usadas para trivializar las gestiones de las víctimas cuando se atreven a denunciar a sus hostigadores o violadores.

El Derecho y las estructuras legales reproducen la ética de justicia que emana de la historia y la cultura donde se enmarcan. En Puerto Rico, como en otros lugares, a pesar de los logros en el reconocimiento de los derechos humanos, nos seguimos criando y socializando dentro de un sistema que todavía privilegia a los hombres y pone el peso de la sospecha sobre las mujeres, a quienes tiende a responsabilizar de los crímenes sexuales.

No es de extrañar, entonces, que la mayoría de las víctimas de violencia sexual no se atreva a hablar, no busque ayuda y sufra en silencio los efectos del trauma. Si añadimos que el victimario típico sigue siendo una persona conocida para la víctima, lo que hace menos probable que ella reporte el crimen, se entiende por qué solo un reducido número de víctimas y sobrevivientes llegue a la atención de las autoridades de justicia, y de esas, muy pocas sobrevivan a las exigencias de las diferentes etapas del proceso de investigación.

El peso que coloca el sistema de justicia sobre las víctimas-sobrevivientes, sus familiares y allegados sigue siendo excesivo, injusto. Las prácticas del sistema vulneran aún más a la persona sexualmente violentada, exponiendo su intimidad, cuestionando su palabra, culpabilizándola por la violencia, lacerando su reputación e interfiriendo adversamente en sus intentos y procesos de recuperación y sanación. Las experiencias en los tribunales raras veces las hacen sentir protegidas. Es como si las prácticas y los intereses de la justicia no estuvieran armonizados con los intereses de las víctimas, sino en lucha.

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Aunque a veces sorprenden instancias particulares en el manejo de casos en los que las víctimas se sienten comprendidas y respetadas, en términos generales, el sistema en el que las víctimas ponen sus esperanzas confronta dificultades para desarrollar consistencia en las conexiones de empatía y confianza. El descubrimiento, el pasado año, de más de 2,000 safe kits almacenados en el Negociado de Ciencias Forenses, con evidencia sin procesar de crímenes sexuales, algunos desde el 2004, unido a la pobre respuesta del Gobierno para encontrar un remedio rápido y justo ante esta negligencia institucional, aumenta la brecha de desconfianza entre las víctimas y los sistemas de justicia.

Por siglos, desde el saque, “la culpa” ha sido nuestra. Es hora de empezar a hacer justicia básica desde los primeros años de vida, mediante una educación que deje de juzgar, devaluar y estigmatizar los cuerpos de las mujeres; que potencie la autonomía y el respeto de todos los cuerpos, con todas nuestras diferencias; que reconozca el poder, los derechos y la libertades humanas para cuidar y no para violentar. Esa, la hora de la equidad, será también la hora de la justicia para las mujeres.

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Mercedes Rodríguez López
Escrito por Mercedes Rodríguez López
Psicóloga social, feminista y colaboradora en proyectos de paz. Fue directora del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación y de la Comisión para los Asuntos de la Mujer. Es miembro fundadora de la Casa Protegida Julia de Burgos.