(Foto de archivo de Ana María Abruña)
Aunque el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, firmó recientemente una orden ejecutiva que establece “un plan de acción integrado para la prevención de violencia contra las mujeres”, la trayectoria de inacción y falta de transparencia ante los casos de violencia de género continúa generando desconfianza en el gobierno, según líderes comunitarias de organizaciones feministas.
Desde la falta de estadísticas hasta la ausencia de protocolos para manejar a quienes sufren la violencia machista en Puerto Rico, las agencias gubernamentales carecen de programas que integren la perspectiva de género en su gestión.
“El Estado nos hace sangrar en muchos aspectos, dejándonos, a veces, sin herramientas para poder trabajar la opresión hacia las mujeres. Las agencias tienen que publicar muchos más datos de los que están publicando. Hay un asunto también de que no existe esa cultura de garantizar el derecho a la información”, expresó Janice Soliván Roig, integrante de Casa Juana Colón en Comerío.
“Yo puedo dar fe que los datos de la Policía no se pueden confiar, ni en los que tienen escondidos, ni en los que publican”, agregó Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0.
Ante este cuadro de incertidumbre en lo que respecta a la gestión del gobierno, Soliván Roig y otras líderes feministas hicieron hincapié en el valor del trabajo comunitario en los procesos de intervención con víctimas de violencia de género y en el desarrollo de estrategias de empoderamiento dirigidas a mujeres que viven en condiciones precariedad económica.
“Cuando una mujer tiene que llegar a la Policía, es porque ya la sociedad fracasó y eso es algo que tenemos que tener bien claro. El sistema de justicia no es un sistema de prevención de violencia. No es la Policía quien previene. La Policía interviene e investiga, pero quien previene es la comunidad”, comentó, por su parte, Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva del Proyecto Matria.
Las declaraciones de Soliván Roig, Narváez y Pagán Jiménez surgieron en medio de la celebración del conversatorio Acción comunitaria ante la sangre que ignora el Estado, el pasado miércoles, en Santurce.
De acuerdo con las exponentes, el gobierno actual ha pretendido proyectarse como una administración que apoya la equidad e integra la perspectiva de género solo por el hecho de aumentar el número de mujeres como jefas de agencias. Sin embargo, el Departamento de Educación continúa oponiéndose a la integración de un currículo con perspectiva de género como parte de sus acercamientos pedagógicos y oferta académica.
“Tenemos un gobierno donde hay un Concilio de Mujeres, hay jefas de agencia mujeres, pero el que una persona sea mujer no la hace feminista, no hace que tenga perspectiva de género, ni le permite entender las dinámicas de las desigualdades y, muchos menos, las intersecciones de las opresiones para tomar las medidas necesarias”, añadió Pagán.
Partiendo de un enfoque interseccional que enfatice las desigualdades de clase y las diferencias económicas regionales en Puerto Rico, Pagán instó al gobierno a atender la política pública en temas de equidad como un asunto estructural y de derechos humanos.
“La equidad se obtiene con desarrollo económico, con vivienda, con participación política, con acceso a servicios y con garantías a derechos humanos”, puntualizó la portavoz de Matria.
