Vilmarie Rivera Sierra retratada por Ana María Abruña Reyes en febrero de 2023, mientras fungía como procuradora de las Mujeres, antes de enfrentar un proceso de vistas públicas que describió como “violento” y que provocó que pidiera el retiro de su nombramiento.
La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) se gestó como un esfuerzo del movimiento feminista en los años 90, pero el mismo movimiento que la impulsó se ha convertido en promotor de su reformulación desde hace, al menos, nueve años, ante la inefectividad de los gobiernos para hacer valer la política pública descrita en la ley orgánica que la creó en 2001.
Múltiples voces han reclamado la transformación de esa oficina desde 2014, cuando propusieron la Defensoría de las Mujeres y la Equidad de Género, que incorporaba mayor participación ciudadana a través de un consejo directivo. Este organismo rector venía a sustituir el consejo consultivo, un cuerpo que, establece la Ley de la OPM, deben integrarlo siete personas con conciencia de género para asesorar a la oficina. Los gobernadores de la última década lo han dejado vacante y la senadora de ultraderecha, Joanne Rodríguez Veve, ahora propone eliminarlo.
“La OPM está secuestrada por dinámicas político partidistas que nada tienen que ver con la política pública que creó la OPM”, observó Coraly León Morales, presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género. León Morales impulsó la confirmación de Vilmarie Rivera Sierra, a quien el gobernador Pedro Pierluisi nominó como procuradora, pero nunca tuvo los votos para ser confirmada por el Senado. Tras un proceso de vistas públicas que luego describió como “violento” y en el que faltó una evaluación justa de sus capacidades, pidió a Pierluisi que retirara su nombramiento.
Evaluar la labor de la OPM requiere complejizar el contexto de oposición y obstaculización al que se ha enfrentado desde 2008, luego de que la primera procuradora de las Mujeres, María Dolores “Tati” Fernós López-Cepero, dejó la posición. La labor de la oficina ha estado entorpecida por sectores de la ultraderecha conservadora en la legislatura que se han negado a confirmar a las mujeres recomendadas para el puesto. A juicio de las entrevistadas, también ha primado el control partidista para reprimir la fiscalización que pueda ejercer la procuraduría sobre otras agencias públicas.
“Tan pronto empezaron a nombrar personas por partidismo, no por los criterios nuestros, ni a personas que tuvieran independencia de criterio, la oficina empezó a resbalar y no se ha puesto de pie más nunca”, indicó la coordinadora de la Organización Puertorriqueña de Mujeres Trabajadoras, Josefina Pantoja Oquendo.
La Ley núm. 20 de 2001 exige que la designada sea “de reconocida capacidad profesional e independencia de criterio, que se haya distinguido por su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres, en la lucha por la eliminación de todas las manifestaciones de opresión, marginación y discrimen, por su respeto a las diferencias y que esté dispuesta a hacer un análisis continuo de la situación de las mujeres desde una perspectiva de género”. También, establece que el gobernador o gobernadora “podrá solicitar y recibir recomendaciones” de los grupos identificados con los derechos de las mujeres y la equidad de género.
“Si la oficina continúa trabajando como hasta ahora y en los últimos 10 años, no tiene razón de ser en términos de la política pública para lograr la equidad. Se ha convertido más en una oficina ejecutiva, que da servicios, en lugar de promover la política pública para la equidad”, expresó, por su parte, Sara Benítez Delgado, socióloga y copresidenta de la Junta de directoras de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico.
Una oficina “echada a pérdida”
La primera procuradora de las mujeres se había expresado en términos similares en una entrevista que concedió a Todas en noviembre de 2020.
“Hay varias organizaciones de mujeres que ya hemos echado a pérdida esa oficina. No tan solo por lo que no hace, sino porque se convirtió en un apéndice del partido en el gobierno, y eso habíamos tratado de evitarlo desde el principio”, puntualizó aquel entonces Fernós López-Cepero, quien falleció en febrero de 2022.
La OPM fue dotada de poder investigativo, fiscalizador y cuasi judicial, con el propósito de velar que se cumpla la política pública de garantizar los derechos de la mujer, así como su desarrollo individual y socioeconómico. Para ello, puede realizar estudios o investigaciones sobre las causas de las desigualdades y la participación de las mujeres en todos los ámbitos, pedir a las agencias públicas planes de acción, acudir al tribunal y proponer legislación. Por su carácter fiscalizador, se le otorgó independencia jurídica.
“Queríamos separarla del proceso político electoral y partidista, y por eso pusimos que el gobernador, al nombrar, consultara con los grupos de mujeres”, recordó Fernós López-Cepero en aquella entrevista. El nombramiento se extiende también durante 10 años, para que trascienda el término electoral.
No obstante, las consultas sólo se han honrado en tres de los cinco nombramientos. Cuando renunció Fernós López-Cepero, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá hizo la consulta y nominó a Martha Mercado. El Senado presidido por Thomas Rivera Schatz dejó vencer el nombramiento al cabo de un año sin confirmar.
“Después de eso, cuando vino (Luis) Fortuño, él no consultó a nadie. A la primera que nombraron, que fue una compañera excelente, del partido de Fortuño, pero como ella es gay y había hecho expresiones a favor del derecho al aborto, el Senado de Rivera Schatz dijo que no la iban a confirmar. Era una mujer muy comprometida. Muy de su partido, pero muy feminista. Después de eso, no hubo más ninguna consulta”, recordó Fernós López-Cepero en cuanto al nombramiento de Johanne Vélez.
Presupuesto mermado
El presupuesto también comenzó a mermar a partir de 2010. Según el Observatorio Fiscal, herramienta digital creada por Espacios Abiertos, los ingresos de la oficina han fluctuado entre los $4.2 millones y los $9.8 millones desde su creación. Entre 2017 y 2021, tuvo la cuantía más baja históricamente asignada.
Después de la declaración de emergencia por violencia de género de enero de 2021, el gobierno aumentó el presupuesto de la OPM. Este año fiscal 2023, se le asignaron $6.9 millones, que es la cantidad más alta en los últimos nueve años y se acerca a lo que se asignaba típicamente antes del año fiscal 2010.
GRAFICA
Otros incumplimientos han sido dejar vacante el consejo consultivo y dejar inoperante la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, también conocidos como programas de desvío, que permiten a agresores convictos evitar la cárcel si completan su participación en uno de estos programas.
“Estamos viendo la reincidencia de agresores y nadie le presta atención”, comentó Pantoja Oquendo.
Lee aquí: Pasan años sin fiscalización los programas de desvío para agresores por Ley 54
Reflexión y propuesta en 2014
Las insatisfacciones con la OPM llevaron a los grupos de defensa de los derechos de las mujeres a reevaluar y proponer reformular su estructura en mayo de 2014, tal como lo habían hecho previamente, en 1995, con la Comisión de Asuntos de la Mujer, adscrita a la Oficina del Gobernador. A 28 años de la creación de aquella comisión mediante la Ley 57 del 30 de mayo de 1973, las feministas promovieron la OPM como “un nuevo instrumento para una nueva época”, recordó la hoy senadora Ana Irma Rivera Lassén, en una ponencia de 2014.
“Hemos estado siempre en lucha; en proceso de evaluar y mirar nuestros propios caminos, y hacer reflexión sobre los logros y las limitaciones”, reflexionó Benítez Delgado.
La Defensoría de las Mujeres y la Equidad de Género fue una contrapropuesta al plan de la administración de Alejandro García Padilla de fusionar la OPM con el Departamento de la Familia. En ese entonces, surgió la campaña “Ni Wanda ni Familia” para defender la autonomía de la oficina al tiempo en que se señalaba que Wanda Vázquez Garced –hoy acusada por corrupción– no estaba cualificada para ejercer como procuradora de las mujeres.
La defensoría fortalecía la independencia, transparencia y participación ciudadana mediante el consejo directivo, responsable de establecer las políticas públicas y velar por su cumplimiento, es decir, fiscalizar a la propia directora.
Esa contrapropuesta se materializó en el Proyecto del Senado 1377, que la administración de García Padilla presentó el 11 de mayo de 2015, para crear la Defensoría de los Derechos Humanos, que cobijaba, entre otras, a la Defensoría de las Mujeres y Equidad de Género. La medida contó con el respaldo del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico y otras organizaciones feministas.
Sin embargo, el 21 de octubre de 2016, el entonces senador Ángel Rosa presentó un informe negativo con la única justificación de que “debido a que ya terminaron las Sesiones Ordinarias de la 17ma Asamblea Legislativa, ha finalizado el tiempo para considerar esta medida”.
El ambiente en la actual decimonovena Asamblea Legislativa tampoco parece estar para reconsiderar esa medida, que daría más participación a las mujeres y organizaciones feministas en la estructura gubernamental.
“No hay apertura al diálogo”, observó León Morales, quien dijo que veía en Rivera Sierra la capacidad de lograr consensos en una sociedad altamente polarizada.
Sobre las aseveraciones de Pierluisi de que iba a tratar de conseguir una candidata que no levantara pasiones, León Morales enfatizó: “La procuradora tiene que levantar pasiones porque tiene que asumir una férrea defensa de las mujeres en Puerto Rico. Lamentablemente, quieren que sea ocupado por una persona que no crea en los derechos de las mujeres”.
Conversación ante el feminismo institucional
Tanto la Procuraduría de las Mujeres como la anterior Comisión de Asuntos de la Mujer fueron respuestas institucionales al problema del discrimen contra la mujer. Pero, ¿qué le queda al movimiento cuando las instituciones incumplen su función y los gobiernos no responden al reclamo de equidad, sino a otros intereses electorales, religiosos o personales? Esa, en parte, es la conversación que ha surgido al interior del movimiento, y, por supuesto, es una discusión en la que no faltan las diferencias.
“La OPM viene de un grupo de mujeres que creían en ese modelo de trabajo de alianzas con el gobierno para la búsqueda de la equidad”, reconoció Benítez Delgado. Se trataba de una tendencia internacional impulsada, en parte, por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Otras corrientes feministas, en cambio, reaccionan a la incapacidad que tiene el gobierno de lograr la equidad y responde a la necesidad de que los feminismos trabajen de manera autónoma.
La Colectiva Feminista en Construcción, por ejemplo, ha rechazado las concesiones que implican las alianzas con el gobierno.
“No hay manera de adelantar nada sentándose a la mesa, doblegándose ante quienes mismo provocan nuestra tragedias. Ya van años de negociar con Pierluisi y los penepés a costa del movimiento”, expresó en Twitter Zoán Dávila Roldán, portavoz de la Colectiva.
La Colectiva también se distanció, en declaraciones oficiales, de Rivera Sierra por entender que “hubo una falta de postura clara y contundente en defensa de las personas trans y no binaries, a quienes también se debe la OPM” durante las vistas públicas para la confirmación de su nombramiento. La organización añadió que “se requería mayor firmeza para defender el derecho al aborto ante las mismas figuras que en estos momentos atentan contra ese derecho”.
“Los principios que guían el trabajo de la procuradora deben ser inamovibles y no pueden sujetarse a las exigencias o requerimientos de las mismas agencias e individuos que debe fiscalizar. Eso debe reflejarse incluso, en momentos en que la nominación está siendo considerada”, reiteró la organización política en su cuenta oficial de Twitter.
A juicio de León Morales, hay responsabilidades que corresponden exclusivamente al Estado, como atender los vacíos de política pública, asignar recursos para combatir la violencia de género, exigir adiestramientos sobre el tema, asignar fondos para el componente de las estadísticas y analizar los SAFE kits que se usan para confirmar la identidad de los agresores sexuales.
Aun así, ante lo que ha ocurrido, dijo que el enfoque probablemente será “fortalecer el rol fiscalizador desde las mismas organizaciones”, cosa sobre la cual ya han comenzado a conversar.
“Mientras el viento no cambie de dirección, nos va a tocar enfatizar en los señalamientos de incumplimientos y en los reclamos de derechos humanos desde las organizaciones”, coincidió Pa
