Apenas ocho días antes de disparar y asesinar a Iraida Hornedo Camacho, el feminicida Diego Figueroa Torres firmó una ponencia del Frente Unido Policías Organizados (FUPO) en la que afirmaba que “el Negociado de la Policía atiende todo caso de violencia de género como un problema de salud pública sin diferenciar el empleo de las personas envueltas en el asunto”. 

“Fue tu decisión. Es tu responsabilidad”. Esta es la advertencia que hace el profesor John Stinson Fernández, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, a estudiantes que son madres o están embarazadas y se matriculan en sus cursos. En los sílabos de sus clases les insta a no usar sus situaciones de vida “como una muletilla” para solicitar excepciones. 

Cuando Amanda Torres Cruz estaba embarazada, en 2018, continuó su bachillerato en Ciencias Políticas en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, con la esperanza de cumplir su meta de convertirse en abogada y proveer a su hija los recursos que ella nunca ha tenido.

Como pasó tras el paso del huracán María, la organización Taller Salud preparó dos comedores comunitarios el día después del huracán Fiona.
(Fotos suministradas por Taller Salud)

Desde el paso del huracán Fiona el 18 de septiembre, el Gobierno de Puerto Rico ha convocado más de una decena de conferencias de prensa, pero en ninguna ha enfatizado sobre datos que ayuden a las víctimas y sobrevivientes de violencia de género a buscar ayuda especializada durante la emergencia, cuando están más vulnerables. Tampoco ha divulgado las estrategias de sus agencias para atender el aumento de la violencia de género tras el desastre. Este trabajo ha recaído principalmente en las organizaciones sin fines de lucro, las cuales experimentan falta de recursos y un alcance limitado a ciertos pueblos.