(Foto de Ana María Abruña Reyes)

Hace 30 años, las mujeres que viven en Puerto Rico cuentan con una legislación diseñada para proteger sus vidas de las agresiones de sus parejas y exparejas. La Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, mejor conocida como la Ley 54 del 15 de agosto de 1989, es considerada la legislación de derechos humanos más importante que se ha aprobado en el país.

(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)

A un día de que sea efectiva su renuncia como gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 2007 para crear una licencia especial para empleados en situaciones de violencia doméstica, de género, maltrato de menores, hostigamiento sexual en el empleo, agresión sexual, actos lascivos o acecho grave.

Se trata de una licencia sin paga de hasta 15 días laborables por año natural, y aplica a empleados de los sectores público y privado, se informó en comunicado de prensa de La Fortaleza.

(Fotos: Ana María Abruña Reyes)

Una niña que se enfrenta a la vida en 2019 hereda un mundo con los problemas que crearon generaciones anteriores, pero, al mismo tiempo, tiene ante sí caminos que otras mujeres labraron para ella.

Hace poco más de 100 años, en 1917, Herminia Tormes García, nieta de esclava liberta, se convirtió en la primera mujer en obtener la admisión en Puerto Rico a la práctica de la abogacía, en un momento en el que las mujeres aún no tenían el derecho al voto ni de participar en ningún proceso electoral. Fue, en 1924, la primera mujer en ser admitida a postular ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Boston y, años más tarde, la primera jueza en Puerto Rico.

Tormes abrió puertas. Hoy, Puerto Rico cuenta con mujeres en todas las ramas de la judicatura. Además, hay una puertorriqueña, la primera, como jueza asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Sonia Sotomayor.

Ley 194 de 2000, Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente

La Ley 194 de 2000 establece la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente. Reconoce que para garantizar la salud del pueblo son es suficiente asegurar la disponibilidad y acceso a servicios de calidad, sino que también es necesario que los usuarios de estos tengan disponible toda la información necesaria para tomar sus propias decisiones.