(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)
A lo largo de los pasados meses, varias noticias han levantado la indignación de ciudadanos y ciudadanas en distintas partes del mundo.
Por un lado, un perverso discurso conservador sobre la vida se vuelve cada vez más hegemónico y compartido a escala global, y Puerto Rico no está exento de este. En Estados Unidos, las legislaturas de varios estados aprobaron proyectos de ley basados en la idea del “latido fetal” que de entrar en vigor implicarían prácticamente la prohibición del aborto a partir de la sexta semana de gestación, limitando, además, los supuestos a partir de los cuales una mujer puede decidir terminar un embarazo. Aquí, en Puerto Rico, estuvo a punto de materializarse el Proyecto de Ley 950 que pretendía, entre otras cosas, limitar el acceso a un aborto seguro a menores de edad al exigirles una autorización de sus padres, así como someter a una evidente tortura psicológica a las mujeres que decidieran abortar. No conformes con esto, los portavoces locales de esta ola conservadora, también buscaron aprobar el proyecto de ley sobre “libertad religiosa” que tendría como resultado normalizar y normativizar el discrimen, particularmente por orientación sexual.