(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)

Mientras en otros países en América Latina y el Caribe luchan por legalizar el aborto, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos restableció este martes un requisito federal para que las personas gestantes que deseen interrumpir un embarazo mediante píldoras abortivas tengan que ir a un hospital o consultorio médico para obtener directamente uno de los medicamentos requeridos para este proceso.

Los colores verde, anaranjado, azul y violeta pintaron el cielo frente a dos grandes pañuelos que reposaban en las escalinatas del Capitolio, en San Juan. En los pedazos de tela, resaltaban las frases “Yo decido” e “Iglesia y Estado, asuntos separados”.

La campaña nacional de Aborto Libre, Seguro y Accesible de Puerto Rico convocó este lunes una manifestacion para exigirle a la nueva Legislatura que proteja los derechos reproductivos y sexuales en Puerto Rico y se rijan por la separación de Iglesia y Estado, contemplada en la Constitución.

(Fotos por Armando Díaz /@armandodiazphoto)

Cuidar de nuestros padres una vez llegan a la tercera edad, cuando su salud comienza a dar indicios de deterioro es una labor encomiable. Se hace por amor, aunque no hay forma de reciprocar todo el amor con el que nos cuidaron cuando éramos niños. 

Ahora bien, la labor de cuidar a nuestros padres ya ancianos con condiciones de salud física o mental no es una tarea fácil. Se complica cuando los cuidadores, que generalmente son mujeres mayores de 50 años, tienen sus propias condiciones de salud.

La carga de los cuidados

Image 1 De 8

Tomasa se prepara para levantarse de su cama en su residencia, en Bayamón. (Armando Díaz / @armandodiazphoto)

(La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz. Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes.)

“Las agresiones sexuales sabemos que ocurren, pero no hay una correlación de números con los casos en los tribunales… Sabemos que hay un problema”.

De esta manera, la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, describió la incongruencia en este problema de salud pública en el que no concuerdan los casos por agresión sexual que el Negociado de la Policía registra versus los casos con algún tipo de convicción a nivel judicial. Simplemente, la diferencia es abismal.