(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)

Las mujeres en Puerto Rico son asesinadas, principalmente, por su pareja o expareja, pero, antes, han recibido duros golpes por parte de un gobierno que no toma acción con medidas preventivas para erradicar la violencia de género y por parte de un cuerpo policiaco que no les provee seguridad. Luego, esas mujeres son rematadas cuando se invisibilizan en las estadísticas.

Así lo resume la directora ejecutiva de Proyecto Matria, Amárilis Pagán, después de analizar los resultados del informe La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014-2018, que realizó con la organización Kilómetro Cero, con el apoyo de Oxfam América. Este trabajo contó con los investigadores Luis Avilés y Luis Emmanuel Rodríguez Reyes, especialistas en salud pública. La base de datos se nutrió del archivo documental de la cobertura periodística de la trabajadora social jubilada Carmen Castelló y del banco de datos del Registro Demográfico de Puerto Rico.

(Foto y arte de Andrea P. Montañez González)

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) había desarmado al oficial de custodia Eliezer Nieves Rosario, quien anoche asesinó a su pareja y luego se suicidó en Villalba.

Héctor Pérez, portavoz de prensa del DCR, confirmó a Voces del Sur que Nieves Rosario, de 40 años, estaba desarmado por una situación previa, sobre la que no ofreció detalles.

Campañas de prevención, educación, seguridad, techo seguro y cero impunidad son los principales temas de la propuesta que organizaciones prepararon como parte de la exigencia de que se declare un estado de emergencia por la situación de violencia de género, y en respuesta a la solicitud de la gobernadora Wanda Vázquez en la reunión del pasado 22 de agosto.

Vilma González, de Coordinadora Paz para las Mujeres; Amárilis Pagán, de Matria; Zoán Dávila, de la Colectiva Feminista en Construcción; Lourdes Inoa Monegro, de Taller Salud; y Sara Benítez, de Movimiento Amplio de Mujeres; lideraron la convocatoria en la que especificaron los puntos que enviarán hoy, lunes, a la gobernadora con miras a que el miércoles, 4 de septiembre, cuando vuelvan a verse las caras, se declare el estado de emergencia que se está solicitando desde noviembre de 2018. 

El gobernador Ricardo Rosselló y la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, firmaron un acuerdo para asegurar que en los 78 municipios haya una persona de enlace para garantizar la prestación de servicios a víctimas de violencia de género.

“De esta forma, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) podrá fomentar el respeto de los derechos humanos, y, al mismo tiempo, educar a la comunidad para que tome decisiones afirmativas en defensa de los derechos de las mujeres. Por tal razón, establecemos esta alianza, mediante la cual proveeremos asistencia y educaremos a los ciudadanos en la prevención de casos de violencia doméstica a través de los 78 municipios”, explicó Boria en un comunicado de prensa.