Catalogan de insuficiente, negligente y criminal la respuesta gubernamental a un mes de los terremotos en el sur

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A un mes de los eventos sísmicos que desataron una emergencia nacional con impactos nefastos para la vida de 480,000 personas en 16 municipios, distintas organizaciones de justicia social catalogaron como insuficiente, negligente y criminal las acciones gubernamentales que se han visto en los últimos 30 días en un asunto de vida o muerte.

Narraron los esfuerzos de autogestión y solidaridad que continúan organizando y enfatizaron en que intensificarán las denuncias y exigencias a la gobernadora, el secretario de Educación, la Legislatura, la Junta de Control Fiscal y el gobierno federal para que asuman la responsabilidad que les corresponde.

“Lo que la gobernadora Wanda Vázquez y su equipo presentó la semana pasada como un ‘plan’ realmente es la reorganización de los programas de asistencia que ya existían, no presenta soluciones nuevas y no corresponde a la magnitud de la necesidad, ni a la urgencia. Decirle a familias que van a estar 60 días más en las condiciones que hemos visto, no es aceptable,” comentó Ariadna Godreau Aubert, directora de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), organización no gubernamental que ofrece educación y acompañamiento legal a familias afectadas por desastres.

En el último mes, han organizado y entrenado a cerca de 180 abogados voluntarios que han ofrecido consejería legal a cientos de familias en campamentos de cinco municipios.

“El desastre que hemos visto es reflejo de lo que sabemos desde antes del huracán María, y que se ha acentuado con los terremotos. No es solo que no saben atender esta emergencia, es que llevan décadas ausentes, pendientes a otros intereses, sin atender necesidades. ¿Ahora pretenden que la gente confíe en ellos? Eso no es así,” explicó Roberto Vélez Vélez, miembro de la Brigada Solidaria del Oeste (BSO), iniciativa comunitaria autogestionada quienes llegaron a las primeras comunidades en Guánica a 24 horas después del sismo más fuerte.

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Los grupos exigieron también que el uso de los fondos para la reconstrucción sea dirigida por las voces de aquellas personas más afectadas.

“Es imperativo la incorporación de la gente más afectada en los procesos de toma de decisiones y diseño de soluciones, porque son los gestores de su recuperación. Las acciones y soluciones que han desarrollado – los campamentos en sus barrios, las redes comunitarias para sobrevivir – son las soluciones que funcionan”, abundó Vélez Vélez.  

Reclaman escuelas públicas abiertas y seguras 

Las organizaciones exigieron escuelas públicas abiertas y seguras para toda la niñez y juventud del país, asambleas informativas, y un plan y protocolo de inspección y mitigación. Recalcaron que se trata de un derecho constitucional que tiene que garantizar el secretario de Educación, la gobernadora y pidieron a la Legislatura emitir una resolución ordenando a que el Departamento de Educación (DE) cumpla con las peticiones que ha recibido.

De las 857 escuelas activas, 68% siguen cerradas. Las inspecciones que se están haciendo no determinan resistencia a sismos futuros, y ha circulado evidencia de muchas ser desconfiables.

Sin embargo, se han catalogado escuelas como ‘aptas’ y han abierto algunas. Tampoco se ha informado públicamente cuáles de las 562 escuelas que se han cerrado, desde el 2014, están en condiciones para reabrirse. Actualmente, hay más de 15,000 educadores y 200,000 estudiantes y familias que no han sido convocados a asambleas informativas. Sin transparencia sobre lo anterior, el Departamento de Educación anunció esta semana que 25% de las escuelas no volverán a abrir este semestre.

“Enviar a niñez a escuelas no sismo resistentes es un acto criminal que atenta contra la vida de todos los que allí laboran y estudian. Nos escondieron los suministros tras María, y ahora nos niegan la lista de las escuelas que fueron reforzadas, y podrían abrirse. Todo esto genera una incertidumbre que es parte un plan de capitalizar sobre la emergencia, y con la vida de nuestros estudiantes y maestros no se puede jugar”, denunció Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR).

Además de llevar semanas exigiendo acción a Educación, la Federación ha manejando un centro de acopio para distribuir ayuda y ha organizado Escuelas Sin Paredes, una iniciativa propia y voluntaria, para proveer educación y apoyo emocional a niños, niñas y jóvenes en Guánica y Guayanilla.

Los grupos detallaron que la cancelación de la deuda, propuesta que más de 140,000 personas apoyan, permitiría la designación inmediata de los recursos existentes y necesarios para atender la emergencia nacional que continúa, en particular los $8.8 mil millones de dinero reservado para el repago de la deuda, del bolsillo del pueblo de Puerto Rico. Exigieron que la gobernadora y la Junta de Control Fiscal dirija estos fondos a la reconstrucción de la isla.

“Desde el huracán Maria, llevamos levantando el reclamo de la cancelación de la deuda como la única manera de garantizar una recuperación justa. Tres años después, nos encontramos con que nuestro gobierno, a fuerza de recortes y medidas de austeridad, tiene una reserva de 8.8 mil millones de dólares que se esta ‘guardando’ para el pago de la deuda. En esta coyuntura, a un mes de sismos que han dejado a miles viviendo en la intemperie y a nuestro sistema educativo sin escuelas es imperativo que la gobernadora y la Junta usen todos sus recursos para asegurar que nuestra isla pueda ser reconstruida. Nuestra gente vale más que los bonistas, es momento de cancelar la deuda”, explicó Julio López Varona del grupo Construyamos Otro Acuerdo, una campaña de movilización para fortalecer y expandir la gestión pública y garantizar los servicios esenciales en el país.

“Hay que buscar soluciones colectivas. Si las madres y los padres piensan que sus niñes no están seguros, tienen que ser escuchados y qué mejor que organizarnos. Levantar cartas expresando nuestras preocupaciones y propuestas. Recoger firmas y llevarlas. Si hay que protestar, se protesta. Si hay que ir a la región, se va a la región. Si hay que llegar a la oficina del secretario o Fortaleza, se llega. Si hay que tocar puertas en la Legislatura, se tocan las puertas. Pero las comunidades tienen que seguir organizándose, y nosotras estamos en la mejor disposición de reunirnos para buscar alternativas conjuntas”, añadió Mercedes Martínez.

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