Fotos por Ana María Abruña Reyes
Una treintena de organizaciones feministas que ofrecen servicios de salud sexual y reproductiva a las mujeres y sus disidencias demandaron este pasado martes un detente a las políticas violentas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y avaladas por la gobernadora Jenniffer González Colón.
Las organizaciones, lideradas por la coalición Aborto Libre Puerto Rico, hicieron un llamado para exigir cero recortes a programas de servicios de salud y violencia contra las mujeres, no al cierre de más clínicas de aborto y de salas de parto, así como un detente a las políticas transfóbicas y contra las mujeres migrantes propuestas por el presidente Trump.
Los reclamos se dieron en una conferencia de prensa, celebrada en el marco del Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres. Un total de 33 organizaciones activistas de derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQIA+ denunciaron que estas políticas del gobierno federal que afectan especialmente a personas negras, afrodescendientes, migrantes, trans y pobres, tienen el aval de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón.
“Hoy denunciamos las múltiples violencias y políticas que impiden el pleno goce de nuestros derechos. El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en Puerto Rico está bajo constante ataque. Aunque el aborto sigue siendo legal, hoy es cada vez más innacesible”, denunció la médica de familia Alejandra Vélez Rivera en la actividad que se llevó a cabo en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) en Miramar.
Denuncian las restricciones al aborto
La doctora, que labora como proveedora de aborto de primer trimestre en una clínica en San Juan, dijo que, en Puerto Rico, solo quedan operando cuatro clínicas de terminación de embarazos, dos en San Juan, una en Carolina y otra en Bayamón, todas en el área metropolitana. Solo una de ellas atiende a menores de 15 años o menos, tras las enmiendas al Reglamento 132A del Departamento de Salud que impuso consentimiento de uno de los padres en casos de terminación de embarazo a menores de 15 años o menos. Este estatuto también obliga a las clínicas a referir a las autoridades los casos de menores de 15 años o menos que acudan a realizarse un aborto bajo sospecha de agresión sexual. Vélez Rivera consignó también el rechazo unánime de las organizaciones al Proyecto del Senado 297 dirigido a los mismos fines. Esta medida se aprobó por descargue, sin vistas en el Senado, y está pendiente en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.
Enid Pérez Rodríguez, directora ejecutiva de Profamilias Puerto Rico, que opera una de las clínicas de terminación de embarazo, puntualizó que diariamente han podido ver la falta de acceso a estos servicios de salud reproductiva en el país. “Deberíamos estar hablando de que no tenemos una clínica de terminación de embarazo de manera segura en diferentes puntos de la isla”, reclamó Pérez Rodríguez.
La abogada Josefina Pantoja, de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT), recalcó, a su vez, que las restricciones al aborto afectan de forma más severa a las mujeres más pobres. “Nosotras sabemos lo que ocurre a nuestros alrededores, pero en esas áreas rurales, lejanas, no sabemos lo que está pasando allí porque las clínicas de aborto siempre han estado en la zona metropolitana, y por esas mujeres, que no se escuchan sus voces, es que estamos aquí”, subrayó Pantoja.
Rosa Seguí, de Aborto Libre Puerto Rico, dijo que el PS 297 “crea un carpeteo” para las personas de 15 años o menos y sus padres y madres, ya que estos deben consentir la terminación del embarazo con una autorización escrita. El Boletín Estadístico del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) de 2023 sostiene que un 52% de las agresiones sexuales contra menores se dan en el entorno familiar por lo que el consentimiento parental expone a las víctimas a que sea el propio agresor el que las lleve a buscar servicios.
“Hay un problema de acceso a la salud, se han cerrado 12 salas de parto y se amenaza con cerrar tres más. Las personas gestantes y las mujeres estamos desprovistas de un acceso adecuado a servicios de salud, especialmente la salud pública. Es alarmante que se le esté dando prioridad a un proyecto de ley totalmente innecesario que limita el acceso a servicios de salud”, reclamó la abogada.
Sin atender los problemas de salud
Lourdes Inoa Monenegro, directora del Programa Mujeres y Salud de la organización feminista Taller Salud, destacó que su mayor preocupación en este momento es que “la salud sexual y reproductiva en nuestro país sigue siendo no una prioridad, pero sí es una prioridad para las mujeres y para las personas gestantes”. Destacó que, en Puerto Rico, no hay un problema con el aborto y que se pretende “ser sobre legislado” cuando hay reglamentación vigente. “Esta constante amenaza y debate público lo que hace es que nuestros funcionarios se ofusquen con un tema para sus ganancias políticas y no atiendan lo que de verdad tienen que atender, que es el acceso a medicamentos, a profesionales de la salud, a servicios en sus localidades. Lo que estamos viendo es que ahora la gente tiene que hacer hasta colectas para atender sus condiciones de salud”, afirmó.
En torno a los recortes federales, Inoa Monenegro sostuvo que afectan organizaciones que proveen servicios de contracepción de emergencia y de larga duración, consejería, educación sexual en las escuelas, vacunación de infantes, servicios de educación prenatal, apoyo en lactancia, servicios a la comunidad LGBTQIA+ y HIV. Indicó que las políticas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal han provocado el cierre de salas de parto provocando que las personas gestantes tengan que desplazarse de forma forzosa de un municipio a otro para recibir atención médica. En 2024, solo quedaban en funciones 12 salas de parto en todo Puerto Rico, lo que suma a la escasez de médicos obstetras por la fuga de profesionales.
“La violencia obstétrica sigue siendo una práctica normalizada en las instituciones de salud, perpetuando el racismo médico a través de tratos deshumanizantes que inciden directamente en nuestra autonomía minando nuestras decisiones y sometiendo nuestros cuerpos a protocolos violentos y sin consentimiento”, remarcó Inoa Monegro.
La abogada Patricia Otón Olivieri del grupo Inter Mujeres Puerto Rico, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, destacó como ejemplo de violencia obstétrica el alto porcentaje de cesáreas (50%) que prevalece en Puerto Rico, a diferencia de otros países, incluyendo a Estados Unidos, donde la cifra es menor. “La Organización Mundial de la Salud recomienda que entre 10% y 15% de los partos deben ser cesáreas porque se trata de una cirugía mayor, no debe ser por la conveniencia del calendario del médico”, afirmó Otón Olivieri.
En peligro la comunidad trans y las mujeres migrantes
La portavoz de la organización Sombrilla Cuir, Marielle De León, por su parte, denunció que las políticas antitrans promovidas por la administración Trump han sido replicadas en Puerto Rico por la administración de Jenniffer González “en total desprecio por la evidencia científica y los estándares internacionales de derechos humanos y buscan restringir el acceso a servicios de salud esenciales para las personas trans y binaries, negando su identidad, patologizándolas y exponiéndolas a tratos degradantes en entornos clínicos”.
De León sostuvo que excluir a las personas trans de políticas públicas de salud o educación sexual integral revela “un menosprecio sistemático a la diversidad corporal, sexual y de género”. Agregó que este patrón no solo responde a agendas fundamentalistas importadas, sino que también se sostiene en Puerto Rico.
Romelinda Grullón, portavoz del Centro para la Mujer Dominicana, aprovechó la conferencia de prensa para enfatizar en los ataques sistemáticos contra mujeres migrantes, muchas de ellas racializadas, por parte de las agencias federales estadounidenses, “agravados en la isla por el silencio cómplice y la inacción de figuras como la gobernadora, quien ha respaldado agendas misóginas, racistas y coloniales bajo el disfraz del orden y el progreso”.
Grullón dijo que los recortes en servicios de salud a las mujeres han sido devastadores y denunció que la política punitiva de Trump contra los migrantes “está poniendo en peligro la vida de muchas de nuestras mujeres, muchas inclusive son violadas y no se atreven a ir a las clínicas y están tomando otro tipo de medidas artesanales”.
La líder comunitaria destacó que en la comunidad dominicana “hay hasta temor de ir a los tribunales y a la Policía a poner una querella de Ley 54 y órdenes de protección”.
Enumeró que el centro que dirige ha atendido mujeres migrantes de 38 nacionalidades. “Hay muchas mujeres migrantes, no solamente dominicanas, que están en proceso de documentación o que están de forma irregular y toda esta política las está afectando grandemente”, agregó.
Desmantelamiento de programas de ITS
Joselyn Santos Valderrama, del Proyecto Matria, denunció también el desmantelamiento de programas de detección, tratamiento y prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), promovido por la administración Trump, lo que también ha tenido repercusiones graves en las poblaciones empobrecidas, jóvenes, migrantes y LGBTQIA+ en Puerto Rico.
“La reducción de fondos federales y el cierre de clínicas especializadas han debilitado gravemente la infraestructura de salud pública, dejando a muchas personas sin acceso a pruebas, tratamiento o educación sexual actualizada y culturalmente consciente”, sostuvo.
“Estamos en solidaridad en esta importante jornada de denuncia de reflexión y acción de los derechos de las mujeres y de todas las personas gestantes”, dijo, por su parte, la presidenta del CAAPR, Vivian Godineaux Villaronga.
La abogada sostuvo que históricamente el Colegio ha reconocido que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es un pilar fundamental de la dignidad humana. “Garantizar servicios de salud accesibles, libres, seguros y libres de violencia o libres de estigmatización es un deber ético, es un deber legal del Estado”, recalcó la letrada.
