Avalan tipificar los feminicidios y transfeminicidios como asesinatos en primer grado

VISTA PUBLICA FEMINICIDIOS Y TRANSFEMINICIDIOS (3-FEBRERO-2021) 25

Tres organizaciones dedicadas a la búsqueda de la equidad de género y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) avalaron hoy el Proyecto del Senado 130, que busca tipificar los feminicidios y transfeminicidios como delitos de asesinato en primer grado.

La medida fue discutida esta mañana en la primera vista pública de la Comisión de lo Jurídico, presidida por la senadora Gretchen M. Hau Irrizary, y contó con las ponencias del Observatorio de Equidad de Género, del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE), del Departamento de Justicia, de la OPM y de Proyecto Matria.

“El aumento en los feminicidios en los últimos años debe provocar una acción rápida y directa del Estado. Es importante que los estados reconozcan y actúen a favor de los derechos humanos de las mujeres, niñas, comunidades LGBTTQIA+ y comunidades más desprotegidas”, sostuvo la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, la doctora Irma Lugo Nazario, en vista pública desde el Capitolio.

Proponen mecanismos de investigación de feminicidios avalados internacionalmente

El Observatorio de Equidad de Género propuso basar las definiciones en el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio) para explicar los procesos de investigación y definir las categorías de los feminicidios. 

Este documento, avalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), parte de “las normas y estándares internacionales y regionales en materia de fortalecer la respuesta de los sistemas penales y adoptar medidas destinadas a apoyar la capacidad de los estados para investigar, perseguir y sancionar las muertes violentas de mujeres por razones de género”. 

La doctora Lugo Nazario recomendó que se establezca una amplitud del concepto de feminicidio y transfeminicidio en sus distintas modalidades, se desarrolle un protocolo pertinente que establezca un trabajo con perspectiva de género en todas las agencias y que se produzcan estadísticas desagregadas por género.

También señaló que el Modelo de Protocolo Latinoamericano establece que las muertes de mujeres que no presentan signos de violencia deben ser catalogadas como feminicidios o transfeminicidios e investigadas como tal hasta que se obtengan resultados de la autopsia y evidencia que clarifique su causa de muerte. Si no ocurre así desde el inicio de una investigación, indicó que los casos de feminicidios que no son evidentes desde el principio pasan desapercibidos y nunca son reclasificados para figurar en las estadísticas de estos crímenes.

La senadora de Proyecto Dignidad Joane Rodríguez Veve inquirió sobre “la presunción de inocencia” de los victimarios en los casos en los que el cadáver no muestra señales de violencia. 

Antes sus planteamientos, la doctora Lugo Nazario respondió que la intención apunta al proceso de investigación, cuando aún no hay una persona acusada. 

Asimismo, la OPM respaldó el Proyecto 130, ya que la medida logra visibilizar la violencia de género, proteger a las mujeres, y trabajar por el encausamiento de los responsables de estos delitos. 

“Medidas que procuren la prevención y promuevan reflexiones dirigidas a la edificación de las relaciones equitativas, en las que ser mujer no conlleve un riesgo para su vida”, expuso la ponencia de la procuradora Lersy Boria Vizcorrondo, quien estuvo ausente y fue representada por el licenciado Víctor Casiano

Reclaman estadísticas confiables 

Otro de los reclamos de los representantes de las organizaciones que trabajan los casos de los feminicidios y transfeminicidios en la isla fue que no existen estadísticas confiables en las agencias gubernamentales para evaluar el problema desde una mirada transversal e interseccional. 

La directora ejecutiva de Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez, reiteró que en múltiples ocasiones han tenido problemas en conseguir datos de agencias como el Registro Demográfico, la Policía o el Instituto de Estadística.

“Entendemos que la incorporación de los términos feminicidio y transfeminicidio al Código Penal fortalece la vigilancia. La creación de protocolos investigativos lograría la creación de fuentes de datos confiables para analizar el problema y atenderlo adecuadamente”, recalcó Pagán Jiménez.  

A diferencia de la Policía, que solo tiene actualizado su portal hasta el año 2019, el Observatorio de Equidad de Género registró que el 2020 finalizó con 60 feminicidios de mujeres, niñas y personas trans. 

Dentro de los 60 feminicidios, seis fueron transfeminicidios, un hombre trans y cinco mujeres trans. Además, Lugo Nazario recalcó que el 50 por ciento de los casos de feminicidios no han sido esclarecidos. 

“El bajo porcentaje de convicción genera en la población un sentido de impunidad y de falta de justicia para las víctimas, sus familias y sus seres queridos”, manifestó Lugo Nazario. 

Un paso adelante por la equidad la discusión inclusiva en el Capitolio

“Acogemos como un acierto de este proyecto el que reconozca que el discrimen contra las personas que pertenecen a las comunidades LGBTTIQA+ se relacionan directamente con la impunidad y que, en Puerto Rico, existe y ha existido una marcada indolencia de las diversas agencias del Estado en documentar rigurosamente la situación de los feminicidios”, sostuvo, por su parte, el portavoz de CABE, Osvaldo Burgos Pérez.

El abogado recalcó el valor de la perspectiva de género en los procesos de investigación y educación de todas las agencias para que se logre atacar los problemas desde sus raíces para erradicar la discriminación.

“Si no tenemos un consenso de cuáles van a ser los términos que vamos a utilizar y definirlos adecuadamente, pudiese haber un problema. Este proyecto es bueno, pero mejorable. Esas definiciones hay que trabajarlas adecuadamente”, sostuvo Burgos Pérez.  

Explicó que las víctimas de los transfeminicidios no son identificadas correctamente y luego esa información trasciende a los medios de comunicación.   

“Nosotros queremos a la gente viva. Promovemos la perspectiva de género y otras medidas para que haya inclusión en nuestro país y se respete la diversidad. Que no terminen nuestras mujeres y nuestras personas trans asesinadas en las calles. Nosotros queremos que cuando las mujeres y personas en nuestras comunidades salgan, tengan la certeza de que nadie las va a agredir”, manifestó el licenciado.

Reservas del Departamento de Justicia

Solo Justicia presentó reservas a su aprobación por considerar que incurre en “vicios de inconstitucionalidad’ en el texto del proyecto, una postura de la que se hizo eco la senadora Rodríguez Veve.

“Debemos resaltar que el texto propuesto adolece de vicios de inconstitucionalidad, que inciden adversamente en el procesamiento de las causas penales que se pretenden tipificar. Al examinar el texto, notamos que, según redactada, la enmienda propuesta está reñida con los principios constitucionales sobre la igual protección de las leyes”, sostuvo en su ponencia el secretario de Justicia Domingo Emanuelli Hernández, quien estuvo representado por la fiscal Elba Cruz Rodríguez

Ante los argumentos de Justicia, la senadora Ana Irma Rivera Lassén cuestionó la posición de los fiscales, y reiteró que la postura que está tomando el departamento es parecida a cuando se aprobó la Ley 54 en 1989. 

“Lo que se está promoviendo (con este proyecto) es que todo el mundo sea protegido por igual protección de las leyes y que no haya discriminación. (…) Cuando desde la legislatura se avanza hacia la apertura y la inclusión, me gustaría ver un Departamento de Justicia que se alinee y que se atreva a darle, precisamente, el respaldo a nuestros derechos. Que sea ese el tratamiento de justicia”, declaró la senadora. 

Rivera Lassén insistió en que la orden ejecutiva que decreta estado de emergencia por violencia de género incluye mandatos a las agencias, pero sostuvo que tienen que ser avalados con legislaciones como el proyecto 130 y otras medidas que sean necesarias para mejorar la respuesta del Estado ante la violencia de género. 

“La orden ejecutiva es un mandato, pero la legislación implica que las acciones se lleven a cabo”, subrayó. 

La presidenta de la Comisión de lo Jurídico compartió que continuarán los trabajos de enmienda a la medida a partir de las recomendaciones del Departamento de Justicia y de las organizaciones no gubernamentales para lograr un proyecto claro que adelante la legislación sobre la violencia de género.  

“Vinimos con la mente abierta. Queríamos dar ese espacio a los grupos que se dieron cita en la vista. Agradecida con los ponentes por la apertura para continuar trabajando en estos asuntos”, compartió la senadora Hau Irrizary.

Lee aquí: Digamos sus nombres: los feminicidios que hay que contar

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Adriana Díaz Tirado
Escrito por Adriana Díaz Tirado
Periodista e investigadora. Egresada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP). Cuenta con un bachillerato en Periodismo y una segunda concentración en Ciencia Política. Actualmente, cursa sus estudios graduados en Periodismo en la Escuela de Comunicación de la UPRRP. Sus temas de interés son política, género, salud, educación y cultura.