(Fotos por Ana María Abruña Reyes)

Yo quiero que piensen en mí 

como la mujer que tomó prestada

la valentía de pasadas y presentes guerreras.

Ese escalón diario que me inspira a creer que donde hay ovarios,

hay más fuerza para seguir adelante.

Mujer trabajadora, jamás vencida.

luz infinita que ilumina,

ese ocaso que pita la flor más incolora.

Yo soy parte de ese ejército

donde solo hay cabida para armas valerosas, pero con lápiz labial rojo.

– Suliani Calderón Nieves en La mujer con lápiz labial rojo

Suliani Calderón Nieves era poeta. Escribía desde sus años escolares, ganó certámenes por su obra y continuó cultivando su talento en la adultez, dejando versos y pensamientos entre notas de papel en su casa, apuntes en sus teléfonos celulares, en correos electrónicos y redes sociales.

Su sueño, le había a contado a su amiga, la también poeta Jeannette Cabrera Molinelli, un día que pasaron juntas hace poco más de tres años, era publicar su libro. Había comenzado la tarea de juntar los poemas que tenía escritos y que disfrutaba de declamar en público en bohemias y encuentros artísticos. Pero la tarea quedó incompleta.

Un juez que reconoce la peligrosidad de un agresor, pero que, en vez, regaña en sala a la víctima. Un fiscal que decide “perdonarle” a un maltratante una violación a una orden de protección y se conforma con decir que radicaría cargos “de ocurrir otras violaciones en el futuro”. Una peticionaria de una orden de protección que testifica haber sido víctima de agresión sexual sin que el juez o la jueza que presidía la vista refiriera a la Policía para que investigara y evaluara si procedía la presentación de cargos por delitos. Una perjudicada que informa al tribunal su nueva dirección y esta se hace constar en el expediente del caso sin que surja que se tomara alguna precaución para mantener la confidencialidad de la información.

Estos fueron algunos de los hallazgos que el Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidio de la Administración de Tribunales incluyó en su informe preliminar, divulgado ayer, jueves. Todas las instancias descritas fueron experimentadas por mujeres que luego fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. 

Desde que se aprobó la Ley 54 en 1989, miles de personas que se declararon culpables por delitos de violencia doméstica han evitado la cárcel al participar de programas de desvío. El organismo creado para supervisar estos programas ha tenido largos periodos de inactividad desde su creación, por lo que desconoce su eficacia y bajo qué condiciones han estado operando. El feminicida confeso de Andrea Ruiz Costas estuvo en uno de estos programas y su récord criminal quedó limpio.

Hablaba por teléfono con una amiga mientras revisaba algunas de mis redes sociales. Sabía que buscaban hacía un par de días a una adolescente de la que su papá no sabía nada desde el 29 de marzo. De pronto, vi la noticia. “¡Apareció!”, le dije a mi amiga. Reaccionó con un lamento. Le tuve que aclarar que había aparecido viva. Que estaba bien.

Una respiración profunda antecedió un “está cabrón”. “Está cabrón cómo hemos normalizado las malas noticias de mujeres asesinadas”, me dijo. Yo le comenté que también es frustrante cómo los comentarios bajo la publicación eran un hilván de suposiciones y reclamos de personas que se sentían con el derecho de exigir explicaciones y de repartir insultos a la muchacha y a sus padres. Los leo cada vez que desaparece alguna. Le adjudican comportamientos a partir de cómo luce en la foto con la que la Policía y la familia reclaman su búsqueda. Asumen escapadas con novios y fiestas interminables como la razón de su desaparición según cuán maquillada esté, si sonríe y cómo sonríe, su mirada, la ropa que viste, cuán profundo es su escote, y, sobre todo, el color de su piel.