(Ilustración por Rosa Colón)

No estábamos conscientes de que, para muchas, era el último abrazo, el último roce de codos, el último andar juntas de la mano antes de meses de confinamiento. Esa caminata a paso firme por las calles del Viejo San Juan el 8 de marzo de 2020 fue, sin querer, antesala al anuncio de la sospecha de que la COVID-19 ya estaba en la isla de Puerto Rico. 

Mientras las voces que reclamaban estado de emergencia, recuperación justa para las mujeres sobrevivientes de los terremotos del sur y un alto a la impunidad machista retumbaban entre los edificios, en La Fortaleza se cuadraba la conferencia de prensa en la que la entonces gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, hablaría de “un caso sospechoso” del novel coronavirus: una turista italiana aislada en un hospital de San Juan. 

(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)

Hace dos años y dos meses, un grupo de mujeres se plantó frente a La Fortaleza para reclamar atención urgente a la crisis de violencia de género en Puerto Rico. Era el 23 de noviembre de 2018 y 22 habían sido asesinadas para esa fecha, ese año, por sus parejas o exparejas.

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(Imagen: Instagram @tallersalud)

No fue el diablo.

No fueron los celos.

No fue la pasión.

No fue la ira.

No fue un arranque.

Fue un feminicidio.

Las niñas tienen derecho a jugar. Tienen derecho a jugar libres y sin miedo. No importa quién sea su mamá. No importa dónde estén ni qué ropa lleven puesta. Las niñas tienen derecho a ser felices.

La sexualización de la imagen de una niña jugando, sonriendo, siendo feliz, no puede tener espacio. La sexualización de una niña no puede tener espacio en la televisión ni puede tener espacio en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en las iglesias ni en las escuelas. No puede tener espacio. Punto.