Andrea Ruiz Costas: queda en su nombre la lucha por la transparencia y la justicia

Andrea Ruiz Costas

(Ilustración por Elizabeth Barreto)

El país estaba en duelo. Dos mujeres asesinadas un fin de semana. Los feminicidios de Andrea Ruiz Costas y Keishla Rodríguez Ortiz, en abril del año pasado, volvieron a manifestar la más grave consecuencia de la violencia machista, ejercida por dos hombres que fueron sus parejas, y la negligencia del gobierno para atender efectivamente esta problemática social y de salud pública.    

Andrea Ruiz Costas fue asesinada el 27 de abril de 2021. Dos días después, cuando el país seguía de cerca el desarrollo de la búsqueda de Rodríguez Ortiz, también desaparecida, la Policía encontró su cuerpo, parcialmente calcinado en Cayey. Miguel Ocasio Santiago, con quien había tenido una relación, y a quien había denunciado por acecho, fue acusado por el crimen.  

Han pasado 12 meses, el dolor continúa ahí, latente. Y lo seguirá estando. Para la familia de Andrea, ha sido difícil lidiar con el terrible daño que Ocasio Santiago les hizo, pero, además, comprender cómo el Estado falló en proteger la vida de esta mujer, de 35 años.  

“Yo entiendo que es algo que no van a poder superar completamente. Se van a tener que acostumbrar a vivir con eso”, contó Alexandra Ruiz Costas, la hermana mayor de Andrea, sobre cómo les ha afectado, especialmente, a sus papás.

“Ese sentimiento, ese dolor de que su hija ya no está y que no la van a ver por el resto de sus días, es un dolor que a veces ellos sienten que es insostenible”, añadió. Lo sabe porque ella también es madre y no podría imaginar su vida si su hija no estuviera.  

Para Alexandra Ruiz Costas, el proceso de sanación ha sido cíclico. A veces, siente que está recuperando su vida, pero después vuelve a caer. 

“Y no es que decaigo y dejo de funcionar, sino que vuelven estos sentimientos de por qué, de enojo, de tristeza, desconsuelo. Te pones a pensar qué pude haber hecho diferente. Y después piensas: ‘No, tú no. ¿Qué pudo haber hecho el sistema diferente?’”, reflexiona en un banco de la plaza pública de Caguas.

Aún, no puede explicarse los últimos días de vida de Andrea y, luego, su asesinato, sobre todo, cuando sabe que su hermana pidió ayuda, explicó su caso, presentó pruebas, y dos juezas no lo consideraron suficiente. 

“[Han sido] 12 meses bien difíciles. Y sé que los próximos 12 meses también lo van a ser. Y más porque, al final del día, nosotros no sentimos que Andrea tuvo justicia”, sostuvo Alexandra Ruiz Costas.  

Andrea Ruiz Costas acudió en tres ocasiones al Tribunal de Caguas para denunciar y solicitar protección ante una situación de violencia doméstica por parte de su expareja y luego feminicida. 

En las tres ocasiones, se encontró con un tribunal que no le creyó. En una primera ocasión, solicitó una orden de protección, y aunque la jueza podía concederla al momento, la citó para una fecha posterior, para escuchar también a Ocasio Santiago. La segunda vez, Ruiz Costas intentaba iniciar un proceso criminal al denunciar al hombre por acecho, una violación a la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Pese a que relató que el individuo la amenazaba con publicar imágenes íntimas que extrajo de su teléfono, la acechaba en el trabajo, en el estacionamiento, merodeaba su casa y hasta lo había visto en una gasolinera cercana a su residencia, la jueza determinó no causa para arresto sin hacerle ninguna pregunta ni indagar en los riesgos que el hombre presentaba.

En su tercera comparecencia al tribunal, el 31 de marzo de 2021, ya cansada del proceso judicial, desistió de su petición de orden de protección, según establece la investigación de la Oficina de Administración de Tribunales (OTA). 

No había pasado un mes cuando fue asesinada.

El feminicida, según trascendió, había sido convicto por violencia doméstica anteriormente, pero se acogió a un programa de desvío y su récord criminal público quedó limpio, según lo permite la Ley 54. Ninguna de las juezas que vio a Ruiz Costas hizo gestiones para conocer esta información que está en poder de los tribunales.

Ni una más: las familias de las víctimas de feminicidios reclaman reparación y justicia

Una sociedad y un gobierno lento para atender la violencia de género 

MANIFESTACION POR KEISHLA TEODORO MOSCOSO 22
(Foto por Ana María Abruña Reyes)

Ese fin de semana del 29 de abril al 1 de mayo de 2021 fue un jamaqueón para el país. El domingo, 1 de mayo, las autoridades encontraron el cuerpo de Keishla Rodríguez Ortiz en la laguna San José, en San Juan. Había sido reportada desaparecida el mismo día del hallazgo del cuerpo de Andrea Ruiz Costas. De acuerdo con la fiscalía federal, Félix Verdejo, conocido en el país por haber sido boxeador, y quien tenía una relación con la víctima, es el responsable del asesinato y actuó con otro hombre identificado como Luis Cádiz Rivera. 

A raíz de estos dos sucesos tan dolorosos se dieron muchas conversaciones importantes en el país. Una de ellas fue la transparencia en los procesos judiciales. 

“Ciertamente, hubo un cambio. Yo creo que ese cambio fue mayormente porque se destapó una caja de pandora y nos dimos cuenta de que hay muchas necesidades que no se están cubriendo sistemáticamente”, reconoció Alexandra Ruiz Costas. 

No obstante, consideró que la respuesta del país ante estas violaciones de derechos humanos sigue siendo muy lenta. 

“Yo estoy 100% clara de que han habido unas mejoras, pero estoy bien segura de que las mejoras están tomando demasiado tiempo y no se está incluyendo a los afectados, que son las víctimas, las víctimas sobrevivientes y los familiares que sobreviven a esa muerte, para ver cuáles son las cosas que se pueden trabajar mejor”, reflexionó la hermana. 

“¡Contra!, el caso de Andrea es un caso bien chocante y yo no he recibido ninguna invitación de ninguna agencia, de nadie del Estado y que me diga: ‘Alexandra, queremos que tú y tu familia vengan. Vamos a hablar sobre el caso de Andrea. Vamos a ver cuáles fueron las fallas. Nos responsabilizamos por ellas. Y aquí está el plan de cómo lo vamos arreglar. Eso no se ha visto”, señaló Ruiz Costas. 

Asimismo, mencionó que los pocos líderes del gobierno que se acercaron a la familia lo hicieron solamente para complir con una marca en una lista, ya que el acercamiento fue en una sola ocasión.   

Para Alexandra Ruiz Costas, las circunstancias que rodean el feminicidio más reciente, el de Adaly Santiago, de 45 años, perpetrado el 28 de abril pasado, ejemplifica cómo la ciudadanía continúa reproduciendo discursos que no ayudan a ir a las raíces de la violencia machista y que siguen culpabilizando a las mujeres de sus propios asesinatos y de no abandonar relaciones abusivas.    

Al igual que Andrea Ruiz Costas, Santiago recurrió al tribunal para buscar protección. Sin embargo, también retiró los cargos y les dijo a los fiscales que no quería continuar con el proceso. 

“La gente dice: ‘¿Ay, ¿por qué ella los retiró?’ ¡Dios mío!, esa no es la raíz del problema. La raíz del problema es otra. Tenemos que ver cuál es el proceso que ella tuvo que sobrellevar para que ella, al final, tomara la decisión de retirar los cargos, de no proseguir. Y lo otro que tenemos que ver es por qué esa persona, ese hombre, sintió que él tenía derecho sobre esa mujer. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué valores le enseñaron a esa persona? ¿Cómo se crió?¿Qué vió? También, el sistema que le dio a pensar a ese hombre que no importara lo que él hiciera, no iban a haber consecuencias”, explicó la hermana de Andrea. 

De igual forma, Ruiz Costas dijo que el país tiene que empezar a exigir sus derechos. 

Las grabaciones que nunca se hicieron públicas 

Luego de que se divulgaran los audios que Andrea Ruiz Costas envió a una amiga contándole su frustración con el sistema de justicia, su familia inició una lucha para que los tribunales divulgaran las grabaciones de las vistas a las que la mujer compareció para protegerse de Ocasio Santiago. 

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro)y el Overseas Press Club de Puerto Rico (OPC) unieron a la presentación de un recurso judicial haciendo la petición. En mayo de 2021, el Tribunal Supremo determinó “no ha lugar”.

El máximo foro judicial de Puerto Rico fundamentó su decisión basándose en la confidencialidad de las víctimas en los procesos de violencia doméstica, a pesar de que era la propia familia quien exigía transparencia.  

El manual de Lineamientos para la Comunicación del Personal de Procuración de Justicia en México con Víctimas Indirectas de Feminicidios Durante la Investigación Penal, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) expone que uno de los derechos de las víctimas indirectas de feminicidios en los procesos de investigación es el derecho a la verdad. 

“Derecho a conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, así como a tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad”, estipula el documento. 

El 14 de junio de 2021, la familia y amistades de Andrea se manifestaron frente al Tribunal Supremo para exigir la divulgación de las grabaciones de las vistas judiciales, en las que la víctima de violencia doméstica, relataba el patrón de acecho al que la tenía sometida Ocasio Santiago. 

(Foto por Adriana Díaz Tirado)

Asppro y el OPC anunciaron, el 21 de junio, la creación de la Alianza Pro Transparencia que llevaría la solicitud de la divulgación de las grabaciones al Tribunal Supremo de Estados Unidos. 

“Sinceramente, tanto ese día (en la manifestación frente al Tribunal Supremo) como las semanas subsiguientes, nos sentimos bien agradecidos del apoyo, no solo del pueblo, sino también de la prensa. La unión que hubo de la Asppro y la OPC. Se creó la Alianza Pro transparencia. Lo que se buscaba era eso mismo, demostrar que la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico era totalmente errónea y sin sentido. ¿Por qué se tienen que esconder cosas si se hicieron bien? El apoyo del pueblo, el apoyo de la prensa fue algo que nos dio fuerza para poder llevar el mensaje y poder seguir buscando un poco de justicia para Andrea”, dijo Ruiz Costas. 

El pasado 10 de enero de este año el Tribunal Federal determinó no atender el reclamo de los gremios periodísticos y la familia.  

“Jamás y nunca (que no se hayan divulgado las grabaciones) se va a comparar con la pérdida de Andrea, pero era como decir otra vez: ‘Aquí, no hay ningún caso. No te vamos a dar la orden de protección. Familia de Andrea, aquí no hay ningún caso. Aquí no hubo faltas. Aquí no hubo nada. No te vamos a dar las grabaciones’. Se nos violaron muchos derechos. Se nos violó el derecho a saber que tiene todo puertorriqueño. Si eso es algo público, ¿por qué los jueces se reunieron y tomaron la decisión de guardar las grabaciones? Ni siquiera a la familia. Ni siquiera íntimamente a la familia. Fue un golpe una y otra vez. No le hacían ni siquiera honra a la memoria de Andrea. No hubo ningún tipo de empatía. No hubo transparencia. No la hay. Hay tapujos”, sentenció Ruiz Costas.

Con su asesinato, quedaron por cumplirse las aspiraciones sus aspiraciones de tener una casita de campo, algo sencillo, con plantas alrededor, y que su perro tuviera por donde correr y jugar. Quedaron inconclusos sus planes de viajar y conocer distintas culturas. Andrea, quería mochilear, dijo su hermana, quien también la relajaba cuando decía que su risa era como la de Betty la fea.  

Para la familia, también queda el recuerdo de quien fue Andrea, una mujer bohemia, amante de la naturaleza, jovial, trabajadora y cariñosa. 

Justicia para Andrea Ruiz Costas
Comparte:
Alejandra Lara Infante
Escrito por Alejandra Lara Infante
Periodista interesada en temas de estudios feministas y descoloniales, salud, inmigración y educación. Estudiante graduada en Estudios de Género con una especialidad en Investigaciones Feministas.