A Katherine Yadira Ruiz, de 26 años, la mató su esposo, en su casa en Aguada, el 5 de marzo.
Yolanda González Muñoz, de 49 años, fue asesinada por su expareja el 16 de marzo en la oficina de su psicóloga.
Ashley Rodríguez Torres, de 27 años, compartía con sus hijos en la sala de su casa en Mayagüez, a donde llegó su expareja y le disparó. Murió horas después en el hospital.
Son las tres mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en el mes de marzo, dos de estas durante el período de distanciamiento social ordenado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para reducir el ritmo de contagios de COVID-19. Otras dos mujeres han sido asesinadas en estas semanas de cuarentena en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por la Policía, Sonia Adorno Romero, de 42 años, y Rosa Castillo Carranza, de 55. Mientras, las querellas por violencia de género que reporta la Policía son apenas una muestra de los incidentes que ocurren en los hogares y no son reportados, según han advertido líderes de organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres.
Mapa de feminicidios íntimos 2018-2020
Desde el 16 de marzo, cuando comenzó el toque de queda, hasta el 29 de marzo, los tribunales han recibido 249 solicitudes de órdenes de protección y han concedido 208.
Estas mismas entidades han señalado insistentemente que las mujeres en situaciones de violencia doméstica están en mayor riesgo durante el período de distanciamiento social. Muchas quedan confinadas con su agresor, mientras otras se ven limitadas en sus movimientos, resultando mucho más fácil para el perpetrador llegar a donde están.
Aunque todos los días, desde el 20 de marzo, el secretario de la Gobernación, Osvaldo Soto, envía una comunicación con los datos más recientes sobre la respuesta del gobierno ante el coronavirus, obvia la emergencia por violencia de género. Agencia por agencia, menciona datos como la cantidad de arrestos por violación al toque de queda, reclamaciones para el Seguro de Beneficio por Desempleo, visitas al portal cibernético del Departamento de Educación y otras tantas.
La directora ejecutiva de la organización Kilómetro 0, Mari Mari Narváez, recordó en un diálogo por Facebook Live con la directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario, que durante la emergencia por el huracán María muchos cuarteles descartaron las denuncias de violencia de género para darle prioridad a los asuntos relacionados con el desastre.
“Los contextos de emergencia en que han colapsado los sistemas de protección social han demostrado que la gente realmente queda a su suerte, y en el caso de las mujeres que viven afectadas por la violencia, a su suerte es en manos de su agresor. Es como si las abandonáramos como país, como sociedad”, apuntó Rosario en respuesta al planteamiento de Mari Narváez.
En la emergencia actual, señaló Mari Narváez, la Policía está concentrada en hacer valer el toque de queda, producir arrestos para demostrar que “funciona” y, al mismo tiempo, la Unidad Especializada de Violencia Doméstica no da abasto aun en situaciones comunes.
“Como Estado, no puedes comunicar que unas vidas son menos prioritarias que otras. Es irresponsable. En este contexto de toque de queda se vuelve más dramático aún porque pareciera que para su emergencia tienen que esperar porque esa emergencia no es tan importante como las otras”, insistió Rosario.
El aislamiento dificulta la denuncia
En la primera semana de aislamiento, la Policía registró 160 querellas por violencia doméstica. Ante los señalamientos, el comisionado de la Policía, Henry Escalera, comparó las estadísticas con las del año pasado. Dijo que eran similares.
Sin embargo, la directora ejecutiva de Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez, resaltó que la Policía ha evidenciado históricamente un mal manejo de estadísticas sobre violencia doméstica y feminicidios.
“Quedó demostrado el año pasado con la investigación La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014-2018 (…) También, en el año 2005, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres llevó a cabo un estudio que demostró que la Policía atendía los casos de violencia doméstica desde el prejuicio. A pesar de que las organizaciones hemos buscado mejorar eso, e incluso, a pesar de la reforma de la Policía, eso continúa sucediendo”, subrayó.
Señaló, además, que para una mujer aislada en el mismo espacio que su agresor es mucho más difícil reportar la violencia.
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Otra razón apunta directamente en la Policía y su ejecución del proceso de protección.
“La Policía no está siguiendo el protocolo que debe seguir. Para ser específica, el otro día le dimos seguimiento a un caso de una mujer que llamó al cuartel a las 7:30 a.m. A las 3:00 p.m., todavía la Unidad de Violencia Doméstica no sabía del caso y el policía que atendió la llamada ni siquiera había consultado al fiscal de turno”, ejemplificó.
Otro problema ha sido la consolidación de los centros de metropolitanos de investigaciones y denuncias de Bayamón y Carolina en San Juan.
“Al consolidar estos centros, es más difícil dar seguimiento a los casos y que las mujeres se puedan movilizar. Si eres, por ejemplo, una mujer pobre, que no tiene transportación o dinero para cubrir los gastos del viaje, no vas a ir a hacer la denuncia”, agregó Pagán Jiménez.
Urgen respuestas al COVID-19 con perspectiva de género
Aunque los tribunales han buscado accesibilizar el proceso de órdenes de protección permitiendo que se lleve a cabo en cuarteles, Pagán Jiménez señaló que todavía los cuarteles no operan como espacios seguros para las mujeres.
“El personal que tienen no está preparado para trabajar con estos casos. Muchas veces, la mujer quiere pedir una orden de protección y no hacer una acusación. Los cuarteles, muchas veces, las instan a que hagan una denuncia criminal y esto lleva a que ellas salgan sin una ni la otra”, apuntó.
Vacío de fiscalización la Oficina de la Procuradora de las Mujeres
Pagán Jiménez evaluó que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que actualmente es dirigida de manera interina por Madeline Bermúdez, no ha cumplido con su misión.
“No ha alertado de los peligros, no ha hecho campañas de protección, no le ha exigido al gobierno que tome acción. Esta oficina no es una secretaría. Se supone que funja como agente fiscalizador. La ley que la creó le da esa libertad. Es la procuradora quien debería estar llevando las estadísticas de los casos”, señaló. “Lo único que ellos han mantenido es la línea de emergencia, que es operada por trabajadores y trabajadoras sociales, y no depende de lo que se haga o no en la procuraduría. Sin embargo, la procuradora está en contacto solamente con aquellas organizaciones que reciben fondos de su oficina”.
Albergues continúan ofreciendo sus servicios
El mismo día que entró en vigor el toque de queda, Coordinadora Paz para la Mujer escribió una carta a la gobernadora pidiéndole atención a las preocupaciones de organizaciones que ofrecen servicios a sobrevivientes de violencia de género.
Entre estas, cómo se manejará de ser necesario las pruebas para el coronavirus de las personas albergadas y cómo será el procedimiento si se identifica una participante con síntomas de coronavirus.
También, señalaron que los albergues responsablemente se han movido a identificar productos de limpieza para proteger a participantes y empleadas, pero necesitarían una garantía de acceso a estos productos si se extiende la situación.
Cuestionaron a la gobernadora sobre cuáles serán los recursos disponibles y con quién deben comunicarse para recibir atención expedita si ocurre un brote al interior del albergue.
A pesar que la mayoría de las preocupaciones planteadas en la carta aún no han sido atendidas por el Ejecutivo, los albergues continúan ofreciendo sus servicios.
A continuación, información que puede ser útil para personas en situación de violencia durante el periodo de distanciamiento social:
- Hogar Nueva Mujer — Tienen una línea de orientación confidencial 24/7. Proveen servicios a sobrevivientes de violencia de género, agresión sexual y acecho. Cuentan con servicios de orientación, coordinación de servicios y referidos, intercesoría legal e intervención de crisis.
787-202-4634 / 787.263.6473 / 787.263.8980
24 HORAS — 939.255.9800 / 787.202.4634 - Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico, Inc. — La red continuarán ofrecido sus servicios como de costumbre en los siguientes espacios:
- Hogar Ruth — 787.883.1805 / 787.883.1884 / 787.792.6596
- Hogar la Piedad — 787.745.0750 / 787.746.0535 / 787.258.5162
- La Casa de Todos — 787.734.5511 / 787.734.3132 / 787.561.3678
- Casa de la Bondad — 787.852.7265 / 787.852.2087
- Casa Protegida Para Mujeres y Niños — 787.879.3300 / 787.880.2273 / 787.831.2272 / 24 HORAS — 787.597.2607
- Casa Protegida Julia de Burgos (San Juan) — 787.723.3500
- Casa Protegida Julia de Burgos (Ponce) — 787.284.4303
- Casa Protegida Julia de Burgos (Aguadilla) —787.891.2031
- Casa Protegida Julia de Burgos (24HORAS) — 787.548.5290 / 787.548.0415
- Taller Salud —Si estás pasando por una situación de violencia doméstica, violencia sexual y/o acecho durante el toque de queda por el coronavirus y eres residente de Loíza, Rio Grande, Fajardo, Luquillo, Carolina o Canóvanas, puedes comunicarte al 787.697.1120.
- Rama Judicial —Si usted o alguien conoce, necesita solicitar una orden de protección ante una situación de violencia de genero, puede acudir a la Sala de Investigaciones del Tribunal de Primera Instancia que ubique en su región o al cuartel de la Policía más cercano a su residencia. Desde allí, se comunicarán con un juez o jueza para que atienda su situación. *Recuerde que aunque los Tribunales estén bajos operación especial, se activa un sistema de jueces y juezas de turno a través de toda la isla para atender situaciones de emergencia*. Más información: www.ramajudicial.pr
- Casa Pensamiento de Mujer del Centro —Para consulta u orientación llame al: 787.686-2000 (Guayama) y 787.735.6698 (Aibonito).
- Oficina de la Procuradora de las Mujeres —Orientación confidencial: 787.722.2977
(Información de ayuda recopilada por la periodista Némesis Mora)