(Fotos de Ana María Abruña Reyes)
Mientras el país aún reacciona a los comentarios y manifestaciones de odio contra el comediante Freddo Vega Ortiz, diversas organizaciones de derechos humanos y activistas avalaron, el miércoles, en vista pública, el Proyecto 485 del Senado para crear una Carta de Derechos de las personas LGBTTIQ+.
«Lo que hemos recibido en la vista pública de hoy es un sólido apoyo de todas las personas y entidades que se han presentado a deponer. Sus memoriales y testimonios reafirman la necesidad de establecer expresamente los derechos y protecciones de la comunidad LGBTTIQ+, así que estoy muy contenta con el trabajo que estamos realizando y agradecida con las recomendaciones recibidas”, expresó la senadora Ana Irma Rivera Lassén, presidenta de la Comisión Derechos Humanos y Asuntos Laborales.
Entre las entidades que apoyaron la medida legislativa, están la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), WAVES AHEAD, Puerto Rico para Tod@s, Proyecto Matria, True Self Foundation, el Instituto Sexológico Educativo y Psicológico de Puerto Rico (ISEP) y DiversxsPR de Amnistía Internacional.
La medida, presentada por Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), busca reconocer los derechos y protecciones de la comunidad LGBTTIQ+ en un documento oficial que las personas utilicen para denunciar casos de discriminación.
De la misma forma, el documento definiría las obligaciones y responsabilidades de las agencias del Estado, y el sector privado, respecto a los derechos humanos que cobijan a las personas LGBTTIQ+. Los senadores esperan con el proyecto también crear informes que se trabajen regularmente para evaluar las condiciones de este sector y recomendar políticas públicas en el futuro.
La primera en deponer fue la licenciada Mayte Bayolo Alonso, de ACLU, quien recalcó que la sociedad puertorriqueña ha mostrado a diario la suficiente violencia, discrimen, maltrato y rechazo contra la comunidad LGBTTIQ+ para justificar la legislación propuesta.
La semana pasada, la senadora Joanne Rodríguez Veve colocó un video en las redes sociales en el que atacó al comediante Vega Ortiz por estar haciendo una interpretación de su personaje “Magda” en la inauguración de una clase graduanda en Arecibo. La publicación de la senadora resultó en cientos de comentarios de odio, que hasta insinuaban asesinar al joven.
“Nos toca a todos, todas y todes asegurarnos que nuestra isla sea una en que reine la equidad. Y este Proyecto del Senado 485 es un paso hacia adelante a asegurar equidad para la comunidad LGBTTIQ+. Recordemos que asegurar los derechos de una persona es asegurar los derechos de todas las personas”, compartió la abogada.
La licenciada explicó que, en Puerto Rico, existen sobre 20 legislaciones denominadas “Cartas de Derecho” con el propósito de velar específicamente los derechos del grupo al cual se le busca proteger, como la Carta de Derechos del Joven, del Veterano y la de las Mujeres Trabajadoras.
Reafirmar los derechos
“Las experiencias vividas de la comunidad, en especial de personas transgénero, es exponencialmente cuando se enfrentan a agencias para hacer trámites gubernamentales. La ACLU ha tenido acceso a diferentes casos de la comunidad como cambio de nombres, en momentos de ir a votar, procesos en su diario de vida, que se ven interrumpidos por la discriminación”, sostuvo Bayolo Alonso.
Bayolo Alonso explicó que están protegidos constitucionalmente, pero que “el propósito de las cartas de derecho es reafirmar los derechos que ya existen y reiterar qué son los derechos y cómo se deben aplicar”.
El senador Bernabe Riefkohl explicó que la medida abre un espacio de educación para definir terminologías e identificar las múltiples formas de ejercer el discrimen en los contextos de salud pública, política, educación, vivienda, entre otros.
Como cita el proyecto, el Programa de las Naciones Unidas establece que “la homofobia y otras formas de estigma, violencia y discriminación hacia las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales, queer y asexuales limitan significativamente su exclusión de la sociedad, su acceso a los servicios sociales y de salud, e impiden su desarrollo social y económico”.
“Es vital que se apruebe (el proyecto 485) como un escudo y como un memorial a todas las personas que han dedicado su vida a visibilizar las luchas de la comunidad LGBTTIQ+”, aseveró, por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot, quien avala la medida.
Preocupación por los derechos de los adultos mayores LGBTTIQ+
El segundo panel de la vista estuvo encabezado por el director de Waves Ahead Corp., el doctor Wilfred Labiosa; la directora ejecutiva de Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez; y el activista y presidente de Puerto Rico para Todes, Pedro Julio Serrano.
“Un estudio completado por nuestra organización encontró dos importantes factores: las personas de 50 años de edad o mayor, que viven con VIH y de la comunidad LGBTTQ, están en un 32% de no tener una vivienda estable o ser persona sin vivienda; y el 48% reportaron discriminación cuando buscan alquilar una vivienda o espacio para adulto mayor”, explicó Labiosa.
Waves Ahead es una organización que ofrece apoyo a los sectores marginados y vulnerables de la sociedad brindándoles la ayuda necesaria para fortalecer su entorno comunitario y familiar.
El director comentó que, usualmente, el adulto mayor LGBTTIQ+ no se siente cómodo al mencionar que son de la comunidad, en las entrevistas iniciales o antes de mudarse, por miedo de rechazo y no poder obtener la vivienda solicitada.
Además, dijo que Services and Advocacy for LGBT Elders (SAGE) acaba de lanzar un estudio para saber qué apertura tienen las viviendas para la comunidad LGBT. Esos resultados se darán en los próximos años.
Denuncian retóricas de odio
Por su parte, Serrano insistió que en la isla se vive una retórica de odio contra la comunidad que termina en los transfeminicidios, entre ellos el de Neulisa Negrón Luciano, conocida como Alexa.
“A Alexa no la mató solo el asesino que jaló el gatillo. La asesinaron desde el momento en que la pusieron en las redes sociales, como hizo la semana pasada una senadora en contra de un miembro de la comunidad LGBTTIQ+”, expresó el activista.
Asimismo, mencionó que se debe investigar el asesinato de Eugenio Martínez Rodríguez, del municipio de Morovis, porque explicó que podría ser un crimen de odio porque el hombre pertenecía a la comunidad.
“Esta Carta de Derecho me toca de manera muy personal, porque en el artículo 10 dice: ‘Derecho a defender y promover los derechos humanos sin discriminación por la orientación sexual y la identidad de género, así como la obligación del Estado de garantizar la protección de las personas que son defensoras de los derechos humanos’”, recalcó.
Serrano también compartió con los senadores 28 copias del libro La reflexión sobre la sexualidad y la identidad de género en Puerto Rico, con la intención de que llegaran a los miembros de la Asamblea Legislativa. “Me da ánimo de compartirles 28 copias para cada senador de cada región para que ayudemos en la educación finalmente”, sostuvo.
Pagán Jimenez mencionó que la campaña de A mis hijos los crío yo tiene como coletilla la premisa de que “los homosexuales vienen tras tus hijos”. “Ese terror puede provocar, y ha provocado antes, ataques contra personas LGBTTIQ+. También, fomenta el discrimen, la exclusión y otros tipos de violencia contra las comunidades LGBTTIQ+”, abundó.
La licenciada, quien también pertenece al Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE) del Estado de Emergencia por la violencia de género en Puerto Rico, explicó que los prejuicios y el uso de la desinformación ya existe en una audiencia particular para exacerbar el odio y motivar a la acción en contra de determinadas poblaciones.
“Nuestra defensa de esas comunidades y de sus derechos humanos, así como nuestro trabajo feminista a favor de un país en el que las mujeres puedan vivir vidas plenas, nos ha convertido en el objetivo de ataque de estos grupos. Nosotras no tenemos miedo de nombrarlos, y los nombramos porque son un peligro para la sociedad y así debe entenderse. Grupos como Puerto Rico por la Familia, el propio Proyecto Dignidad, Alerta Puerto Rico y otros grupos religiosos organizados en torno a la mal llamada defensa de la familia”, mencionó.
Exigen respeto
El tercer panel compuesto por la doctora Carmen Vélez Vega, de CABE, y el doctor Miguel Vázquez Rivera, de True Self Foundation, se prestó para que los portavoces detallaran algunos de los retos que enfrenta con mayor frecuencia la comunidad LGBTTIQ+, como el lograr ponerle ambos apellidos a sus hijos.
“Nosotros queremos respeto. Queremos que nuestros hijos vivan en una sociedad que no tengan que esconderse. Aspiramos a lo que cualquier padre o madre quiere para su familia”, manifestó Vélez Vega.
Además, el director Vázquez Rivera explicó que un documento que reúna los reconocimientos legales es imprescindible para que las comunidades de sexo y género diversos se encuentren en un plano de equidad con las personas heterosexuales y cisgénero.
“La esperanza de nuestra fundación es que esta carta de derechos sea el principio de un camino lleno de legislación para hacer valer estos derechos y redunde en el bienestar de nuestras comunidades. […] Nosotros legislamos para dejar de sobrevivir y comenzar a vivir”, afirmó Vázquez Rivera.
De la misma forma, los activistas Alejandro Santiago y Lisa Marie Rodríguez Rodríguez abundaron en las instancias en que el sistema le ha fallado a las personas LGBTTIQ+, en especial a las mujeres trans en su proceso de afirmación de género.
“De igual manera que logramos los cambios de sexo en los documentos judiciales y legales. Ahora, nos falta lo más grande. La cobertura y disponibilidad de la cirugía de cambio de sexo o reasignación de sexo genital en Puerto Rico”, apuntó Rodríguez Rodríguez, activista de los derechos humanos de las mujeres transexuales y trabajadoras sexuales en Puerto Rico.
Recomendaciones para mejorar el proyecto
El Instituto Sexológico Educativo y Psicológico de Puerto Rico (ISEP) destacó algunas palabras, oraciones, frases y definiciones que podrían modificarse para mejorar el contexto de la información o base conceptual en el proyecto de ley.
Le activista Steph Guzmán Piñero recomendó también que se cambie el acrónimo de “LGBTTIQ+” por “LGBTIQAP+”, agregando (A)sexual, (P)ansexual y utilizando solo una “T” como término sombrilla para describir las diferentes variantes de las personas trans.
También, insistió en incluir subdefiniciones que abarquen la gran diversidad que existe al interior de la comunidad trans como transgénero, transexual, persona no binaria, género no conforme y género fluido.
Sus modificaciones fueron propuestas según el manual Movilizando a la diversidad: Manual de formación de activistas de los derechos humanos y la diversidad sexual y de género del proyecto Diversxs de Amnistía Internacional, que también apoya el Proyecto 485.
Asimismo, Serrano insistió en agregar un artículo en la carta que exprese la sanción que enfrentarían personas que discriminen y violen los derechos citados. Utilizó de referencia la Carta de Derechos de las personas que viven con VIH, en la que en su artículo seis menciona que “será sancionado con pena de reclusión de un máximo de seis (6) meses, multa que no exceda de cinco mil (5,000) dólares”.
“Reconozco que en Puerto Rico vivimos en una isla súper conservadora y, actualmente, dentro del mismo Capitolio, hay sectores y senadores que se encargan de legislar en contra de la comunidad LGBT+. Así que yo sé que para ellos y ellas es un reto, pero siendo esto una carta de derechos yo esperaría que todo senador que esté a favor de los derechos humanos, entre como coautor o que avale la medida para que sea aprobada y que nosotres tengamos nuestros derechos garantizados”, subrayó Guzmán Piñero.
Lee aquí: Comunidad LGBTTQIA+ está alerta a las medidas legislativas discriminatorias