Stephanie Figueroa Figueroa, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género. | Foto por Brandon Cruz González
Ponencia del Observatorio de Equidad de Género, presentada por su coordinadora, Stephanie Figueroa Figueroa, durante las vistas públicas ciudadanas sobre los Proyectos del Senado 63 y 331, relacionados al acceso a información pública, celebradas por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y el Centro de Periodismo Investigativo, el lunes, 19 de mayo.
La democracia se construye sobre la transparencia y la participación activa de sus ciudadanos/as, y el derecho a acceder a la información pública es esencial para sostener este ideal. En Puerto Rico se ha propuesto un proyecto de ley que amenaza con restringir este derecho fundamental, estableciendo barreras que retrasarán y obstaculizarán el acceso a datos relevantes y verificables. Esta iniciativa no solo tiene el potencial de debilitar la transparencia en la gestión gubernamental, sino que también pone en riesgo la labor de aquellos que, día a día, trabajan para hacer visibles las realidades que enfrenta nuestra sociedad, especialmente en lo que se refiere a la violencia de género y la inequidad.
El Observatorio de Equidad de Género es una iniciativa que surge en 2019 gracias al liderazgo inspirador de la licenciada María Dolores “Tati”) Fernós López-Cepero, y se consolida a partir del esfuerzo conjunto de diversas organizaciones feministas comprometidas con la justicia social. Ante una coyuntura en la que la respuesta del Estado frente a la violencia de género y la discriminación parecía insuficiente, el Observatorio se estableció como una herramienta vital para documentar, analizar y denunciar la violencia de género en sus diversas manifestaciones. Con la convicción de que conocer la verdad es el primer paso para transformarla, este colectivo ha invertido esfuerzos incansables en capturar, depurar y difundir datos que revelan el verdadero alcance de las problemáticas que afectan a mujeres, niñas y personas LGBTTQ en Puerto Rico.
La metodología que utiliza el Observatorio se fundamenta en el análisis de datos abiertos, extraídos de la prensa, comunicados del Negociado de la Policía y los registros oficiales del Registro Demográfico. Cada dato recopilado es el resultado de una rigurosa labor de verificación, donde la información se triangula con datos oficiales para aumentar su precisión, cuando estos están disponibles. Este minucioso trabajo de documentación es vital para que las cifras oficiales no se conviertan en meros números, sino en indicadores que permitan diseñar políticas públicas efectivas y sensibles a la realidad de la violencia de género.
La propuesta de restringir el acceso a la información pública amenaza con desmantelar este proceso de verificación y análisis riguroso. Al imponer trabas innecesarias y generar retrasos en la entrega de datos a la prensa, se corre el riesgo de que muchos casos de violencia de género y feminicidios queden registrados de manera incompleta o incluso sean silenciados. Con menos información disponible, se favorece la creación de un panorama distorsionado, en el que las cifras oficiales puedan pintar una imagen de falsa seguridad que no corresponde a la cruda realidad. En este escenario, la capacidad del Observatorio para ejercer su trabajo se vería comprometida, dejando a la sociedad sin herramientas efectivas para exigir cuentas a un Estado que, en muchos casos, ha demostrado insuficiencia en la protección de las mujeres, niñas y personas trans.
Cada cifra, cada informe y cada dato son más que números en una base de datos; representan historias de vidas arrebatadas y de un sistema que, a través de la opacidad, intenta invisibilizar la magnitud de la violencia. La recolección y el análisis de datos abiertos ha permitido al Observatorio identificar patrones y variables cruciales para comprender la violencia de género. La comparación constante de información publicada en la prensa con los registros oficiales ha revelado que, en muchas ocasiones, casos que deberían ser clasificados como feminicidios han sido subreportados o recategorizados erróneamente, lo que afecta directamente la capacidad del Estado para implementar acciones eficaces. Por ejemplo, en algunas ocasiones, una mujer que inicialmente se determinó que presentaba signos visibles de violencia, tras realizarse una autopsia, se determina que la causa de su muerte fue estrangulamiento, por ende un homicidio. La transparencia en la fluidez de la información no es un capricho burocrático, sino la base que permite intervenir a tiempo y formular respuestas que realmente protejan a quienes están en situación de vulnerabilidad.
Las implicaciones de limitar el acceso a estos datos son profundas: se debilitará la rendición de cuentas, se propiciará la impunidad al retrasar la acción de la justicia y se creará un ambiente en el que la ciudadanía se vea privada de conocer y comprender la magnitud de un problema que afecta a tantas personas. La restricción implica, además, que las organizaciones de la sociedad civil, fundamentales para el control y la supervisión de las acciones del Estado, perderán terreno en su capacidad de denuncia. Sin información oportuna y confiable, el poder público podría maquillarse con estadísticas y cifras engañosas que minimicen la realidad de la violencia, dejando a las víctimas y a sus familias en la incertidumbre y el olvido.
El impacto no se limita únicamente a la esfera inmediata de la denuncia; también repercute en la construcción de políticas públicas. Sin un flujo constante y transparente de datos, se dificulta enormemente la identificación de tendencias y áreas críticas, lo cual es indispensable para la elaboración de estrategias y medidas preventivas. Los datos son el puente entre la realidad y la acción gubernamental, y sin ellos, el camino hacia la equidad se torna más complejo. La formulación de políticas se transforma en un ejercicio de improvisación, en lugar de ser una labor basada en evidencia científica.
La restricción del acceso a la información es, en esencia, un atentado a la memoria y a la dignidad de quienes han sufrido las consecuencias de la violencia y la inequidad. Cada dato que se oculta es una voz silenciada; cada demora en la entrega de información es una oportunidad perdida para hacer justicia y prevenir futuros casos. Por ello, el debate sobre este nuevo proyecto no puede entenderse únicamente como una cuestión administrativa, sino como una lucha por el derecho a la verdad, por el derecho a la justicia y la reparación integral, por la dignidad de las víctimas y por la consolidación de un sistema democrático en el que todos/as los/as ciudadanos/as puedan ejercer su derecho a estar informados.
El Observatorio de Equidad de Género ha demostrado que, a través de la recopilación y el análisis riguroso de datos abiertos, es posible detectar información invisibilizada. Este tipo de información faltante o “missing data” (término en inglés) puede ocurrir al azar, o por razones que responden a patrones de omisión no aleatorios ligados a intereses particulares, como las maneras tradicionales de definir un problema o ideas preconcebidas sobre qué merece ser contado. Por ejemplo, el Observatorio viene levantando alertas y reclamando que se desglosen los datos oficiales de mujeres que han muerto por sobredosis de sustancias. Previo al año 2024, las agencias de gobierno de Puerto Rico no daban cuenta de cuántas de las muertes por sobredosis correspondían a mujeres, lo que difunde una falsa percepción de que las muertes por sobredosis son un fenómeno masculino.
En octubre de 2024, la Dra. Debora Upegui-Hernández, analista del Observatorio, señaló a la prensa que “el problema de las muertes por sobredosis dentro y fuera de las cárceles de Puerto Rico no es solo un problema de varones; las mujeres también están muriendo por sobredosis, pero no nos enteramos porque el gobierno consistentemente invisibiliza la situación de las mujeres al no desagregar las estadísticas por género”. Esto crea la falsa imagen de que solo los hombres se ven afectados. Una de las pocas veces en que se han brindado cifras desagregadas por género, ASSMCA reportó que el 10.2% de las muertes por sobredosis en Puerto Rico para el año 2022 fueron mujeres, es decir, 77 de 755 muertes reportadas. El 45% de los incidentes de sobredosis en mujeres culminaron en muerte, comparado con el 34% en hombres.
Es decir, a pesar de que las mujeres representan un porcentaje menor del total de eventos de sobredosis, tienen una mayor probabilidad de no sobrevivir. Aquí radica la importancia de desagregar los datos por género para develar lo que se invisibiliza al no nombrarlo. El trabajo de develar los “datos faltantes” es arduo y comprometido. Las iniciativas que pretenden limitar el acceso a la información constituyen una grave amenaza al derecho de la sociedad civil de ejercer su deber fiscalizador en una democracia.
La batalla por la transparencia y el libre acceso a la información no es solo una disputa técnica; es una confrontación por la integridad de la democracia y el compromiso del Estado con la justicia y la equidad. Cada restricción al flujo de información es una puerta cerrada a la rendición de cuentas y a la mejora de las condiciones de vida de los sectores históricamente marginados.
Negar el acceso a los datos es renunciar a la posibilidad de transformar realidades. Es aceptar que ciertas injusticias sigan siendo invisibles. La transformación social se alcanza con la confrontación honesta de la realidad, mediante la exposición de cada cifra, cada caso, cada vida truncada por la violencia de género. En ese cruce entre la información y la acción reside la esperanza de un futuro en el que la justicia sea una realidad palpable para todas y todos.
En este momento histórico, defender el acceso a la información pública es urgente. Es defender la posibilidad de construir un Puerto Rico donde la invisibilidad no tenga cabida. Es un llamado a la acción colectiva, a la movilización de quienes creen en la transparencia y en la fuerza transformadora de la verdad. La responsabilidad de preservar la integridad de nuestro tejido democrático recae sobre cada uno de nosotros/as. En esta encrucijada, hay que optar por la luz de la información y no por la oscuridad de la restricción.