(Foto por Mari Blanca Robles)
El Negociado de la Policía (NPPR) y el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV), adscrito al Departamento de Salud, no cumplieron con el plazo de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) para la entrega de información sobre sus protocolos, manejo de casos y recopilación de estadísticas en torno a mujeres y menores desaparecidas.
Estas dependencias tenían 10 días para la entrega de sus informes. El plazo venció el 8 de octubre.
El requerimiento de información incluyó además a los departamentos de la Familia (DF) y de Justicia (DJ) que sí entregaron información a la OPM. Sin embargo, es incierto si la procuradora Lersy Boria Vizcarrondo está satisfecha con los datos suministrados, ya que no respondió a un pedido de Todas de ofrecer, al menos, declaraciones escritas. Tampoco se informó cuál es el plan de acción a la luz de lo que ya se ha recopilado y la falta de datos de la Policía y el CAVV.
Tanto la Policía como el CAVV tienen ahora 20 días para mostrar causa por la que no cumplieron con el plazo de entrega de información. En caso de no contestar, la OPM les puede multar por incumplimiento de la Ley 20-2001 bajo la presunción de que están obstaculizando su investigación, indicó la agencia por escrito a petición de Todas. La multa puede ser de $10,000.
Boria pidió los datos a las agencias en una reunión el 23 de septiembre luego que en una semana se reportaran como desaparecidas cuatro mujeres, algunas de ellas menores de edad. Entre las personas con paraderos desconocidos, figuraba Rosimar Rodríguez Gómez, quien fue secuestrada frente a su casa, en Toa Baja, aunque la Policía informó que estaba “desaparecida”, cuatro días después de que se reportara que desconocidos la habían metido a la fuerza en un auto. Semanas después, sus restos se encontraron con múltiples heridas de bala en un sector baldío en Dorado. Ayer, se presentaron cargos contra Jay O’Neill, de 20 años, por este crimen.
El gran número de casos de desapariciones, junto a los feminicidios, de los cuales al menos siete se cometieron en un periodo de dos semanas de septiembre, provocó que grupos y activistas cuestionaran a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a Boria Vizcarrondo la falta de acción y que no se hubiese declarado un estado de emergencia ante esta situación.
Al momento de la reunión ese 23 de septiembre, la procuradora lamentó que no se estuviese trabajando de “manera concertada” entre las agencias. Dijo, además, estar insatisfecha con los protocolos de acción cuando hay desapariciones en los hogares de menores del DF y la coordinación con la Policía, así como la falta de estadísticas del CAAV.
Datos del Observatorio de Equidad de Género apuntan a que al día de hoy cinco adultas y seis niñas, que fueron reportadas desaparecidas este año, aun siguen sin encontrarlas.
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