Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes
“La esperanza no es un sentimiento, sino una acción y un compromiso consistente, que llevamos a cabo” .
Hernaliz Vázquez Torres, organizadora del Sierra Club Puerto Rico, contestó así a la pregunta de la prensa sobre cuáles probabilidades de prevalecer tienen las personas y entidades que se oponen al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que la junta de control fiscal le ha pedido al tribunal de quiebras de Estados Unidos que apruebe. Tan solo minutos antes, la planificadora ambiental había anunciado —junto a otras diez personas, quienes le acompañaban, en representación de ocho organizaciones ambientales y comunitarias— la presentación de un recurso legal para que la jueza federal, Laura Taylor Swain, rechace el plan para reestructurar la deuda de la AEE. Este plan implica aumentar el costo de la luz eléctrica y penalizar a quienes se desconectan de la red de generación que usa combustibles fósiles.
Vazquez Torres, de 30 años, enfatizó que su esperanza está puesta en la acción que los grupos ambientales y comunitarios llevan a cabo, pues llevan dos años reuniéndose y asesorándose sobre el tema de la deuda, buscando formas de combatir esas políticas.
En febrero de este año, lanzaron la campaña No más aumentos en la factura de luz, cuya página web tiene una calculadora para que la gente pueda calcular cuánto más pagarán mensualmente de acuerdo a su consumo de electricidad. También, han realizado estudios y no pierden una oportunidad para expresarse públicamente sobre la justicia energética.
Más allá de cualquier estrategia legal, el abogado de Earthjustice, William Santiago Sastre, dijo que derrotar el plan de la junta de control fiscal requerirá la movilización del pueblo, mediante protestas y programas de educación.
“Yo soy abogado, yo creo en los tribunales. Pero, en el tribunal, los intereses económicos están dominando a la junta. Ellos no nos están oyendo”, puntualizó en la conferencia de prensa celebrada, el lunes, en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. “Vamos a defendernos e ir al tribunal, pero aquí el pueblo se tiene que mover”, agregó.
Santiago Sastre radicó, en la noche del lunes, el recurso legal junto a la abogada Laura Arroyo Lugo, también de Earthjustice. El documento de 40 páginas argumenta los motivos por los cuales la jueza debe rechazar el segundo plan de ajuste enmendado y dirigir a la junta de control fiscal “a redactar un plan nuevo, en consulta cercana con las partes interesadas, que se alinee con la política energética de Puerto Rico, fomente la transición a la energía renovable distribuida y le dé a la AEE los fondos necesarios para implementar esa transición”.
La alianza ha explicado que se trata de tres cargos adicionales: un cargo fijo que comienza en $13, pero se le suman dos cargos adicionales por nivel de consumo donde el total del aumento para un cliente individual promedio podría comenzar en $19 y para una familia promedio podría ser de $29. Además, los cargos aumentarían la factura de un pequeño comerciante promedio por 12% y para clientes comerciales e industriales más grandes, los nuevos cargos pueden sumar a más de $1,800 mensualmente, según la declaración del grupo.
Santiago Sastre y la abogada asociada de Earthjustice, Lorena Vélez Miranda, detallaron que esto provocará que más personas emigren fuera de Puerto Rico, se desconecten de la red eléctrica, lo cual lo hace insostenible. Además, el plan viola la Ley de Política Pública Energética y otras leyes de Puerto Rico, argumentaron.
Lucha solidaria y en alianza
El grupo al cual representan no es novato en la defensa ambiental, una lucha que sus portavoces reconocen que tiene intersecciones con la energía eléctrica, deuda pública, crisis climática, pobreza y el feminismo.
Como parte del grupo, están: el Comité Yabucoeño Pro Calidad de Vida, fundado en 1988; Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, en 1989; Comité Diálogo Ambiental, en 1996; Amigos de Río Guaynabo, en 2004; el Capítulo de Puerto Rico del Sierra Club, en 2005; El Puente-Enlace Latino de Acción Climática, en 2013; y la Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, en 2015, al igual que la Coalición de Organizaciones Anti Incineración.
Desde hace tres años, unieron fuerzas por medio de la Alianza de Energía Renovable Ahora (AERA), para intervenir ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en el proceso de aprobación del Plan Integrado de Recursos de la AEE. La mira en ese entonces era que el gobierno incorporara proyectos de energía renovable, en lugar de plantas de combustibles fósiles como el gas metano (conocido como gas natural). Las organizaciones pasaron luego, a reunirse y orientarse sobre el PAD y su efecto en el ambiente y el empobrecimiento de la población, según sus integrantes.
La bióloga y fitopatóloga Julia Mignucci, de Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente, indicó que el aumento de la factura de luz eléctrica para costear un sistema inestable de energía eléctrica se combina con problemas socioeconómicos, tales como la pérdida poblacional, el aumento de la pobreza, el aumento del costo de la canasta básica de alimentos y el rezago académico.
“Estamos viendo un país viviendo una situación muy trágica, yo diría, muy desastrosa. Estamos viendo un país que necesita recuperar la estabilidad diaria. El agua, la luz y un techo seguro son los tres pilares básicos, que cada familia debe tener. No sentimos que el gobierno de Puerto Rico esté atendiendo esa necesidad”, puntualizó.
“La gran oposición, yo la veo en tantos lugares, y estoy viendo una gran camada de jóvenes que están activos en esa dirección, así que yo tengo la esperanza de que esto podamos tumbarlo”, añadió Mignucci.
Vázquez Torres observó que la gente está indignada porque la electricidad que corre por la casa no funciona.
“Muchas personas ya conocen del tema, y creo que es un momento en que podemos intervenir y podemos ganar”, observó.
Los miembros de la alianza se han estado reuniendo, semanalmente, con participación de más de 200 personas alrededor del archipiélago, para afinar las estrategias de movilización y organización mediante encuentros comunitarios, la recolección de firmas y colocación de cruzacalles y pancartas para dar a conocer la campaña. Anticiparon que, para el 28 de junio, estarán convocando una manifestación.
Otro de sus reclamos incluye que la legislatura retome el Proyecto de la Cámara 1383, para crear la “Ley para la Reestructuración de la Deuda de la AEE” y vaya sobre el veto del gobernador Pedro Pierluisi.