Un juez que reconoce la peligrosidad de un agresor, pero que, en vez, regaña en sala a la víctima. Un fiscal que decide “perdonarle” a un maltratante una violación a una orden de protección y se conforma con decir que radicaría cargos “de ocurrir otras violaciones en el futuro”. Una peticionaria de una orden de protección que testifica haber sido víctima de agresión sexual sin que el juez o la jueza que presidía la vista refiriera a la Policía para que investigara y evaluara si procedía la presentación de cargos por delitos. Una perjudicada que informa al tribunal su nueva dirección y esta se hace constar en el expediente del caso sin que surja que se tomara alguna precaución para mantener la confidencialidad de la información.
Estos fueron algunos de los hallazgos que el Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidio de la Administración de Tribunales incluyó en su informe preliminar, divulgado ayer, jueves. Todas las instancias descritas fueron experimentadas por mujeres que luego fueron asesinadas por sus parejas o exparejas.
El Grupo de Trabajo responde a la orden administrativa que emitió la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, el pasado 4 de mayo, a días del hallazgo del cuerpo de Andrea Ruiz Costas, víctima de feminicidio, y de que trascendiera que esta había procurado auxilio del tribunal sin que le fuera concedido.
El Grupo de Trabajo tiene la encomienda de recopilar información y ofrecer recomendaciones sobre los procesos administrativos y operacionales de los tribunales.
Siete mujeres buscaron ayuda
En el período evaluado, del 2020 al 30 de junio de 2021, Observatorio de Equidad de Género había registrado 23 feminicidios íntimos, o perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas.
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El grupo identificó siete casos de víctimas que habían acudido previamente a los tribunales.
En cada uno de los siete casos, las víctimas habían solicitado órdenes de protección anteriormente. En uno de los casos, no se concedió. Aunque el informe no identifica el nombre de las perjudicadas o peticionarias, se puede concluir que este era el de Ruiz Costas.
En otros dos casos, se desprende del análisis que el feminicida violó la orden de protección para cometer el crimen o perpetró el feminicidio al expirar la orden.
“En los casos de solicitud de orden de protección estudiados, las grabaciones no muestran una evaluación de los factores de letalidad presentes en los testimonios de las peticionarias. Tampoco se apreció la implantación de las mejores prácticas incorporadas en el Manual del Estrado de órdenes de Protección en Situaciones de Violencia Doméstica”, detalla el informe.
El Grupo de Trabajo que integran dos jueces, dos juezas, y es liderado por la exjueza Aleida Varona Méndez, identificó desorganización en los expedientes y deficiencias en las notas de los jueces y las juezas en la vista preliminar.
También, al evaluar las grabaciones de las vistas en sala, advirtió una pobre participación de los jueces y las juezas para auscultar la presencia de indicadores de letalidad, y para orientar a las partes sobre las consecuencias de una violación a la orden de protección, las conductas prohibidas y la necesidad de que la víctima lleve siempre consigo el documento, entre otras advertencias que incluye la ley.
Falta rendición de cuentas
Aunque el informe abunda un poco más sobre estos hallazgos, la jueza presidenta se concentró en presentar a la prensa las recomendaciones y acciones que ha tomado el Poder Judicial para atender la crisis de violencia de género desde los tribunales.
Omitió en su alocución detalles sobre los fallos identificados en el manejo de los casos y la adjudicación de responsabilidades a los funcionarios de tribunales involucrados.
Oronoz Rodríguez no habló sobre la designación que hizo el 1 de mayo de un comité para que evaluara “con carácter de urgencia toda la información, documentos y grabaciones de las distintas vistas que se celebraron” en el caso en que Ruiz Costas denunció a su agresor y luego feminicida Miguel Ocasio Santiago. En un comunicado de prensa, la jueza presidenta prometió rendir cuentas al país, pero ayer dijo que no podía hacer expresiones específicas sobre este caso ni sobre el proceso de investigación sobre el manejo de las juezas Ingrid Alvarado y Sonya Nieves.
Alvarado Rodríguez también presidió una vista judicial en la que dejó la custodia del niño de 8 años Jeiden Santiago Figueroa a su padre, Jonathan Santiago Cortés, a pesar de las advertencias de un trabajador social de que este no estaba apto para asumirla. El hombre está acusado de asesinar al niño.
“Las reglas no nos permiten hacer ninguna expresión sobre el tema”, dijo Oronoz.
Oronoz también indicó que el informe utilizó una metodología que no identifica los nombres de ninguna de las partes involucradas ni de los funcionarios del tribunal “a propósito”. Tampoco, señaló, era el objetivo del trabajo valorar el manejo de los casos y cómo las víctimas pudieron haber quedado desprotegidas por las acciones o falta de acciones de los jueces y juezas.
En entrevista con Todas, la psicóloga social y feminista Mercedes Rodríguez López, quien vio la presentación del informe que hizo la jueza presidenta, dijo sentirse, como ciudadana, decepcionada.
“Yo soy parte de la ciudadanía que me sentía deseosa de ver algún tipo de observación más específica sobre quienes actuaron mal. La decepción viene porque hubiésemos deseado información más concreta que ayudara a la jueza del Tribunal Supremo a tomar decisiones sobre la conducta de quienes hayan actuado de manera inapropiada y que haya tenido como consecuencia el daño tan irreparable de la pérdida de una vida”, comentó Rodríguez López.
“Interesa mucho qué va a hacer la Administración de Tribunales para evaluar con rigor la conducta de los jueces y juezas, y fijar responsabilidades”, subrayó.
Recomendaciones para fortalecer adiestramientos
El Grupo de Trabajo recomendó propiciar la creación de una base de datos oficial en la que se recoja información de feminicidios; impartir instrucciones sobre el uso del Manual de Estrado de Órdenes de Protección en Situaciones de Violencia Doméstica; establecer un proceso periódico y rutinario de auditoría de expedientes para casos de violencia de género y ofrecer actividades educativas, entre otras iniciativas.
Familiares hacen sus recomendaciones
Además, incluyó en su trabajo entrevistas a familiares y personas cercanas a las víctimas de feminicidios, quienes emitieron recomendaciones. Proceder con más rapidez en los tribunales con el diligenciamiento de las órdenes de protección, orientar a las víctimas y ofrecer servicios integrales y establecer un programa para que la Policía provea seguimiento y rondas preventivas a las víctimas fueron algunas de las que mencionaron.
También, hablaron de coordinar y fomentar los servicios de albergue cuando el Tribunal identifique situaciones de alta peligrosidad y establecer redes de apoyo para ofrecer seguimiento a las víctimas mediante llamadas.
Reiterada reflexión sobre víctimas que no acuden a los tribunales
El informe indica que de los 81 feminicidios reportados entre los años 2020 y 2021 por el Observatorio de Equidad de Género, solamente en siete hubo intervención judicial para “concluir que es posible que el 91.3% de los casos de violencia de género que culminaron con un feminicidio, no pasaron por un proceso judicial ante los tribunales”.
Sin embargo, la cifra de 81 feminicidios, incluye asesinatos de mujeres perpetrados por desconocidos o personas que no eran las parejas o exparejas de las víctimas, por lo que no hubiesen podido pedir auxilio del tribunal al amparo de la Ley 54 de violencia doméstica. En muchos casos, ni siquiera hubiesen podido anticipar el riesgo.
Comoquiera, la jueza presidenta llamó la atención sobre el dato de que la mayoría de las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica no procuran ayuda de las autoridades.
“Nos tiene que hacer a todos pausar (y preguntar) por qué no están llegando a buscar ayuda. Por qué no están llegando a los tribunales específicamente”, reflexionó la jueza presidenta.
El informe menciona que el bajo número de víctimas que solicitaron intervención judicial, es comparable con los hallazgos de otros estudios realizados anteriormente en otras jurisdicciones.
La psicóloga Rodríguez López mencionó que la pregunta de por qué no llegan a los tribunales las víctimas de violencia de género está planteada hace muchos años.
“La realidad es que ese es un dato harto conocido por décadas. La gran mayoría de las víctimas de violencia de género, en general, no van a ningún sitio. Y cuando van a algún lugar del sistema de justicia, a donde menos llegan esas víctimas, por la secuencia del proceso, es a los tribunales. Esa es la pregunta que tenemos de frente”, señaló Rodríguez López.
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La importancia de las órdenes de protección
Oronoz Rodríguez reconoció que aún falta mucho por hacer para combatir la violencia machista, que es una de sus prioridades como jueza presidenta, y en un esfuerzo por cultivar la confianza de las víctimas en el sistema de justicia, subrayó que la mayoría de las órdenes de protección son respetadas.
“Menos del 1% de las órdenes de protección ex parte que se expiden, se violentan. Escuchamos frecuentemente la frase de que ‘el papel no detiene una bala’. La data empírica que consta en nuestros archivos dice que las órdenes de protección funcionan y que el 99% de las víctimas que solicitan una orden de protección al tribunal se pueden proteger adecuadamente de la persona peticionada. Funcionan las órdenes de protección”, sostuvo.
Ante este dato, la psicóloga Rodríguez López sugirió ampliar el alcance del estudio, pues su experiencia trabajando con víctimas de violencia doméstica le permite conocer que las órdenes de protección, aunque son un mecanismo valioso, se violan con mucha más frecuencia de lo que el tribunal puede consignar.
“Muchas muchas mujeres saben que se viola una orden de protección y no regresan al tribunal porque le pierden confianza, porque temen mayores represalias y utilizan otras estrategias para lidiar que no es regresando al tribunal a notificarlo”, señaló la experta.
“Los tribunales tienen que ver más allá de lo que típicamente se ve”, apuntó Rodríguez López.
Si tú o alguna persona conocida está en situación de violencia, llama a la Línea de ayuda 787-489-0022. Mira más recursos de ayuda aquí.