Entre la madrugada y mañana del sábado, el expolicía, Diego Figueroa Torres, asesinó de dos disparos a Iraida Hornedo Camacho. En el 2020, Shirley Vera Barreto le disparó al expolicía Alvin Quiñones luego que este le diera una brutal paliza. El disparo le causó la muerte. Shirley le había comunicado que quería divorciarse; ya no soportaba el patrón de violencia, abuso y maltrato al cual el exteniente la sometió durante años.
No es raro que entre el feminicidio de Iraida y la condena de Shirley exista un denominador común: policías. Los índices de violencia machista dentro de los cuerpos policiales son alarmantes. También es alarmante la falta de transparencia y rendición de cuentas cuando se trata de la atención y manejo de estos casos, las medidas adoptadas por la Policía para atenderlos de manera efectiva, las garantías procesales y de seguridad para las mujeres y personas que les denuncian, entre otros.
Aunque esto podría, en principio, llamar la atención, lo cierto es que es producto de la misma institución. A pesar de las narrativas promovidas con mucha efectividad que pretenden equiparar a la Policía con seguridad y a las cárceles con protección, ni la Policía ni el sistema carcelario nos dan seguridad ni nos protegen. Al contrario. La Policía administra el monopolio de la violencia estatal y su rol fundamental es ejercerla.
Esta licencia para ejercer violencia ha desarrollado una legitimación basada en la autoridad de quienes la ostentan. No asombra entonces que con la misma violencia conduzcan sus relaciones interpersonales, manejen los conflictos, y ejerzan poder sobre quienes consideran en una situación inferior.
En el caso de las mujeres y personas de géneros marginalizados, la probabilidad de que sean criminalizadas por sobrevivir la violencia machista es alarmante. No es casual que la mayor parte de las víctimas de violencia machista se conviertan en sobrevivientes sin asistencia del Estado y sus aparatos represivos. Los temores fundamentales de las mujeres son que no les crean, las intimiden, las discriminen por ser negras o migrantes o de géneros marginalizados, y, finalmente, que las arresten por haberse defendido. La conducta autoritaria y violenta de la Policía les convierte en una amenaza en lugar de una herramienta.
La situación empeora cuando son los mismos policías quienes someten a sus parejas y familias a patrones de violencia. En ese caso, la Policía no es una opción para atender estas situaciones, menos aún si se tratan de policías de jerarquía como lo eran Alvin Quiñones y Diego Figueroa. En ese sentido, es importante dejar claro que la mayor parte de incidentes de violencia machista no se atienden dentro de las estructuras del Estado. Las mujeres y personas de géneros marginalizados buscamos crear redes de apoyo que permitan atender las situaciones de manera efectiva sin que aumente el daño. Esa atención y protección autogestionada, provoca, a su vez, que quienes han sufrido los embates de la violencia sean penalizadas por el Estado. Eso es así porque el Estado, en muchas ocasiones, condiciona ayudas, recursos y servicios, a que la víctima utilice los canales policiales y el sistema criminal. Nuevamente, la Policía inicia, entonces, la propagación de narrativas acusatorias de las personas que sobreviven.
La Policía es un buen ejemplo para reconocer que la violencia no es un asunto individual cuya solución es procesar a un individuo que se ha comportado y actuado como la sociedad en que vivimos nos enseña. Es indispensable reconocer que la violencia es sistémica y estructural, producto de un sistema racista, clasista, misógino, heteronormativizado, ciscéntrico, xenofóbico, y capacitista. De esa manera, el Estado criminaliza a quienes no se ajustan a sus normas y les encierra en jaulas. Claro está, el daño se profundiza y agranda. No se trata de rehabilitar individuos, se trata de transformar nuestros arreglos políticos, sociales y económicos que levantan estructuras opresivas basadas en la producción de desigualdad. La Policía es el reflejo.
En ese sentido, debe quedar claro que la Policía no admite más reformas, ni recursos en tecnología, ni capacitaciones, tampoco diversidad. La Policía es una institución para ejercer violencia, no importa cuanto se la pueda adornar. No solo se lleva una gran parte de nuestro presupuesto que pudiese destinarse a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, además produce sujetos que hacen de la violencia su forma de vida, sometiendo a otras, especialmente a sus parejas y familias, a patrones de abuso, maltrato e, incluso, llegan a arrebatarles la vida.
Es tiempo ya de comenzar a pensar la vida que merecemos. Un futuro seguro en comunidad y sin Policía. La Policía no solo no nos protege, nos mata. En memoria de Iraida y por una vida en libertad para Shirley, urge abolir la Policía.