Primero, la respuesta fue el silencio.
Cuando, hace un mes, una exmilitante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) tomó las redes sociales para denunciar acoso laboral, sexismo y misoginia por parte del excandidato a la alcaldía de Aguadilla Eliezer Ríos Santiago, y la inacción de la colectividad, la respuesta inmediata fue el silencio.
Al cabo de días, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, la vicepresidenta del partido, se expresó. Admitió que el partido no contaba con protocolos para atender casos de acoso, anunció la creación de una comisión especial para la investigación de las denuncias y dijo que no haría más expresiones sobre el asunto. La comisión se conformó con la doctora Nellie Zambrana Ortiz, y las abogadas Jessica Martínez Birriel y Yahaira Velázquez Correa. El grupo investigó otras dos denuncias, de acoso y hostigamiento sexual contra otros miembros del partido.
Luego, fue la revictimización.
Tres meses y dos investigaciones después, el secretario general del PIP, Juan Dalmau Ramírez, presentó los hallazgos de las investigaciones. Ríos Santiago fue exonerado de responsabilidad del acoso laboral que denunció Valerie Román Echevarría porque “no había una relación laboral” entre las partes. Asimismo, sobre la acusación de expresiones machistas, misóginas y discriminatorias, la comisión determinó que “por no ser corroborables, no hay remedio que conceder”.
Las otras dos denuncias, también las despachó. “En una de las situaciones, la evidencia mostró que las comunicaciones por WhatsApp fueron consentidas y correspondidas por ambas partes. En el otro caso se evaluaron las comunicaciones y las mismas no reflejaron evidencia de la conducta alegada”.
Las reacciones ante la falta de perspectiva de género en el manejo de las denuncias no tardaron.
“Se nota que la ‘investigación’ que hizo el PIP no es neutral. Desde el inicio defendieron al hostigador. Luego preguntan por qué no denuncian. No denuncian porque saben que las instituciones y sus mecanismos protegen a quienes causan el daño. Es un proceso doloroso y hostil”, expuso la abogada feminista Mariana Iriarte Matronardo en Twitter.
“Si bien es cierto que ninguna organización política está exenta de tener que atender situaciones de violencia machista, Juan Dalmau como secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño, optó por asumirse como abogado del acusado y salió en su defensa. Mientras, en ningún momento de este proceso ha habido empatía y solidaridad por las compañeras que han presentado denuncia”, sostuvo la Colectiva Feminista en Construcción, en declaraciones escritas.
Un mensaje de exclusión a gran escala
Según coinciden feministas involucradas en el accionar político del país, las consecuencias de la gestión del PIP son un reflejo de los espacios machistas y trascienden la institución.
En una sociedad patriarcal, las mujeres siguen siendo minoría en las carreras por puestos políticos. Fue apenas en el 2020 que, por primera vez, fueron mayoría en el Senado de Puerto Rico, ocupando 14 de 27 escaños. No es así en el resto de los cargos por elección.
Y la falta de perspectiva de género en el manejo de denuncias como las que se presentaron ante el PIP es un disuasivo para que haya mayor representación de mujeres en las candidaturas, liderato y militancia, expuso Natalie Caraballo, cofundadora de Proyecto 85, una organización que promueve la participación política de mujeres como funcionarias públicas electas en Puerto Rico para lograr representación equitativa en el gobierno.
Es un ciclo de exclusión y discrimen que ha tenido el efecto, por años, de relegar a las mujeres a la periferia de los partidos políticos. La falta de espacios seguros las desplaza o las continúa poniendo en vulnerabilidad.
“Ningún partido político está exento de replicar acciones que lamentablemente perpetúan estos espacios machistas, misóginos y donde hay unas relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres”, señaló Caraballo.
Consideró que urge que los líderes de los partidos políticos se eduquen en perspectiva de género para que entiendan cómo las jerarquías de poder inciden en las opresiones de género y actúen con ello en mente.
Para Isabel Cristina Berríos, del Caucus de Mujeres del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), la respuesta del PIP “tiene un efecto no solo en esas mujeres [que decidieron denunciar], sino contra otras mujeres que se pueden encontrar en una situación similar y que están viendo cómo podría terminar su caso, si deciden levantar su voz para hacer una denuncia”.
Implicaría la continuidad de la impunidad para los agresores y la desacreditación para las víctimas, una dinámica generalizada y sostenida por el patriarcado.
Impunidad ante acusaciones
En el caso del PIP, la denunciante Román Echevarría anticipó que sería revictimizada.
“En mi momento, utilicé los canales oficiales existentes. Entregué fechas, detalles y testigos que corroboran lo que sufrí del 2019 al 2021. Mi agresor admitió los hechos. Me preguntaron si yo aceptaría unas disculpas en privado. Me negué. Hoy, también me niego a participar, por segunda vez, de un proceso doloroso y a la posibilidad de volver a revictimizarme. Mi caso debió estar resuelto desde abril. Y, sin embargo, ahí sigue Eliezer Ríos Santiago sin repercusiones”, indicó Román Echevarría a través de Twitter.
Según el informe de la Comisión Especial, Ríos Santiago es empleado en las oficinas senatoriales del PIP, desde 2017. Actualmente, se desempeña como asesor legislativo a tiempo parcial de la senadora Santiago Negrón, por lo que devenga $1,900 de salario, de acuerdo con datos de 2021. Durante el proceso de investigación, no fue relevado de su puesto. En días recientes, Dalmau Ramírez reiteró que el imputado goza de su confianza.
Se debió atender como un asunto político
La Colectiva Feminista en Contrucción denunció que no se atendieran los casos en el contexto político, en el que se dieron los hechos de las acusaciones. Además, indicó que el empleo de tecnicismos legales ignora que “en muchas ocasiones, el propio sistema jurídico opera en beneficio de los agresores”.
La directora ejecutiva del Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez, coincidió por separado, en declaraciones escritas que circuló en sus redes, y señaló que las leyes “se quedan cortas” para abarcar la complejidad de organización y jerarquía interna de los partidos políticos.
“Necesitamos otro tipo de remedios que permitan que los partidos sean espacios seguros, pero además de desarrollo y participación efectiva para las mujeres y las personas de otros grupos sociales que viven las desigualdades día a día”, indicó Pagán Jiménez, en la publicación en redes sociales.
Berríos y Caraballo también estuvieron de acuerdo en que la respuesta debió darse en el contexto político.
“Entiendo que el asunto se debió tratar como lo que fue, un asunto político. Cabe destacar que nuestras vidas, nuestra seguridad, nuestra integridad y nuestra dignidad son asuntos políticos”, expresó la cofundadora de Proyecto 85.
¿Qué se pudo hacer mejor?
Para Pagán Jiménez, es importante que el PIP hubiese trabajado en la prevención. Entiende que debió asumir que, como una organización que se da en una sociedad patriarcal, no están exentos de actos machistas, racistas y discriminatorios.
“Reconocer todo esto es el primer paso para lo que debe ser parte de la agenda de todo partido que abogue por la equidad: educar para erradicar los prejuicios y los estereotipos de género, educar para balancear los espacios de poder y dar más participación a las mujeres, educar para que la gente sepa identificar la violencia de género cuando la vea, educar para que la gente sepa actuar a tiempo”, subrayó.
De igual forma, Caraballo considera que el liderato, sobre todo si son mayoritariamente hombres, deben tener un entendimiento de cómo accionar desde la perspectiva de género. Si eso no existe, “¿cómo vamos a pretender que se accione con perspectiva de género, desde las bases?”, cuestionó. En este momento histórico, dijo, no es suficiente con abrir espacios seguros para las víctimas, sino centrar todos los esfuerzos en ellas.
“Nosotras necesitamos poder movernos y militar dentro de espacios seguros. En la medida en que nuestras organizaciones no nos provean esos espacios seguros, nos va a limitar nuestra participación en esas organizaciones. Eso aplica tanto al PIP como a todas las organizaciones independentistas y de izquierda en Puerto Rico, incluyendo a mi organización”, agregó Berríos, del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores.
Para esta historia, Todas intentó conseguir reacciones de líderes del PIP, pero no tuvo éxito. La secretaria de Asuntos de Mujer y Género, Adriana Gutiérrez Colón, respondió que se encontraba fuera del país y con dificultades para sostener comunicación. Mientras que la secretaria de la Juventud del PIP, Alondra Belaval Seda, dijo que, al momento, no estaba emitiendo declaraciones.