Fotos del archivo de Ana María Abruña Reyes
La crisis persistente de violencia de género que enfrenta el país dejó, en 2024, 81 feminicidios directos e indirectos y 88 intentos de feminicidio, de acuerdo con el Observatorio de Equidad de Género.
El año pasado, los albergues dirigidos a atender esta situación asistieron a más de 580 sobrevivientes y menores. No obstante, este año, los fondos para albergues se vieron comprometidos con recortes federales y estatales.
Ante este escenario, la Asamblea Legislativa propuso una enmienda a la Ley de Alianzas Público-Privadas para permitir contratos con entidades privadas que construyan, mantengan u operen refugios para víctimas de violencia.
Aunque los proyectos del Senado 430 y de la Cámara 415 se promueven como una herramienta para atender la falta de recursos de las entidades sin fines de lucro que atienden a víctimas, la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género –la Red de Albergues– asegura que, aunque la intención es buena, la aprobación de estos proyectos, tal y como están redactados, sería devastadora para la prevención de la violencia.
“Podemos entender la intención, pero la intención no está conectada con lo que está escrito en el proyecto. El proyecto, tal cual y enfocado en los albergues, podría ser un proyecto que abra una puerta que sea peligrosa para las sobrevivientes”, afirmó Coraly León Morales, presidenta de la Junta de Directoras de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género.
¿Qué proponen los Proyectos de la Cámara 415 y del Senado 430?
Aunque su número es distinto, ambos proyectos tienen el mismo propósito: buscan enmendar la Ley Núm. 29-2009, conocida como la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP), para permitir que el Estado establezca alianzas con entidades privadas para la construcción, mantenimiento u operación de albergues exclusivamente destinados a mujeres víctimas de violencia doméstica en Puerto Rico.
Cabe destacar que, en Puerto Rico, las entidades que ofrecen albergues para atender a víctimas y sobrevivientes de violencia de género, son privadas. Los proyectos 415 y 430 proponen que el gobierno colabore “con estos aliados del tercer sector para juntos erradicar el mal de la violencia doméstica”.
Esta alianza sería a cambio de que el gobierno se encargue de la construcción, mantenimiento u operación de edificios para albergar víctimas de violencia doméstica en el país.
También, se propone crear una junta de directores que incluirá representantes de las APP o de Justicia o Familia, y a la Procuradora de las Mujeres y al alcalde del municipio donde se ubique el albergue.
En abril de este año, la Red de Albergues denunció, por medio de su presidenta, Coraly León Morales, que esta junta no contemplaba la representación de los albergues.
¿Cuáles son los riesgos que observan las entidades?
Para León Morales, el proyecto, tal y como está redactado, podría violar normativas federales que exigen que estos servicios carezcan de barreras para las víctimas y sobrevivientes, suponiendo mayor riesgo de pérdida de fondos.
“Si entra un inversionista privado, ese inversionista va a tener una expectativa de lucro… y la única manera que podrían generar ingresos sería cobrando el servicio a las víctimas”, advirtió León Morales, anticipando que pagar por servicios de atención a violencia doméstica supone una barrera para las sobrevivientes.
Este modelo pondría en riesgo el acceso a servicios de emergencia “que hacen la diferencia entre la vida y la muerte”.
También alertó que el modelo podría crear dos tipos de albergues: los tradicionales, manejados por organizaciones sin fines de lucro, y los nuevos albergues creados bajo el esquema de alianzas público privadas. Esta doble estructura podría abrir la puerta a discriminación en la asignación de fondos, dejando en desventaja a instituciones con décadas de experiencia.
“Los albergues integrantes de la red, ninguno quiere someterse a este modelo porque entienden muy claramente cuáles son los riesgos para las sobrevivientes”, detalló León Morales.
¿Cuáles son las posturas de las entidades?
En principio, la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, había respaldado los proyectos, argumentando que podían ser beneficiosos y defendió que, aunque la Red no fue convocada a vista pública, sus preocupaciones se incorporaron en el memorial de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
“Las APP no son nuestros enemigos”, declaró en entrevista con Todas en mayo de 2025.
Sin embargo, tras reunirse directamente con León Morales, la procuradora cambió su postura y afirmó en declaraciones escritas “su llamado a enmendar el proyecto para garantizar que no se comprometan los estándares de atención ni los derechos de las mujeres víctimas”.
A pesar del giro en la postura de la procuradora, la Red lamentó que el Senado no les convocara a vista pública ni les solicitara un memorial antes de aprobar el PS 430.
También intentaron sin éxito reunirse con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz antes de que se aprobara el proyecto 430 en el Senado. “Fue un proceso muy acelerado. No nos escucharon a las organizaciones que hacemos el trabajo en el día a día”, dijo León Morales.
¿Qué proponen como alternativa?
De acuerdo con La Red de Albergues, la crisis de violencia de género en el país no está atada a la falta de camas o edificios para refugiar a las víctimas. De manera que los proyectos 430 y 415 no se enfocan en la raíz del problema.
“Como se ha reiterado en múltiples ocasiones, la Red de Albergues ha sostenido que no existe una necesidad de más camas o espacios físicos, sino una necesidad urgente de más recursos humanos y económicos que permitan a los albergues existentes operar a plena capacidad”, manifestó León Morales, por medio de un comunicado de prensa enviado en junio de este año.
De ahí que la Red de Albergues haya solicitado formalmente que el proyecto sea enmendado para enfocarse exclusivamente en vivienda asequible, una necesidad urgente dada la falta de inventario para sobrevivientes de violencia doméstica.
Según León, existen modelos ya implementados en el país donde inversionistas privados construyen viviendas y organizaciones sociales manejan los servicios con su experticia. Este modelo “resuelve un problema real” sin poner en riesgo los servicios gratuitos que se ofrecen.
¿Qué ha pasado en el Senado y la Cámara?
El Proyecto del Senado 430 fue aprobado en el Senado y pasó a revisión en la Cámara de Representantes. La aprobación se dio el 22 de abril con 20 votos a favor, seis en contra y dos ausentes, de acuerdo con la Oficina de Servicios Legislativos (OSL).
Según OSL, los senadores en contra fueron: Ada Álvarez Conde, José Dalmau Santiago, Adrián González Costa, Eliezer Molina, Joanne Rodríguez Veve y María de Lourdes Santiago Negrón. Los senadores ausentes fueron Nitza Morán Trinidad y Wilmer Reyes Berríos.
A favor de la medida votaron: Jamie Barlucea Rodríguez, Luis Colón La Santa, Marially González Huertas, Héctor González López, Luis Hernández Ortiz, Marissa Jiménez Santoni, Gregorio Matías Rosario, Juan Oscar Morales, Migdalia Padilla Alvelo, Brenda Pérez Soto, Carmelo Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Karen Román Rodríguez, Jeison Rosa Ramos, Héctor Sánchez Álvarez, José Santiago Rivera, Rafael Santos Ortiz, Roxanna Soto Aguilú, Wanda Soto Tolentino y Ángel Toledo López.
El PC 430 permanece en evaluación en la Comisión de Gobierno de la Cámara, según OSL.
Aunque no han sido convocadas vistas públicas ni se ha solicitado un memorial a la Red, las organizaciones entregarán uno por iniciativa propia para que su postura quede registrada oficialmente.
La Red Nacional de Albergues de Violencia de Género está integrada por: Casa Protegida Julia de Burgos, Casa de la Bondad, Hogar La Piedad, Casa de Todos, Hogar Nueva Mujer, CAPROMUNI 1 y 2 y Hogar Ruth.