El Departamento de Educación notificó el pasado 19 de mayo a proveedores de terapias por remedio provisional a estudiantes de Educación Especial que harán un nuevo recorte a las tarifas en los pagos que reciben por brindar este servicio.
Entre el grupo de proveedores se encuentran profesionales de psicología, terapia física, terapia ocupacional, patología del habla y el lenguaje, entre otros. La institución aclara que esta nueva reducción se debe a instrucciones de la Junta de Control Fiscal en la que se les requiere hacer un análisis de las tarifas a partir de una comparación con los servicios que ofrece Medicare y otras aseguradoras. Terapistas han hecho sus reclamos de que no hay comparación entre esos servicios y los que se ofrecen por remedio provisional, pues este es un servicio enfocado en la educación, con tratamiento individualizado que tiene como principal propósito la calidad de las terapias.
Una lucha de décadas
La lucha por la inclusión y la garantía de servicios educativos dignos para estudiantes de educación especial es una de cuarenta años. Sobre este particular, Carmen Warren, portavoz del Comité Timón del pleito de clase Rosa Lydia Vélez, recuerda que el remedio provisional fue una victoria de la lucha en los tribunales.
“Este remedio surgió como una alternativa de servicios inmediatos para poder impactar al estudiante de Educación especial que tiene recomendada una evaluación y terapias, y el Departamento de Educación no tiene el servicio disponible, por lo que viene obligado a costearlo”.
Warren afirma que lo que establece la orden del tribunal es que el costo debe ser la tarifa que normalmente cobra el profesional. Aclara que este remedio es uno de avanzada, ya que no existe en otra jurisdicción, solo en Puerto Rico.
Sin embargo, luego del 2010, durante la administración de Luis Fortuño y la secretaria de Educación Especial de aquel entonces, Joan Serrano, comenzaron una serie de reclamos de parte de la administración que aludía a que los servicios para esta población estudiantil eran muy costosos. Warren recuerda que durante el 2016, durante la administración de Alejandro García Padilla, también hubo reducciones en la cantidad del pago de las tarifas de quienes proveen estos servicios. Por otro lado, comenta que “hay una desigualdad en el pago a las terapistas en el Departamento de Educación, quienes en su mayoría también son mujeres solas, jefas de familia”.
Otro asunto que le preocupa a Warren es la creación de terapias grupales, que originalmente no se contemplaban en el diseño del remedio provisional, a menos que así lo necesitara el o la estudiante.
“Este remedio estaba enfocado en la calidad del servicio. No se supone que se den terapias grupales nunca. Esto ha sido una forma en que las corporaciones privadas han llegado al Departamento de Educación para generar más dinero mientras tienen varios estudiantes en una misma terapia, pero no hay verdadera calidad ni progreso en el servicio que reciben. El problema con esto es que muchos padres y madres aceptan estos servicios porque lo prefieren a tener que quedarse sin terapias para sus hijos”.
Otro golpe a la educación
Para la patóloga del habla y lenguaje Glorimar Román Beltrán, este es otro atentado a la dignidad y el acceso que requieren la población de estudiantes de Educación Especial a terapias de calidad.
“Los niños y las niñas del Departamento de Educación han sido afectados durante décadas, entre huracanes, cierres de escuelas, terremotos y ahora la pandemia. El derecho de recibir los servicios relacionados, entiéndase evaluaciones y terapias es fundamental para su desempeño académico, social y de salud”.
Román Beltrán explicó que este remedio es esencial porque “con cada evaluación que se realiza, se establece un programa educativo individualizado donde se colocan las necesidades específicas de cada niño o niña como prioridad para que haya verdadero progreso”.
Para la especialista en alimentación y disfagia “es imperativo darles todas las herramientas para que se desarrollen en sus áreas de preferencia y brindarle la ayuda necesaria para que comprendan que no importa su diversidad o limitación, siempre hay y habrá espacio para ellos. Limitarles este servicio es comunicarles lo contrario”.
También, denunció las condiciones laborales en que el Departamento de Educación les mantiene bajo el renglón de servicios profesionales.
“Los especialistas que brindamos servicios de remedio provisional y no estamos incorporados, somos contratados por servicios profesionales. Eso significa que no tenemos beneficios laborales, establecemos nuestros planes de retiro, pagamos Seguro social y se nos descuenta 10% de cada cheque, otra cantidad con la que el estado se queda. El Departamento de Educación tiene 30 días para pagar por los servicios que prestamos y nunca cumplen con ese plazo. Por otro lado, las corporaciones que subcontratan especialistas de cada área deben pagar gastos operacionales, nóminas, entre otros. Con esta reducción en tarifas, las corporaciones pequeñas quedarían inoperantes y esto aumentaría lo que lleva sucediendo hace mucho tiempo, la fuga de especialistas dejando a nuestros niños desprovistos de estos servicios con los que el Departamento de Educación claramente no cuenta”.
Más obstáculos
Por su parte, Carmen Warren teme que estas reducciones aumenten las desventajas que ya de por sí tienen estudiantes de Educación Especial, quienes en su mayoría están bajo el cuidado de madres solas que son jefas de familia. Mujeres que se han echado encima la responsabilidad de reclamar visibilidad y que se atienda con respeto y dignidad las necesidades de sus hijos e hijas. Otro grupo que menciona Warren es el de las abuelas y los abuelos que también asumen el cuidado y la crianza.
“Es muy lamentable y penosa la consistente voluntad del Departamento de Educación en atacar o asumir con negligencia los servicios dignos que merecen los estudiantes de educación especial”.
Warren señala que esta población ocupa 1/3 de la totalidad de estudiantes en el sistema público de enseñanza.
“Aquí nuestro reclamo es un detente a las acciones que está haciendo el Departamento de Educación a través de esa presión a los proveedores de servicios, pero nuestra principal razón para oponernos tiene que ver con el servicio adecuado que merecen recibir nuestros niños. Somos solidarios con los profesionales y entendemos que también deben dar su lucha. Sin embargo, recalcamos nuestra postura en que si alguno acepta las tarifas del Departamento de Educación para bajarle la calidad a los servicios, también lo repudiaremos porque las víctimas de estos procesos siempre son las mismas, nuestros niños y nosotros trabajamos a favor de ellos, aún a veces hasta en contra de sus propios padres y madres. En la medida en que el país no decida defender a los estudiantes, no decida defender la Autoridad de Energía Eléctrica, no decida defender a la Universidad, no decida defender nuestras tierras y recursos naturales, no habrá salida posible”.
Si como madre o padre, tienes alguna situación con los servicios, puedes comunicarte a través de las siguientes vías:
Facebook – Comité Timón de pleito de clase de Educación Especial
787 – 765 – 8513
787 – 765 – 8797