La organización de derechos humanos Amnistía Internacional Puerto Rico (AIPR) hizo un llamado a la gobernadora Jenniffer González Colón para que garantice el acceso a servicios públicos esenciales —como salud, educación, alimentación, justicia, protección legal e ingreso económico— a todas las personas migrantes, sin importar su estatus migratorio.
El pronunciamiento surgió ante el incremento de operativos migratorios en el archipiélago, especialmente desde enero de 2025, cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha detenido al menos a 568 personas, en su mayoría de origen dominicano.
“La gobernadora Jenniffer González Colón debe ponerse del lado de la dignidad humana. No puede haber complicidad ni colaboración con políticas que han demostrado ser crueles y arbitrarias en Estados Unidos, y que ahora desgarran a las comunidades y barrios trabajadores de Puerto Rico”, afirmó, por medio de un comunicado de prensa, Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas.
La organización denunció que, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Puerto Rico ha experimentado detenciones migratorias marcadas por prácticas como el perfilamiento racial, detenciones arbitrarias y operativos en comunidades trabajadoras.
“Las detenciones han provocado la separación de familias y, en algunos casos, han incluido a personas con documentación válida para permanecer en Puerto Rico”, señala el comunicado de prensa.
El documento también advierte sobre la falta de información disponible tras las detenciones y denuncia que muchas personas son presionadas a aceptar la “deportación voluntaria” ante el temor.
Asimismo, señala que este clima de miedo ha desencadenado en víctimas de violencia de género que desisten de presentar sus denuncias, ausentismo escolar y laboral, y hasta la muerte de Antonio Báez, quien presuntamente falleció tratando de evitar un operativo de las autoridades federales.
Piden actuar con respeto a los derechos humanos
AIPR criticó también la falta de acción por parte de la gobernadora, cuya postura ha sido percibida como indiferente ante estas violaciones de derechos humanos.
En junio de este año, la administración de González Colón enfrentó cuestionamientos por entregar información sobre migrantes sin estatus migratorio definido al ICE. Estos datos formaban parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), una agencia que, desde 2013 en cumplimiento con la Ley 97, permite que migrantes sin estatus migratorio definido obtengan su licencia de conducir.
Este intercambio de información entre ICE y DTOP fue justificado por las autoridades gubernamentales como un cumplimiento obligatorio para “asegurar que Puerto Rico mantenga el acceso a todos los fondos federales que Puerto Rico recibe”.
Ante esta situación, AIPRl exigió que el gobierno de Puerto Rico: asegure el acceso a servicios públicos sin discriminación; agote todos los recursos legales, administrativos y presupuestarios para garantizar los derechos de las personas migrantes; se abstenga de colaborar con ICE o de facilitar información que ponga en riesgo a las comunidades migrantes; y establezca “barreras cortafuego” que impidan la realización de operativos migratorios en escuelas, hospitales, cortes, iglesias u otros espacios esenciales.
“Todas las autoridades estatales de Puerto Rico deben desistir de todo intento de formalizar la colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y con las políticas migratorias de Estados Unidos. Por el contrario, deben establecerse barreras de cortafuego para asegurar que ninguna información bajo resguardo del gobierno local sea usada en contra de las personas migrantes”, enfatizó Liza Gallardo, directora de AIPR.
Amnistía Internacional, a nivel de Estados Unidos, ha documentado irregularidades en estos operativos que incluyen arrestos sin orden judicial, falta de acceso a representación legal, detención de personas con documentación válida, y separación familiar.
La organización reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos en el país y anunció que continuará monitoreando la situación junto al Frente de organizaciones de la sociedad civil en contra de las políticas migratorias del gobierno estadounidense.