No es una “cacería de brujas” contra hombres de la academia. Tampoco representa una afrenta contra la libertad de cátedra y los ejercicios de libre expresión en y fuera del aula. Más bien, se trata de renovados esfuerzos por combatir aquellas prácticas en las cuales profesores utilizan su posición de poder para hacer – de forma presencial, telefónica o cibernética – acercamientos indebidos a sus estudiantes, ya sea en el plano sexual, el ámbito emocional, o una combinación de ambos.
Tras el anuncio de la radicación de la Resolución del Senado 919, de la senadora Zoé Laboy Alvarado, no han sido pocos los comentarios que cuestionan la necesidad de esta pesquisa legislativa dirigida a investigar alegaciones recientes de casos de acoso sexual de profesores hacia estudiantes (principalmente mujeres) en diferentes unidades del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR).